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Por Luis Carlos Osorio R. (@lcarlososorio)

“Son mas de treinta años los que tiene este ciclo de violencia, que lleva mas de 400 muertos y 2700 desplazados y la historia parece de nunca acabar, pues la fuerza pública no hace nada por sacar de la zona la minería ilegal y por el contrario, las concesiones a las multinacionales van en aumento”.

De la Audiencia Pública de la CIDH sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas de Colombia, realizada el pasado 14 de marzo[1], quedan dos grandes preocupaciones: Una, la radiografía descarnada que de su situación hacen las comunidades indígenas a través de la abogada Embera Patricia Tobón Yagarí y dos, la pobre presentación, por no decir lo menos, realizada por el gobierno colombiano.

Aunque fueron muchos los temas abordados por la líder Embera en la audiencia, voy a referirme solo a uno, que condensa tres de los principales problemas de los grupos étnicos en Colombia: Minería, Conflicto y Consulta Previa.

La petición de la abogada Tobón es directa: “Prohibición en sus territorios de cualquier tipo de explotación de recursos extractivistas y la anulación de los títulos mineros y otros títulos de concesión para explotación de recursos a terceros”.

La peticionaria llama la atención del organismo internacional sobre el caso del departamento del Chocó –región del Pacífico colombiano-, denunciando un bombardeo del ejército en zonas de resguardo, en el Alto Andágueda chocoano, el día 25 de febrero, justamente el día que se había concertado una reunión de justicia transicional para definir el retorno de las comunidades indígenas Embera Chamí, habitantes ancestrales de esos territorios y que desde hace varios años se encuentran en situación de desplazamiento forzado.

Hace casi 20 años, Juan José Hoyos se ganó el premio Germán Arciniégas de la Editorial Planeta[2], por cronicar la cruda historia de la fiebre del oro en territorios del Alto Andágueda, pero la historia que relata tiene mas de treinta años, aunque realmente…. Son muchos más, como lo recrea el cronista.

Según Patricia Tobón, son mas de treinta años los que tiene este ciclo de violencia, que lleva mas de 400 muertos y 2700 desplazados y la historia parece de nunca acabar, pues la fuerza pública no hace nada por sacar de la zona la minería ilegal y por el contrario, las concesiones a las multinacionales van en aumento.

En un estudio realizado por el Consejo de Autoridades indígenas del Choco y del cual la propia Peticionaria es co-investigadora, se enfatiza que “El proyecto de acumulación que ve a la naturaleza como materia prima y al ser humano como mano de obra tienen los ojos puestos sobre nuestros territorios… Estos señores de la muerte no descansarán….hasta que la tierra termine completamente erosionada, no descansarán hasta extraer el último gramo de Oro, Platino, Zinc o cualquier tipo de mineral que sea para ellos valioso, no quedarán satisfechos hasta que todos los ríos estén completamente contaminados y por último no estarán cómodos hasta que hayan exterminados o expulsado a todos los seres humanos y animales de sus territorios ancestrales”.[3]

No resulta gratuito pues, que sea la Defensoría del Pueblo –una organización estatal colombiana-, la que testifique que a consecuencia del bombardeo de ese 25 de febrero, 195 familias Emberas abandonaron sus tierras de resguardo, ocupadas ya por mineros ilegales.

Dice la investigación señalada, que “hasta el año 2010 se alcanzaron a entregar 157 títulos mineros por treinta años y prorrogables por otros 60 años más para la explotación minera en el Departamento del Chocó, en una proporción muy importante a grandes empresas mineras multinacionales, en particular a la Anglo Gold Ashanti”. No es de extrañar pues la aseveración hecha por la abogada indígena, cuando denuncia una posible relación entre la presencia de mineros ilegales en sus territorios y las acciones desarrolladas por la fuerza pública, que  al final producen el desarraigo y el desplazamiento de estas comunidades, mientras los ilegales continúan allí.

La Organización Indígena de Colombia –ONIC-, va más allá: “del 2009 al 2012 ha habido 348 homicidios de indígenas y mas de 27 mil de ellos han sido desplazados”. Agregan, que si se traslapa la ubicación de las comunidades desplazadas y/o asesinadas, nos damos cuenta que son los mismos sitios donde están los intereses extractivistas.

