El Departamento Nacional de Planeación presentó el Plan Nacional de Desarrollo, planificado hasta el 2006, y cuyo principal objetivo es construir un camino hacia un Estado Comunitario, al servicio del pueblo y no para “provecho de la corrupción y la politiquería”.

“Hoy el Estado es permisivo con la corrupción, gigante en politiquería y avaro con lo social. El Estado Comunitario es aquel que involucra la ciudadanía en la consecución de los fines sociales; es un Estado gerencial que invierte con eficiencia y austeridad los recursos público, y un Estado descentralizado que privilegia la autonomía regional con transparencia, responsabilidad política y participación comunitaria”, ideal que se enmarca en las políticas del presidente Álvaro Uribe.

Para avanzar hacia la construcción del Estado Comunitario, el Plan Nacional de Desarrollo persigue cuatro objetivos fundamentales que orientarán la acción del Gobierno: brindar seguridad democrática, impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo, construir más equidad con una mejor distribución de los frutos del mayor crecimiento y, renovar la Administración Pública incrementando su transparencia y eficiencia. Según el documento, los tres primeros puntos no serían posibles con el actual Estado, por ello ve necesaria la renovación de la administración pública para la consecución del ideal comunitario.

Uno de los apartados para resaltar dentro del documento es el de la Construcción de Equidad Social. Los tres desafíos que tiene el Gobierno para construir una sociedad más justa son: a) aumentar la eficiencia del gasto social para que los mayores recursos se traduzcan en mejores resultados; b) mejorar la focalización del gasto para que los recursos lleguen a los más necesitados; y c) consolidar un sistema de protección social para que las crisis económicas no comprometan, por completo, las posibilidades futuras de los grupos minoritarios y más vulnerables.

En este apartado sobre la Equidad Social se resalta que, para conseguirla, es también necesario un fortalecimiento en el apoyo, por parte del Estado, a los grupos étnicos (indígenas, afrocolombianos, raizales y pueblo Rom –gitanos-), de la siguiente manera:

1.       Se impulsará la creación de la Consejería Presidencial para la Diversidad Étnica. Esta instancia será encargada de definir las políticas conducentes a elevar la calidad de vida de los grupos étnicos y a garantizar su participación equitativa en los distintos contextos.

2.       Se reglamentarán los territorios indígenas como entidades territoriales en aspectos fiscales, de funcionamiento y de coordinación mientras se expide la Ley de Ordenamiento Territorial.

3.       Se concertará con las comunidades afrocolombianas un plan de desarrollo integral y se establecerá la variable étnica afrocolombiana en el próximo censo nacional de población.

4.       Se fortalecerán los instrumentos legales y los incentivos para controlar la densidad poblacional de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a fin de proteger a los raizales.

5.       Se desarrollarán leyes que reconozcan los derechos, las prácticas consuetudinarias de justicia y se validarán las autoridades tradicionales de grupo étnico Rom (gitano)