La situación actual de extrema polarización social, se caracteriza por la descalificación del otro que impide reconocernos mutuamente como interlocutores democráticos efectivos, solidarios y racionales, reconociendo como válidas nuestras diferencias culturales. Al mismo tiempo por parte del sector gubernamental, hay una ausencia de evaluación autocrítica y disposición al diálogo que permita construir relaciones de convivencia pacífica y con acuerdo al derecho.
El conflicto amazónico tiene una dimensión cultural que ha sido invisibilizada por los procedimientos gubernamentales, y que se caracteriza por la diferencia culturalmente específica entre las comunidades indígenas amazónicas y el Estado peruano.
Las sociedades indígenas amazónicas se caracterizan por su arraigo a la ecología del bosque tropical, por una cosmovisión propia y por otra parte encarnan una historia de extrema asimetría en el acceso al poder político, conservando viva una memoria lacerada de lo que han sido las intervenciones de producción exógenas desde la época del caucho. El proceso de modernización de las últimas décadas, ha impactado en estas sociedades poniendo en riesgo su derecho a vivir en plenitud y según su cultura.
Esta forma de modernización se ha efectuado innumerables veces mediante el abuso y, salvo algunas medidas excepcionales e inacabadas, y sin el reconocimiento cabal por parte del Estado acerca de la extrema vulnerabilidad de los pueblos indígenas amazónicos ante las agresiones a sus derechos fundamentales.
El esfuerzo de los pueblos indígenas amazónicos por conquistar su ciudadanía plena, exige reconocer que su integración en una sociedad y Estado democráticos sólo puede realizarse mediante el desarrollo programático y metódico de relaciones interculturales paritarias. Estas deben ser impulsadas y promovidas en primer término por el Estado, instaurando procesos continuos y sostenibles de aprendizaje mutuo de las diferencias de identidad cultural y la calidad de esfuerzos comprometidos en los procesos concretos de interrelación.
Es indispensable un genuino proceso de diálogo, institucionalizado por el Estado, que incorpore la discrepancia y el disenso como consustanciales a la presencia plena de la sociedad civil en el sistema político democrático. El imprescindible diálogo al que debe inmediatamente arribarse requiere erradicar las acusaciones racistas de un supuesto salvajismo de los comuneros indígenas, y exige un análisis riguroso del contexto social y político en el que se dieron los terribles hechos de violencia, conforme a la ética, el reconocimiento intercultural, exigencias del derecho y su desarrollo contemporáneo.
Es urgente desarrollar un genuino proceso de pacificación, como resultado del diálogo que garantice que las políticas y acciones del Estado incorporen plenamente las diversas visiones y posiciones legítimas de las poblaciones amazónicas y de amplios sectores ciudadanos, en una sociedad pluricultural y pluriétnica como la peruana, acreedora de una innegable deuda histórica con quienes han sido secularmente discriminados, abusados y desfavorecidos.
Lima, junio de 2009
Mesa de Interculturalidad
Instituciones Miembros: Forum Solidaridad Perú; Centro Bartolomé de las Casas-Cusco; Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica - CAAAP; Amnistía Internacional - Sección Peruana; Asociación de Investigación y Especialización en Temas Iberoamericanos - AIETI; Alternativa, CAPIS, Conferencia Nacional de Desarrollo Social-CONADES, Desafío Miqueas, Género y Economía, Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, UARM; Servicios Educativos Rurales-SER; OXFAM América; Lupe Camino, Carmen Germán-Palacios, Rosa Mendoza.
