Redacción SIEC- Actualidad Étnica. Septiembre 06/2013. Los delegados indígenas de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas de Colombia - ONIC, -OPIAC, CIT, AICO y Autoridades Tradicionales-Gobierno Mayor; exigieron del Presidente Juan Manuel Santos, cumplir con la Constitución Política de Colombia, la Ley y los acuerdos suscritos en relación con los Pueblos Indígenas de Colombia.
Los indígenas responsabilizaron al gobierno del presidente Santos, por el incumplimiento de los compromisos con los Pueblos Indígenas. “Después de más de tres años de diálogo político, manteniendo la palabra y la concertación, y que el gobierno del presidente Santos señalara que no quería “acuerdos de carretera”, la realidad que hoy vemos en el país es otra”, señalan los indígenas en un pronunciamiento público.
Agregan que “lo que hemos recibido de altos funcionarios del gobierno nacional y el propio Presidente de la República, son pronunciamientos discriminatorios frente a los Pueblos Indígenas de Colombia, contra el Derecho Mayor, el Derecho Propio y nuestra Ley de Origen, contra el derecho fundamental a la Consulta Previa y señalamientos de ser “el palo en la rueda” del desarrollo del país”.
Los indígenas exigieron del gobierno “el cumplimiento de la Ley 1450 de 2011, del Plan Nacional de Desarrollo, en el anexo concerniente a los Pueblos Indígenas, los decretos ley concertados con el gobierno –Dec. 4633 de 2011-, el CONPES a que hace referencia el PND y los acuerdos suscritos en el espacio de la MPC, entre otros.
Su propuesta al gobierno para que cumpla con los compromisos pactados debe hacerse con la implementación de un PLAN DE CHOQUE. Para este Plan, el gobierno debería destinar al menos un billón de pesos de manera excepcional, sin que esto afecte los recursos ordinarios que obligatoriamente el Estado debe destinar para cumplir con los compromisos desprendidos de los fallos de las Cortes de Justicia.
Los indígenas exigieron asimismo la entrega inmediata de la administración de los recursos del Sistema General de Participación y los demás sistemas propios que se vienen trabajando con los Pueblos Indígenas y sus autoridades, principalmente los destinados para Salud y Educación.
Los indígenas rechazaron el concepto del Consejo de Estado, así como las rutas propuestas por el gobierno nacional, porque abiertamente obstruyen “el cumplimiento de la Constitución y las leyes, en especial el Artículo 56 transitorio de la CP, vigente a la fecha, dado que la Ley 1454 de 2011 omitió de manera ABSOLUTA un desarrollo directo de las Entidades Territoriales Indígenas (Sentencia C – 489 – 12 del 27 de Junio de 2012, Corte Constitucional)”.
Le recuerdan los indígenas al gobierno de Santos, que su compromiso “fue entregar la administración de dichos sistemas a los Pueblos Indígenas, y hoy no se avizora voluntad política para cumplir con dicho cometido”.
Con relación al Paro Agrario Nacional y que ha involucrado la participación de comunidades indígenas en varias regiones del país, los Indígenas declararon que “no renuncian a su derecho inalienable a la movilización social, más cuando sus derechos son vulnerados por el Estado y sus acuerdos incumplidos por el Gobierno Nacional”, al tiempo que enfatizaron en su voluntad política “para que los temas estructurales y la garantía de los derechos de los Pueblos Indígenas se resuelvan por la vía política”.
Finalmente el documento de la Mesa Permanente de Concertación Indígena concluye que “hasta tanto no se adopten las medidas conducentes y necesarias para cumplir con la ley y los acuerdos concertados…, suspenden la interlocución política con el gobierno, hasta que se de una respuesta positiva por parte del presidente de la república”.