Por eso no deja de sorprender la intervención del Coronel que acompaña la Comisión estatal, al decir que “hubo dos operaciones militares, una en el Alto Andágueda en el Chocó, infortunadamente estaba haciendo presencia allá el ELN y las FARC y hubo necesidad de hacer esa operación…”

El militar colombiano está reconociendo que verificó la información, que efectivamente hubo bombardeos en territorio indígena, por una necesidad militar. ¿El jefe de la delegación nacional era consciente de esta suerte de confesión de parte? ¿Saben los militares colombianos que existe una Jurisdicción especial indígena? ¿Entienden los militares colombianos de la autonomía territorial que asiste a estas comunidades? ¿Tienen las autoridades colombianas –las civiles y las militares-, algún respeto por las autoridades indígenas? Al parecer, sólo en el papel.

El estudio de las autoridades indígenas es juicioso en lo que tiene que ver con los intereses que se mueven en el Chocó a nivel minero y que afecta sus territorios y el de las comunidades negras, pues reza el estudio que “En el departamento del Chocó la problemática puede ser más grave ya que los títulos están localizados en territorios indígenas y afrocolombianos, en comunidades golpeadas por la marginación y el conflicto armado, donde las instituciones pueden ser fácilmente moldeables, ante el poder político y económico de una empresa multinacional. Pero es especialmente preocupante, porque las actividades mineras se concentran en la cordillera occidental Chocoana, donde nacen los Ríos Atrato y San Juan, los ejes de la vida social, económica y cultural del departamento”.

Es claro que las principales multinacionales tienen intereses en el Chocó, algunas de ellas con antecedentes en materia ambiental y de derechos humanos bastante cuestionados, como la multinacional AGA que en el año 2011 “fue reconocida como la peor empresa multinacional del mundo, por haber generado gravísimos problemas ambientales en varios países de África.

En el estudio se develan las estrategias de las multinacionales para obtener los títulos mineros. Aunque la solicitud de títulos mineros son presentados por las propias multinacionales o incluso inversionistas privados, en el estudio se refleja “la relación entre empresas, personas naturales y Sociedades ordinarias, quienes se coordinan para la toma de títulos, el intercambio de información técnica, la financiación de proyectos y la cooptación de organizaciones étnico territoriales como el Resguardo del Alto Andágueda y Consejos Comunitarios con quienes se lleva a cabo la negociación de manera directa.

Los indígenas denuncian que “una vez que son las propias autoridades étnico-territoriales quienes obtienen el título de exploración y explotación, se puede negar de plano la garantía del derecho a la Consulta Previa y así son las propias autoridades étnico-territoriales quienes asumen los costos políticos en casos escandalosos, por corrupción, daños ambientales o vínculos con grupos armados ilegales”.

Da grima escuchar la respuesta de los representantes del gobierno colombiano sobre estas denuncias. No porque hayan hecho planteamientos por fuera de nuestro ordenamiento jurídico, salvo la desafortunada intervención del militar, sino, porque la respuesta a semejantes denuncias no puede ser la cartilla del marco de derechos que “salvaguardan” nuestras poblaciones étnicas.

Como sostener que Colombia es un país garante de los derechos de nuestras comunidades étnicas, cuando justamente los indígenas están denunciando la incapacidad del estado para dar cumplimiento a las disposiciones de sentencias y autos de la Corte Constitucional?

Lo real es que el fenómeno de la minería ilegal esta en aumento. Sus fuentes de mercado, en su gran mayoría, son las propias empresas multinacionales que ostentan títulos legales de minería. Muchos de los títulos se obtienen a través de una suerte de carrusel, ya sea mediante artilugios como la estrategia de la araña o mediante la cooptación de comunidades, lo que les permite evadir el mecanismo de la consulta previa y lo mas grave, todo este andamiaje está soportado en grupos irregulares, en su gran mayoría Bacrim o grupos de delincuencia común y en otros casos, a través de grupos insurgentes, que actúan con la complacencia del estado en unos casos o con acciones militares contundentes en otros, y que al final, producen violencia, desplazamiento y pobreza para las comunidades.

Aquí si que podemos decir con un líder indígena del Chocó después de escuchar a un gobernante: “todo es perfecto, nada funciona bien”

[1] http://actualidadetnica.com/index.php?option=com_seyret&Itemid=100&task=videodirectlink&id=55

[2] Hoyos, Juan José. El Oro y la Sangre. Editorial Planeta, 1994

[3] Minería: estrategias del despojo en los Pueblos Indígenas del Choco. Consejo de autoridades indígenas de la asociación de cabildos indígenas Wounaan, Embera dobida, Katío, Chamí y Tule del departamento del Chocó – OREWA – dirección de investigación. http://www.youblisher.com/p/206047-Mineria-Estrategias-del-despojo-en-los-Pueblos-Indigenas-del-Choco/

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