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"Con una sola mirada a los territorios por donde ha pasado la máquina del desarrollo, podríamos concluir, sin mayores esfuerzos, que este es un modelo que explota y abandona el territorio dejando muerte y depredación"

Son varios los eventos en los que ha participado el senador indígena Luis Evelis Andrade Casamá, con un tema común: La Consulta Previa. Hace un año, con otros miembros de la bancada indígena, decidió suspender un debate de control político en el Senado de la República, por la ausencia de varios de los ministros convocados. Quince días después se realizó el debate con la presencia de los funcionarios.

El debate de control político, al igual que la audiencia pública que realizó con varios congresistas del Polo y del Partido Verde a finales del mes de noviembre, tenían un elemento común: la reglamentación de la Consulta. Allí se debatió a profundidad sobre la pertinencia o no de tramitar una ley estatutaria en el Congreso de Colombia. Y el senador indígena se había preparado para esto. Pero la organización de evento le asignó un panel en el que se abordaban temas relacionados con el modelo de desarrollo y los temas de gobernanza, territorio y autonomía.

Actualidad Étnica habló con el Senador Indígena sobre estas temáticas.

LEAC: -Ese es justamente el problema, dice sin que terminemos de formularle la pregunta. – La Consulta Previa está atravesada por la mirada diametralmente opuesta sobre el concepto de desarrollo que tenemos Gobierno, empresarios y comunidades étnicas. Lo real es que todas las políticas para afianzar un determinado modelo, afectan los territorios y nos afectan directamente. Aquí se me viene a la cabeza las reflexiones de Héctor Moncayo, quien dice que el tema de la consulta se ha manejado como una disputa entre particulares, que resulta desigual, pues en el entender del gobierno, el empresario expresa el interés general mayoritario y la comunidad, el interés particular. El Estado, que es el garante y responsable de garantizar el ejercicio del derecho, asume que la defensa del interés general, la defensa de lo público, está asociado a los derechos de las multinacionales de los hidrocarburos o las empresas extractivistas.

PAE: Pero el gobierno ha dicho que respeta los derechos de las comunidades étnicas, además de pregonar que somos el país que más desarrollado normas que protegen los derechos de indígenas y negros....

LEAC: -Nunca hemos negado que en Colombia existan normas que amparan nuestros derechos. Recuerde que los indígenas participamos en el proceso constituyente, y con nuestra ayuda, se le dio nacimiento a un país multiétnico y pluricultural, a un país que se reconoce diverso. Aquí asistimos más bien a un problema de voluntad y de concepción política, O sea, tenemos normas, pero nos distancia la forma en que las interpretamos o simplemente no se cumplen. Talvez sería más sencillo el entendimiento si no tuviéramos tantas normas.

También tenemos una gran cantidad de jurisprudencia, tanta, que ya en los debates dejamos que hablen las sentencias de las cortes antes que nuestra propia percepción de la realidad. Usted se sorprendería de la forma como los indígenas y los afros hemos apropiado los contenidos de las sentencias.

PAE: Si existen las normas y la jurisprudencia contribuye a la interpretación de las mismas, ¿porque ese interés del gobierno en reglamentar la consulta a través de una ley?

LEAC: Primero precisemos el tema. Hablar de Consulta Previa es hablar de política de reconocimiento y de ejercicio de un derecho fundamental. Si fuera por los empresarios y por el gobierno, las consultas pocas veces se harían. Fíjense como muchos pueblos tienen que tutelar el derecho, ya sea porque no se hace la consulta, o porque se desconoce la existencia de comunidades, para citar solo dos casos. O sea, realmente no tenemos garantías en la aplicación de la Consulta. Ni siquiera podríamos hablar de garantías judiciales. Cuando una Corte falla, ya han pasado meses y años de haberse vulnerado el derecho.

Muchos creen que La Consulta se ha convertido en un escenario de transacción y no en un escenario de ejercicio del derecho.

Los indígenas no estamos afanados en la reglamentación. Creemos que existen los instrumentos legales para que funcione correctamente, si se actúa de buena fe. Además, la Corte Constitucional ha definido los elementos que pueden ayudar a la elaboración de un protocolo que les dé garantías a todos los actores de la Consulta.

Al gobierno y a los empresarios le preocupa el tema de los tiempos, del alcance y de todo aquello que teóricamente genera inseguridad jurídica. Los indígenas aceptamos los mandatos de la Corte y la Corte ha dicho que se debe reglamentar. Lo que no está claro es si debe hacerse a través de una ley. Lo que debe quedar claro es que ningún proceso de reglamentación debe hacerse para limitar el derecho.

PAE: Hablabas de una mirada totalmente opuesta en torno al concepto de desarrollo

Para los indígenas, la esencia de la economía, la sociedad, la comunidad, el individuo y el propio planeta, se sintetiza en el concepto del Buen Vivir.

Y claro, el gran problemática para el ejercicio del derecho fundamental a la Consulta Previa, es que estamos parados en orillas opuestas. Empresarios y Estado mirando el tema como un mero procedimiento que facilite los procesos de explotación de los recursos naturales y nosotros, tratando de preservar nuestros usos y costumbres, nuestra cultura, pero también creyendo que esos proyectos tienen que ser una oportunidad para el desarrollo económico de nuestras comunidades, pero desde nuestro proyecto del Buen Vivir.

Es como una balanza. En un extremo está el capitalismo y su modelo de desarrollo. En el otro, estamos los indígenas tratando se salvaguardar nuestra propia visión del mundo. Si miramos el tema más de fondo, esta contradicción es la misma que está generando la crisis civilizatoria que hoy tiene el mundo.

PAE: Pero uno escucha a funcionarios del gobierno y a los representantes de los empresarios y pareciera que están comprometidos con los derechos de los pueblos étnicos...

