Las organizaciones indígenas regionales que hacen parte de la Macro Región del Occidente colombiano, reunidas en Cali durante los días 15 al 17 de agosto de 2005 analizaron el tema de las negociaciones que adelanta el gobierno colombiano con los Estados Unidos para la firma del Tratado de Libre Comercio. Afirmaron que no han sido consultadas al respecto y reiteraron su determinación de no renunciar a sus modelos de desarrollo colectivo, a sus planes de vida e identidad, ni a la construcción de un Estado realmente democrático.

 

“La idea promovida por el gobierno en el sentido que los pueblos indígenas estamos siendo consultados frente a las negociaciones del TLC, constituye una clara manipulación de la información y una tergiversación de nuestra voluntad de diálogo”, dice un pronunciamiento, que llama a la ONIC para que distancie de los espacios convocados y establecidos por el gobierno hasta que los pueblos indígenas del país definan un plan de participación real y efectiva o su distanciamiento del proceso.

 

Frente al TLC, consideraron:

 

Que el gobierno colombiano viene promoviendo ante la opinión pública nacional e internacional, la idea que los pueblos indígenas estamos siendo consultados frente a las negociaciones del TLC.

 

Que las organizaciones indígenas hemos sido invitadas a reuniones y espacios del proceso del TLC

 

Que hay una insistencia institucional por considerar que los argumentos en contra del TLC por parte de los indígenas se hacen por falta de conocimiento del tratado, o por información errónea dada por los opositores del TLC,

 

Que persisten las expresiones de los voceros del gobierno en el sentido que el Tratado no afectará los derechos ni los territorios de los pueblos indígenas, o que en el documento propuesta del gobierno colombiano incluye algunos puntos de reserva sobre los derechos étnicos, mientras la realidad muestra un desarrollo legislativo que se adecua a las necesidades de implementación del tratado. En este contexto se enmarcan proyectos de ley como las de Páramos, forestal, aguas, los cuales lesionan los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente. Así mismo las políticas de seguridad democrática y la militarización del territorio nacional.

 

Que desde la certeza que los procesos de firma de tratados comerciales no son nuevos, nos asiste el conocimiento que su implementación en el marco de los modelos de desarrollo y crecimiento económico han afectado de forma negativa la vida de los pueblos indígenas y del pueblo colombiano en general.

 

Que los enfoques del tratado se sustentan en la iniciativa privada e individual y desconocen la dinámicas y prácticas colectivas que distinguen la vida de los pueblos indígenas. Además los procesos jurídicos se dirimen en tribunales de arbitramento de carácter privado cuyo referente es el comercio y no la justicia social ni el reconocimiento a los derechos fundamentales e históricos de los pueblos indígenas.

 

Que es clara la voluntad de la ONIC de socializar con las regionales indígenas el estado y contenido del tratado de libre comercio que adelanta el gobierno colombiano con el de los Estados Unidos.

 

En consecuencia manifiestan:

 

Que la idea promovida por el gobierno en el sentido que los pueblos indígenas estamos siendo consultados frente a las negociaciones del TLC, constituye una clara manipulación de la información y una tergiversación de nuestra voluntad de diálogo. La consulta y la participación son derechos vinculantes y no procedimientos o trámites formales que buscan legitimar intereses diferentes a las necesidades de los pueblos.

 

Que si bien es cierto las organizaciones indígenas hemos manifestado nuestra intención de que los tratados que afectan la vida de los pueblos sean consultados con cada uno de ellos, es importante aclarar que nuestra asistencia a diversos espacios convocados por el gobierno nacional no constituye participación en la negociación del TLC, mucho menos consulta o aprobación a este proceso.

 

Nuestra decisión, como macro región occidente, de llamar a la ONIC a que distancie su presencia de los espacios convocados y establecidos por el gobierno, como el “cuarto de al lado”, hasta tanto los pueblos indígenas del país definan un plan de participación real y efectiva o su distanciamiento del proceso. Lo anterior no implica suspender los espacios de información a las macrorregionales ni la convocatoria a un taller nacional que nos permita profundizar de manera autónoma respecto del tema.

 

Nuestro rechazo a las declaraciones discriminatorias de los funcionarios del Estado colombiano, que se niegan a considerar los puntos de vista de los pueblos indígenas de forma sería y argumentan que son producto del desconocimiento o de la influencia de opositores del gobierno, siendo nuestra consideración que ello es otra forma de discriminación que limita la confrontación sana de las ideas, y viola ostensiblemente el principio democrático y de la igualdad real, fundamentos de la Nación colombiana.

 

Nuestra determinación de no renunciar a nuestros modelos de desarrollo colectivo, a nuestros planes de vida y al fortalecimiento de la identidad y a la construcción de un Estado realmente democrático en donde sea posible la vida digna y la participación. Las evidencias históricas y la realidad cotidiana de la sociedad y en particular de los pueblos indígenas demuestran que con el modelo actual no es posible.

 

Los pueblos indígenas somos concientes de la necesidad de establecer relaciones de intercambio siempre y cuando respondan a las necesidades y aspiraciones de los pueblos y contribuyan a fortalecer nuestros planes de vida y la vida digna de los colombianos

 

Recordar que los pueblos indígenas, en ejercicio de nuestra autonomía, venimos realizando, en unidad con otros sectores de la sociedad, consultas frente al TLC y en tal sentido reiteramos nuestra exigencia, al gobierno nacional, de convocar una consulta  popular, a todo el pueblo colombiano, que defina los procedimientos y contenidos para la negociación de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos o con otros estados del mundo.

 

Los pueblos indígenas de Colombia, en la búsqueda de la armonía y el equilibrio, pensamos que los tratados justos  deben responder a las necesidades de sus gentes promoviendo y posibilitando que los países con economías débiles se fortalezcan y no a que los poderosos aumenten su hegemonía.

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