Para el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortíz, resulta oportuno destacar la importancia del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra anualmente cada 9 de agosto, para recordar a la opinión pública y las autoridades del Estado que contamos en Colombia con un invaluable patrimonio cultural representado en los 87 pueblos indígenas reconocidos, que da cuerpo y significado a la Diversidad Étnica y Cultural que hace parte de nuestro patrimonio como sociedad.
En mi condición de Defensor del Pueblo de Colombia, destaco el avance que ha representado el reconocimiento que el Constituyente de 1991 hizo en la Constitución Política a las poblaciones indígenas sobre la condición de sujeto jurídico de derechos, con capacidad de interlocución válida con el Estado y sus instituciones y como titulares de derechos humanos fundamentales, colectivos e integrales.
Este trascendental paso ha significado la apertura de un espacio democrático para estas poblaciones fundantes de nuestra nacionalidad y nos ha permitido profundizar en el conocimiento de otras culturas, sus usos y costumbres, así como el inicio de un diálogo de saberes, para construir un auténtico Estado pluriétnico y multicultural sustentado en el respeto a la dignidad humana
No obstante, llegar a este punto ha implicado un largo proceso forjado en varios siglos y en el cual estos pueblos a partir de sus acciones lograron emerger desde la invisibilización hasta posicionarse en las diferentes dimensiones de la vida política, cultural y económica de nuestra sociedad en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho que hoy nos rige. Esta ha sido una construcción lenta pero sostenida, logrando un avance paso a paso sobre la base del derecho a la igualdad en la diferencia.
Es importante para los pueblos indígenas que celebran un día de especial relevancia para su permanente desarrollo como culturas diferentes, el aporte invaluable de la Corte Constitucional de Colombia, que ha avanzado en el desarrollo de la protección de los principios y derechos en los cuales se basa la condición jurídica que desde 1991 hasta la fecha, ha contribuido a la consolidación de los derechos y la garantía de su identidad cultural, de sus lenguas, valores, costumbres, instituciones y formas de gobierno propio, conjunto de rasgos culturales que caracterizan el ser de los pueblos indígenas.
Para la Corte Constitucional "el principio de diversidad e integridad personal no es simplemente una declaración retórica, sino que constituye una proyección, en el plano jurídico, del carácter democrático, participativo y pluralista de la república colombiana" y obedece a "la aceptación de la alteridad ligada a la aceptación de la multiplicidad de formas de vida y sistemas de comprensión del mundo diferentes de los de la cultura occidental."
En contraste con el avance del reconocimiento de derechos mencionado, para la Defensoría del Pueblo es materia de inquietud y de preocupación el panorama de derechos humanos que afronta un significativo número de pueblos indígenas de nuestro país. Cotidianos han sido los reportes de múltiples situaciones de vulneración de derechos humanos fundamentales, colectivos e integrales, que, en el marco del conflicto armado interno, han afectado tanto a comunidades como personas pertenecientes a estos pueblos. Los hechos de los cuales se tiene conocimiento en esta institución se presentan en diferentes regiones del país y dan cuenta de violación de múltiples derechos civiles y políticos, económicos sociales y culturales y de graves infracciones al derecho internacional humanitario.
El derecho a la vida, a la integridad, al goce efectivo de sus derechos territoriales, la autonomía, la jurisdicción especial, el gobierno propio, el desarrollo de su planes de vida y demás garantías que emanan del ordenamiento jurídico, son vulnerados por la incidencia de los actores del conflicto armado, así como por la presión de las prácticas del narcotráfico; los hechos derivados de estas acciones violentas han incidido por demás en el desplazamiento forzado de integrantes de varias comunidades indígenas, las que hoy se encuentran desarraigadas de sus territorios de origen, en lugares ajenos a sus patrones sociales y culturales; circunstancia que los sitúa en mayor grado de vulnerabilidad y pone en riesgo su identidad y patrimonio cultural.
Particularmente grave es la situación de algunas comunidades del sur de país, que han sufrido la pérdida física de importantes líderes de sus comunidades a causa de homicidios cometidos por grupos armados ilegales. En la primera semana de agosto la Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento de la ocurrencia de 5 homicidios contra destacados dirigentes de los pueblos Inga, Nasa y Eperara-Siapidara.
Por tanto, la Defensoría del Pueblo, una vez más y de manera categórica, insta a las autoridades estatales competentes ha asumir de manera efectiva las acciones institucionales que sean necesarias para contrarrestar las graves violaciones de derechos humanos de que son víctimas estos pueblos y, asimismo formular políticas urgentes de protección especial que aseguren su vida digna, en todas las dimensiones que abarcan los derechos reconocidos en condiciones de igualdad.
