Después de confirmar el secuestro y desaparición de nuestro gobernador OVIDIO DOMICO GARCÍA, en el día de ayer procedimos a hacer la respectiva denuncia pública, a informar a las autoridades locales, regionales y nacionales y a adelantar gestiones ante organizaciones de derechos humanos, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos humanos, el delegado de la OEA para la verificación del proceso de paz entre los paramilitares y el estado colombiano. Como resultado de estas gestiones, las Autodefensas Unidas de Colombia establecieron conversación telefónica con la Defensoría Regional de Córdoba atribuyéndose el secuestro (pues entendemos que toda retención forzosa se constituye en secuestro) de nuestro gobernador bajo la falsa acusación de ser colaborador de la guerrilla.
En esa misma conversación manifestaron estar dispuestos a devolvernos a nuestro compañero en presencia de una comisión humanitaria encabezada por la defensoría regional de Córdoba y siempre y cuando el Cabildo Mayor también hiciera presencia en el acto de devolución. Este último condicionamiento además de violar la autonomía reconocida a los pueblos indígenas por el estado colombiano y por acuerdos y convenios internacionales, es un elemento de coacción que de antemano se convierte en un obstáculo para nuestra presencia en dicha devolución y que puede tener graves repercusiones para la integridad de nuestros líderes, gobernadores, y pueblo en general.
A tan sólo una semana de cumplirse un año más de la desaparición de nuestro hermano KIMY PERNIA DOMICO a manos del paramilitarismo ocurrida el 2 de junio de 2001, este nuevo hecho demuestra el ultraje de los grupos paramilitares hacia nuestro pueblo y la falta de voluntad y seriedad de estos grupos en cumplir los compromisos adquiridos en el 2001 con nuestro pueblo y en el actual proceso de negociaciones con el estado y el pueblo colombiano. En el 2001, las Autodefensas Unidas de Colombia se comprometieron con nuestro pueblo a no realizar ninguna acción en contra nuestra y que en todo caso respetarían la aplicación de la justicia propia Embera sin tomar justicia por su propia mano y cuenta. De la misma forma desde el año pasado en el marco de las negociaciones con el estado colombiano las AUC suscribieron un acuerdo y manifestaron públicamente el cese de toda acción armada, hostigamiento y hostilidades hacia la población civil. El secuestro de nuestro gobernador, sin mencionar los demás hechos de violación a este acuerdo ocurridos en el territorio colombiano, en especial en contra de los pueblos indígenas, deben llevar a un replanteamiento y revisión de los alcances de dicho proceso de negociación, al establecimiento de garantías y mecanismos de protección sobre la población civil y a un efectivo proceso de verificación y veeduría sobre la zona de ubicación, encaminados a que dicho proceso cumpla con los objetivos de reparación, verdad y justicia.
Esta reciente violación a nuestros derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos por parte de los paramilitares es una nueva voz de alerta que demuestra al gobierno colombiano lo grave y erróneo de una política de perdón y olvido que además de desconocer los principios de reparación, justicia y verdad que deben caracterizar a todo proceso de esta naturaleza genera incertidumbres, desconfianzas, temor y sobre todo lo acercan peligrosamente a la esfera de la impunidad que ha hecho tanto o mayor daño a los colombianos que la misma violación de los derechos humanos.
Hoy justamente cuando el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo visita el municipio de Tierralta para ultimar detalles sobre la zona de ubicación paramilitar, el pueblo êbêra exige al gobierno colombiano y a su alto comisionado, una exposición pública amplia y suficiente de los acuerdos que hasta el momento ha suscrito con las AUC, una aclaración pública sobre los incumplimientos de los paramilitares y un compromiso verdadero para garantizar el cese de las hostilidades por parte del paramilitarismo hacia el pueblo colombiano y en especial para los grupos más vulnerables. El silencio y la desidia del gobierno colombiano frente a estos hechos no puede ser interpretado sino como una permisividad y legitimación de acciones de lesa humanidad.
Exigimos al Comisionado el esclarecimiento inmediato de la desaparición de nuestro compañero Ovidio Domicó y le responsabilizamos de cualquier atentado contra su vida. De igual forma responsabilizamos al estado colombiano por futuras acciones que puedan realizar estos grupos en contra de nuestro pueblo, de sus asesores, lideres, gobernadores y la organización.
Exigimos al gobierno nacional, al presidente Alvaro Uribe, al vicepresidente Francisco Santos, al Ministerio del Interior el cumplimiento inmediato de los compromisos adquiridos por las AUC de cesar toda hostilidad y respetar a la población civil, instamos a la Iglesia colombiana como mediadora del proceso de paz y al Secretario General de la OEA, César Gaviria Trujillo como veedor del mismo, requerir al estado colombiano ofrecer las garantías suficientes para nuestro pueblo y establecer responsabilidades inmediatas acerca de estas violaciones y tomar las medidas pertinentes.
Manifestamos especial preocupación sobre la misión del gobierno nacional de hacer efectivas las medidas cautelares que la CIDH demandó para el pueblo êbêra y por lo mismo exigimos acciones concretas de la Comisión Mixta para garantizar efectivamente la protección de los derechos del pueblo indígena êbêra.
Los Cabildos Mayores de Río Sinú y Río Verde manifestamos nuestra preocupación de que acciones de este tipo se repitan ni agudicen en el futuro cercano ya que no existe ninguna garantía de este proceso para con la población civil.
