Foto Luis Carlos Osorio R. Archivo Actualidad Etnica
La Corte Constitucional colombiana citó a audiencia pública a varias entidades del Gobierno Nacional para que respondan ante el máximo organismo de control constitucional sobre el cumplimiento de la sentencia T-025 y una serie de autos, los cuales buscaban proteger al menos a 34 pueblos indígenas, al decir de la Corte, en peligro de extinción.
La nota de prensa difundida por Colprensa, da cuenta de la preocupación de La Corte por la grave situación en que se mantienen estos pueblos, a pesar del requerimiento hecho al gobierno nacional para que desarrolle los programas y las políticas publicas necesarias para superar la grave situación, en ocasiones de crisis humanitaria, que aqueja a estas comunidades.
Muchas de estas poblaciones han sido sometidas al desplazamiento forzado, otras veces al confinamiento en sus propios territorios y en muchas ocasiones, a la ocupación de sus territorios por actores armados, incluidas las fuerzas estatales en algunas ocasiones, según han denunciado los indígenas.
Esta preocupante situación, llevó a la Corte Constitucional a citar al gobierno colombiano, representado en todas las entidades que tienen la competencia para intervenir en esta situación, a una audiencia pública para el próximo 12 de agosto.
“Allí, todos los Ministerios, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Unidad de Víctimas, la Unidad de Tierras, el Departamento Nacional de Planeación, el Programa de Acción Integral Contra Minas Antipersonas, el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros deberán dar cuenta de los avances en materia de salvaguarda de los derechos de las comunidades indígenas”, señala la nota periodística.
La Corte, según Colprensa, también citó a “los gobernadores de Arauca, Chocó, Nariño Putumayo, Meta, Guaviare, Risaralda, Quindío y Caldas y los alcaldes de Tumaco, Nariño, y San José del Guaviare, Guaviare, “territorios donde pese a la intervención de la Corte, a través de la exigencia de medidas urgentes de atención y protección, la crisis humanitaria de las comunidades y pueblos indígenas desplazados se torna cada vez más grave”.
A la sesión deberán acudir además el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, la Contralora General de la República, Sandra Morelli, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora; y el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, para que presenten un informe consolidado y detallado sobre las medidas para solventar la “aguda crisis humanitaria” y para evitar la impunidad de los crímenes de los que han sido víctimas”.
Líderes indígenas consultados, ven positivo el interés de la Corte en requerir a las entidades del gobierno, aunque, dicen una fuente que no quiso que se publicara su nombre, “las audiencias no han servido para que el gobierno asuma responsablemente sus compromisos, y los organismos de control, como la procuraduría, resultan complacientes con la negligencia gubernamental”.
Los representantes las organizaciones indígenas, así como los voceros de los 34 pueblos indígenas serán escuchados en la audiencia; también participarán representantes de organizaciones internacionales que velan por los derechos indígenas como el Consejo Noruego para los Refugiados y a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR.
Por ultimo, reseña la nota, “La Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, que estableció una serie de cosas inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado interno, resaltó los riesgos en los que están los comunidades indígenas y sus líderes por amenazas, enfrentamientos armados y señalamientos sobre supuestos apoyos a grupos ilegales. Todo esto se traduce, dice la Corte, en inseguridad alimentaria, enfermedades, pérdida de sus prácticas tradicionales, entre otros”.
Apartes del Artículo se apoyó en diversas fuentes de prensa, principalmente COLPRENSA
