Del 8 al 10 de noviembre de 2004, se realizó en Bogotá el Tercer Seminario CODHES “Respuestas Institucionales y Sociales al Desplazamiento Forzado en Colombia”, con asistencia de aproximadamente 500 personas provenientes de 17 departamentos y 7 países. Se destacó la presencia de académicos extranjeros y nacionales, funcionarios gubernamentales y de organismos internacionales, organizaciones de desplazados y, en particular, de indígenas desplazados.

 

Siendo éste el tercer seminario que realiza Codhes, se constata que el fenómeno del desplazamiento forzado por razones del conflicto armado, si bien ha disminuido en algunas regiones, se ha intensificado en otras; que la guerra y los cultivos ilícitos se han desplazado hacia las selvas y regiones fronterizas; que hay comunidades sometidas al confinamiento forzado; que la política de seguridad democrática basada en el componente militar, las fumigaciones, las detenciones masivas, el Plan Patriota, el Plan Colombia, está agravando la situación en muchos territorios de nuestro país, con incidencias en países vecinos; que la atención a la problemática del desplazamiento y a la crisis humanitaria que afecta a nuestro país, está siendo cada vez más insuficiente. La visión emanada del Seminario sobre la problemática del conflicto armado y de las políticas para confrontarlo, contrasta con la imagen que el gobierno y los medios de comunicación difunden acerca de la sensación de seguridad que se experimenta en las capitales y principales carreteras del país.  

 

Las ponencias de los invitados internacionales y de los académicos contribuyen a un mayor entendimiento del fenómeno del desplazamiento y de otras dinámicas asociadas al conflicto armado, como son las múltiples formas de resistencia que están oponiendo las comunidades, el refugio de colombianos en otros países y el confinamiento de comunidades bloqueadas por uno u otro de los actores armados o cogidas en medio de acciones bélicas, las cuales ni siquiera cuentan con la alternativa de salir de su territorio.

 

La política de seguridad democrática en las regiones fronterizas o otros territorios lejanos hacia donde se ha desplazado el conflicto armado, lejos de contribuir a la seguridad de la población, ha producido mucha más violencia y violaciones de derechos humanos, no solo por acciones bélicas sino por asesinatos selectivos, detenciones masivas, secuestros, etc., todo lo cual redunda en incremento de los desplazamientos de población hacia las capitales departamentales y hacia los países vecinos en busca de refugio.

 

Mientras los  gobiernos hablan de abrir las fronteras para la integración económica mediante proyectos de interconexión vial, eléctrica, gasífera y petrolera, las fronteras se cierran militarmente tratando de contener el conflicto colombiano y los efectos de las fumigaciones y del narcotráfico. Las víctimas son rechazadas o repatriadas, negándoseles el derecho al asilo, al refugio y a la protección establecida en los convenios y acuerdos internacionales. Crece la estigmatización, la desconfianza y el rechazo contra los colombianos porque son vistos como guerrilleros, ladrones, violentos que llegan a quitarle posibilidades de empleo a los nacionales de esos países. El propio presidente de la República, con su obsesión por reducir todo el problema a la categoría de “terrorismo”, ha contribuido a incrementar la prevención contra los colombianos que se han visto forzados a atravesar las fronteras. Son miles de colombianos que están viviendo de incógnitos en los países vecinos, muchos de ellos sin documentos de identidad, totalmente desprotegidos y expuestos a cualquier tipo de atropellos. Ese drama humano permanece silenciado y, por consiguiente sin respuesta de los Estados y casi ni de los organismos internacionales. Colombia tiene una política y una normatividad (ley 387/97) sobre el fenómeno del Desplazamiento Forzado al interior del país, pero no hay una política, ni voluntad gubernamental, ni siquiera un reconocimiento de las dramáticas dimensiones del fenómeno del refugio.

 

Los mismo puede decirse del fenómeno del confinamiento forzado al que están siendo sometidas muchas comunidades cogidas en medio de los combates, sometidas al control y abusos de uno u otro de los actores armados, impedidas de llegar a los pueblos por el peligro de los paramilitares o de que los detengan las autoridades, o que a los jóvenes los reclute cualquiera de los bandos. Lo más dramático de esta situación es que generalmente se trata de comunidades muy vulnerables por ser comunidades muy pequeñas, aisladas, sin organizaciones fuertes, sin capacidad de denuncia ni de oponer resistencia. Tampoco hay una política para ellos, ni siquiera suficiente conocimiento ni mucho menos sensibilización acerca de este fenómeno.

 

El seminario de Codhes contribuyó a sacar a la luz los fenómenos mencionados, a avanzar en su conceptualización y en la búsqueda de mecanismos prácticos de acción. Destacó algunas respuestas y experiencias valiosas, aportando ejemplos y referentes de otros países. Aportó una mirada crítica de las respuestas gubernamentales y de la cooperación internacional. Relevó al papel de las ONG de derechos humanos y de las organizaciones sociales que han sido capaces de sostenerse en medio de un ambiente tan hostil como el que ha promovido el propio presidente de la república.

 

En medio de la crisis humanitaria y de los peligros que enfrentan las organizaciones de derechos humanos, el seminario aportó muchas luces de esperanza hacia soluciones basadas en la verdad, la justicia y la reparación, de lo cual parece que ya no podrán escaparse los gobiernos, las guerrillas ni los paramilitares. Los derechos constitucionales y legales, lo mismo que las instancias jurídicas internacionales tienden a imponerse, aunque a paso lento y tardío. Los desplazados y demás víctimas del conflicto armado se están viendo a sí mismos como sujetos de derechos, no simplemente como personas desvalidas en busca de ayuda humanitaria. Al final del seminario manifestaron su interés para que se realice un taller nacional de desplazados y para que el gobierno cite un consejo comunitario para ver qué les responde el presidente.

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