Ese un uno de los problemas que tenemos. La sociedad entera asume el marketing de lo aborigen, de lo indígena, pero poco o nada le importa la esencia de sus conceptos. Es un producto más que se empaqueta, que se vende, pero poco se aprende de nuestra sabiduría y experiencia, y ese es el sustento del Buen Vivir.

Asistimos a un prolongado proceso de apropiación del conocimiento indígena. Apropiación para trivializar. Apropiación para negar nuestra identidad. A nuestros Planes de Vida se les fue incorporando metodologías, rutas, resultados, hasta hacerlos cada vez más parecidos a los planes de desarrollo. Igual ha venido sucediendo con nuestro derecho propio. Se ha venido desarrollando un proceso sistemático por positivarlo. Es en estos ejemplos donde radica el proceso de negación de nuestras culturas.

PAE: Uno pensaría que lo indígena ha logrado permear las estructuras del modelo capitalista

Ojalá fuera así. No es solo la contradicción de modelos. Es la "adecuación" de nuestro modelo para asimilarnos. El Buen Vivir por ejemplo, se ha ido convirtiendo en un producto que hoy es apropiado por Estados y organizaciones financieras como el BID y el BM y otras entidades mercantiles. Deberíamos estar felices, pero desafortunadamente se apropia el nombre, pero se niega la esencia de nuestro pensamiento.

El ejemplo más claro de esto es que nunca se consultó a nuestros pueblos para apropiar nuestro modelo de Buen Vivir?. Lo real es que vivimos en un mundo globalizado al que no le interesa el equilibrio y la armonía con la naturaleza. Lo único que le interesa es apropiar y arrebatar usos y costumbres, asumir y desnaturalizar derechos, desconocer nuestras culturas. El ideal del mundo globalizado es homologar sistemas, modelos y culturas para que prime un único modelo de desarrollo, el modelo capitalista.

PAE: Pero ¿todo ese marco normativo condensado en un bloque de constitucionalidad no blinda a los indígenas para que esto no suceda?

Debería ser así, y no solo para los indígenas, para la sociedad entera. Pero siempre tenemos que acudir a los jueces para que nos otorguen derechos que ya tenemos. Tenemos derecho a la salud, pero los ciudadanos tienen que tutelar la prestación del servicio.

Los indígenas también tenemos que recurrir permanentemente a los jueces para que se nos reconozca que existimos como tal comunidad en lustros territorios, para que se nos consulte, cada vez que se vaya a desarrollar un proyecto, que nos impacta de alguna manera. La pregunta es, ¿porque estamos construyendo un modelo basado en mendigar derechos?

He dicho que el Estado tiene la obligación de disuadir esa falsa concepción de los actores económicos y de la sociedad mayoritaria, que ven en el indígena, en su territorio y en su cultura, un obstáculo en sus propósitos de acumulación de poder y de riquezas. Pero también es obligación del Estado impedir que en los territorios indígenas y negros, se desarrollen actividades depredadoras de nuestro patrimonio territorial. Le resumo: No nos oponemos al modelo de desarrollo de la sociedad mayoritaria, pero si nos oponemos a que se desconozca nuestro propio modelo y se nos imponga uno ajeno.

PAE: ¿Por qué esa resistencia al modelo de la sociedad mayoritaria?

Con una sola mirada a los territorios por donde ha pasado la máquina del desarrollo, podríamos concluir, sin mayores esfuerzos, que este es un modelo que explota y abandona el territorio dejando muerte y depredación. Y a los indígenas nos queda la tarea de la recuperación y el equilibrio de la naturaleza, para garantizar la pervivencia de las especies y el mantenimiento de la biodiversidad.

PAE: Pero todos los gobernantes del mundo....

Si, en Francia, en el marco de la COP21 se discute sobre los efectos de gas invernadero y los compromisos de las naciones. Son tibios. Lo ideal sería detener el calentamiento global, pero se pusieron de acuerdo en dos grados, mientras que Evo Morales les proponía uno. No hay conciencia de que vamos hacia una debacle.

Reitero que el problema no siempre es de normas. A nivel internacional también existen muchos instrumentos, pero la falta de voluntad política es globalizada. La normatividad nacional e internacional no ha hecho otra cosa que asignarle a los Estados un rol fundamental para garantizar el desarrollo de la visión propia de los pueblos indígenas y su pervivencia. Pero aquí, la pervivencia de 35 pueblos indígenas está en peligro. La Corte Constitucional ha ordenado planes de salvaguarda para estos pueblos que están en peligro de desaparecer por múltiples factores: conflicto armado, políticas extractivas, pobreza estructural y también por la ausencia del Estado. Todos estos factores están llevando a estas poblaciones al exterminio y a su desaparición física y cultural.

PAE: Pero Colombia se comprometió a respetar los territorios de los pueblos indígenas e impedir que modelos extractivos o de desarrollo industrial generen afectaciones en sus territorios...

Si, en la Conferencia sobre pueblos indígenas de las Naciones Unidas se llegó a ese acuerdo. Pero es un acuerdo más en el papel. Falta mucho para que los Estados entiendan que garantizar la integridad de los territorios indígenas y la pervivencia de sus comunidades en una relación de armonía y tranquilidad con la naturaleza, están también contribuyendo a consolidar el equilibrio y la armonía del planeta y de toda la humanidad.

PAE: ¿A modo de conclusión?

En conclusión, Estado y comunidades deben realizar un esfuerzo conjunto, que garantice la protección del territorio, de los ecosistemas y del medio ambiente, que aproxime los modelos de desarrollo a uno que se fundamente en la armonía, el "buen vivir" y entendimiento pacífico de las culturas.

Lea la Segunda parte de esta entrevista AQUI

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