Según Ati Quigua, Concejala indígena arhuaca inspiradora de la propuesta, "con esta iniciativa se hará efectiva la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos diferenciales de estos grupos en las decisiones de la sociedad mayoritaria y sus instituciones político jurídicas, como de neutralizar las desventajas que afectan a las minorías étnicas en contextos urbanos y protejer su patrimonio cultural, para brindar solución a sus problemas".
"Amparar los derechos de una comunidad que ha padecido siglos de segregación y discriminación, reivindicando su carácter de indígena y su condición de descendientes de los habitantes ancestrales de este territorio, los muiscas, debe ser realidad"; dijo la concejala.
Hoy, dicha segregación se ha visto rerforzada por la situación que viven los indígenas de distintos pueblos que han llegado a la ciudad, víctimas del desplazamiento forzoso producido por el conflicto armado interno en los territorios ancestrales, o por la migración forzada que produce el hambre y la falta de condiciones de vida en las zonas rurales.
Estos migrantes y desplazados forzados, no encuentran en la ciudad posibilidades para desarrollar un proyecto de vida digno ni con identidad, lo que ocuasiona la pérdida de su cultura, de sus lenguas maternas, lo que conduce al desarraigo y la marginalidad social.
De ser aprobada esta política pública en Bogotá, seguramente tendrá efectos multiplicadors y de réplica en muchos otros lugares del Colombia. Según Ati Quigua, "sería un claro ejemplo para el Congreso de la República y los concejos municipales se empeñen en formular iniciativas que garanticen los derechos de los 82 pueblos indígenas que existen en el país, de manera que sea posible neutralizar las desventajas y atropellos a las que están sometidas estas comunidades".
