Con el propósito de discutir los criterios para la formulación de las estrategias para la protección de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas, culminó el pasado sábado en la ciudad de Bogotá el Taller Nacional para la Apropiación de la directriz para la atención integral y diferencial de la población indígena desplazada.
El evento, que contó con la presencia de más de 60 delegados de las organizaciones regionales indígenas, de las entidades gubernamentales que componen el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada y de las entidades humanitarias de carácter internacional, se constituyó en el marco para ratificar la grave crisis humanitaria que padecen los 84 pueblos indígenas a lo largo del territorio, crisis especialmente crítica para etnias como la Kankuama, que en lo corrido del presente año ha padecido el asesinato de 61 de sus miembros.
Desde esa perspectiva, la Red de Solidaridad Social y la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior presentaron a los asistentes un documento borrador como base para la discusión, estructurado en los siguientes ejes temáticos: las tipologías del desplazamiento de las comunidades indígenas; los principios de la atención; el papel de los organismos humanitarios; el papel de las organizaciones indígenas y asociaciones de autoridades tradicionales, cabildos y comunidades; el papel del sistema nacional de atención integral a la población desplazada y estrategias de retorno, reubicación y estabilización socioeconómica.
Un drama de nunca acabar
Quizás una de las principales conclusiones del evento estuvo en comprobar como buena parte de las instituciones que componen el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada no poseen acciones diferenciales para atender a los indígenas.
Por otro lado, para buena parte de los asistentes también quedó claro que el desplazamiento forzado, como estrategia militar utilizada por los actores armados para despejar zonas consideradas como estratégicas, es un fenómeno social sobredimensionado, cuyas nefastas consecuencias se vuelven más dramáticas cuando dichas estrategias de atención no contemplan acciones diferenciadas en relación con el resto de la población.
“Los pueblos indígenas requerimos de unas acciones distintas, toda vez que el desplazamiento forzado pone en riesgo nuestro equilibro como cultura, como pueblo. Las acciones de atención están mal enfocadas, porque no contemplan la particularidad y la diferencia. Es que hay que entender que cuando a un indígena lo desplazan, él no sabe qué hacer en la ciudad; en la comunidad él sabe donde están las cosas, donde llevarlas o donde ponerlas; todo tiene un sentido natural y espiritual; en la ciudad estamos perdidos”, expresó el delegado de la etnia Wiwa.
Otro elemento que quedó claro, es que si bien es importante diseñar estrategias de atención para la población desplazada, también es fundamental comenzar a pensar en estrategias tendientes a minimizar los factores que provocan el desplazamiento forzado, lo que implica pensar en acciones que toca de manera directa la dinámica misma del conflicto armado, ya que es pensar en estrategias como el declarar los territorios indígenas como zonas desmilitarizadas donde los actores armados respeten la neutralidad de las comunidades y la autonomía de los pueblos.
“Sabemos que es una estrategia que puede sonar tonta para muchos dadas las condiciones en que se encuentra el conflicto en el país, pero puede ser una consigna que trascienda las fronteras y que tenga resonancia en las esferas internacionales, para que todo el mundo sepa que los indígenas somos una población altamente vulnerable que estamos poniendo los muertos en una guerra que no hemos buscado”, manifestó el delegado del Tolima.
De igual forma, se pudo establecer como en las zonas de frontera hay pueblos que están abandonando en su totalidad el territorio colombiano para asentarse en los países vecinos. Es el caso de varios pueblos del Vaupés que, ante la presión por parte de las FARC y del abandono al que los tiene sometido el Estado colombiano, se han ido trasladando al municipio de San Gabriel, en Brasil.
“Es que estar en Mitú es estar en el infierno, porque los desplazados son muchos, el pueblo está minado en sus afueras de minas quiebrapatas y no hay alternativas para vivir dignamente”, sostuvo la delegada para los pueblos del Vaupés.
Guerra sin cuartel
La situación de los pueblos indígenas es especialmente aguda, teniendo en cuenta que en sus territorios se libran varias luchas, donde los actores armados ilegales en esencia buscan controlarlas militarmente, para controlar aspectos como la producción de cultivos ilícitos. A lo anterior también hay que agregarle como el mapa de los territorios indígenas coincide perfectamente con el mapa de los megaproyectos, especialmente energéticos, de las transnacionales.
“Es el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde las cuatro etnias que habitamos allí no sabemos aún lo que hemos hecho para que nos asesinen de esa manera tan miserable. Es que no es posible que, luego de la visita de la ex ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, nos asesinen a más ocho compañeros. La razón es muy sencilla: despejar la Sierra para poder ejecutar sin problemas los proyectos de construcción de represas e hidroeléctricas utilizando ríos como el Guatapurí”, indicó el representante del pueblo Kankuamo.
Es por ello que el reclamo general de los representantes indígenas tras la culminación del evento se concentró en que las políticas que se definan en la directriz se cumplan, para que un día las 84 etnias indígenas, que hacen de nuestro país un territorio pluriétnico y multicultural, puedan seguir desarrollándose en tranquilidad.
