Manifiesta a la opinión pública nacional e internacional, al actual gobierno colombiano y a las organizaciones sociales su absoluto rechazo a la aprobación del estatuto antiterrorista del gobierno Uribe.

Sin mayor discusión y a pupitrazo limpio fue votado este estatuto que recorta mucho más las ya de por si limitadas libertades democráticas en nuestro país. Este nuevo instrumento lejos de garantizar la seguridad del pueblo colombiano se constituye en un nuevo riesgo para toda persona que se atreva a pensar diferente del esquemático vigilantismo en el que nos ha sumergido la política de seguridad democrática de Uribe. Significa que la libertad de opinión cada vez se restringe con mayor descaro, y que jurídicamente se esta preparando el terreno para la criminalización de la movilización popular.

Contrario a lo que han expresado los funcionarios del gobierno Uribe, el estatuto antiterrorista no busca conjurar el conflicto armado sino que se propone escalar mucho más la guerra bajo la impunidad y el acallamiento del pueblo colombiano. El desespero presidencial por que sus fuerzas militares muestren resultados positivos en la guerra no puede convertir al pueblo colombiano en chivo expiatorio de su régimen autoritario. La facultad para allanar residencias, para interceptar correos, líneas telefónicas, para realizar detenciones sin orden judicial solo buscan controlar a su antojo al conjunto de la población y garantizar que su política de recortes a las garantías sociales y su esquema guerrerista no tenga respuestas por parte del movimiento social y del pueblo en general.

El pueblo Embera Katío del Alto Sinú ve con profunda preocupación la aprobación de este estatuto que además de violar toda la normatividad y convenios internacionales en materia de garantías fundamentales y derechos humanos aumenta la vulnerabilidad de las minorías étnicas. Paradójicamente mientras en el mundo se celebraba el día internacional de los Derechos Humanos, el gobierno Uribe junto a senadores antidemocráticos aprueba un estatuto en detrimentos de estos derechos.

Convocamos a todas las organizaciones indígenas y al conjunto del movimiento social a aunar esfuerzos en el rechazo de este nuevo ultraje a las libertades de los colombianos y a no renunciar a la tarea de unir solidaridades.

Tierralta, diciembre 14 de 2003

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