Por William Villa
El ordenamiento del territorio y la economía extractiva
Con el inicio del nuevo milenio, el 75% de esta extensa región aparece titulada a las poblaciones que históricamente habían ocupado estos territorios.
Los resguardos indígenas de los pueblos Awá, Embera, Wounann. Tule y Senú suman una cifra cercana a las dos millones y medio de hectáreas, mientras los territorios colectivos de comunidades negras llegan a los cinco millones de hectáreas. Esta transformación en el ordenamiento territorial parece zanjar la disputa por el control y acceso a los recursos naturales en la región y, con ello, haber abolido esa noción o representación en la cual se concebía a tales territorios como frontera abierta y disponible para colonizar.
Un examen actual enseña que, a pesar de los cambios y el reconocimiento de derechos territoriales a los pueblos que habitan en la región, se reproduce y acrecienta el conflicto por el acceso y control de dichas áreas, a la vez que persiste un modelo de apropiación y uso de corte extractivo y, en correspondencia diversos actores externos pulsan por ejercer dominio sobre ese territorio. Así, dos son las dinámicas que ocurren, una es la que avanza como acción del Estado titulando tierras en el marco de la territorialidad colectiva, la otra, es la que en continuidad con la impronta que marca la vida e historia de esta región, la inscribe en el control que de hecho actores económicos externos realizan en procura de extraer los recursos mineros, forestales y pesqueros. Estas dos dinámicas ponen en evidencia que a diferencia de las regiones andinas y los valles interandinos, para el Pacífico el problema no se reduce al control o titularidad sobre la tierra. Allí el conflicto se debe entender en función de la apropiación de los recursos de tipo minero energético y los propios a la biodiversidad. Para entender esta realidad es preciso observar tales hechos en el curso de períodos de larga duración.
La extensa región biogeográfica del Pacífico colombiano, en el curso de la década de los ochenta del siglo pasado y, posteriormente con la promulgación de la Constitución Política de 1991, experimenta profundos cambios en el ordenamiento de su territorio. Esta región, que ocupa hacia el occidente de Colombia, desde la frontera con Panamá hasta la del Ecuador, que se extiende desde la divisoria de aguas de la cordillera occidental en dirección de las tierras bajas del Pacífico en un área aproximada de diez millones de hectáreas, desde el siglo XVII y a lo largo de la historia, se caracteriza por ser espacio baldío, por ser frontera definida por la riqueza de recursos para extraer y por la existencia de unos pobladores susceptibles de ser reducidos a mano de obra servil. Tal forma de representarse a esta región y a sus pobladores parece cambiar en la medida que se titulan resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras.
La frontera minera: guerra y especulación
La disputa por la tierra en la región del Pacífico no ha sido el núcleo del conflicto, con excepción de las áreas donde desde los años sesenta del siglo pasado, como son el Urabá al norte y la planicie aluvial al sur del río Mira, sitos donde se consolidó un modelo de ocupación de tipo agroindustrial. El resto de la región ha experimentado auges extractivos de diferente naturaleza, donde claramente el objetivo es el dominio transitorio de un área, que se usa mientras existe disponibilidad del recurso que el mercado demanda y que se abandona una vez declina el mercado o se agota el recurso. Así sucede en los inicios del siglo XX cuando tagua, raicilla y caucho tornan los bosques de la zona en espacio atractivo para comerciantes, lo mismo ocurre en la primera mitad del siglo pasado cuando los manglares en toda la zona costera se convierten en proveedores de taninos y, luego con la extracción de maderas, que desde mediados del siglo convierten a los bosques inundables en asiento de aserríos. En todos estos procesos económicos la tierra no tiene valor y prima una forma de representación en donde la noción de baldío se reproduce con independencia de que exista propiedad, como lo enseña la economía extractiva que determina el uso actual de los territorios colectivos.
Actualmente la economía de corte extractivo subordina el uso y manejo de los territorios colectivos de la región del Pacífico. Para entender esta realidad es preciso realizar una lectura sobre un período histórico de larga duración, pero también focalizar el ámbito geográfico. Si se toma como caso el Chocó, respecto a la minería del oro los datos enseñan que hacia los inicios del siglo XXI esta actividad aportaba al PIB del departamento un poco menos del 5%, pasando en el año 2012 a representar el 35%, a la vez que en el contexto nacional significa el 39% del total de la producción de este metal. Este auge de la minería es experiencia histórica ya vivida en otros momentos, ya sea alrededor de la minería, como también por la extracción forestal de maderables, de frutos del bosque, de taninos, de resinas y de otros.
En los inicios del siglo XX se experimentaba en el Chocó un auge minero de la misma naturaleza que el que se vive actualmente, para ese momento las expectativas respecto a la explotación de los lechos de los ríos y las áreas adyacentes se fundamentaban en las innovaciones tecnológicas emergentes en la segunda mitad del siglo XIX, en las que monitores y dragas se convertían en alternativa para explotar estas áreas que, durante el siglo XVIII y XIX se habían explotado a partir de métodos artesanales. Esto lleva a que se viva una ola especulativa alrededor de los títulos mineros, de tal forma que: Entre 1909 y 1914, el periodo de mayor especulación en el Chocó, hubo 2.148 solicitudes de títulos mineros, de las cuales 866 fueron exitosas, lo que corresponde a la adjudicación de 128 minas anuales. Los dueños de estas minas muy rara vez las explotaron...
Como se señala los dueños de las minas no llegan a explotarlas, pero se genera un mercado alrededor de tales títulos y al cabo del tiempo se consolida el control por parte de la Chocó Pacífico, empresa que explota durante la primera mitad del siglo XX los ríos de la región central del Chocó y que se constituye en expresión del modelo de enclave minero, que se reproduce en esa misma época hacia el sur del Pacífico y en otras regiones del país. Los hechos enseñan que, un siglo después, la historia se repite. Actualmente, ante el auge minero y la política de Estado de favorecer y promover esta actividad, proliferan las demandas por titular zonas mineras, ya sean por las grandes transnacionales que se dedican a esta actividad o por los empresarios nacionales. La diferencia es que hace un siglo se titulaban áreas para explotación minera sobre tierras que se consideraban baldías, mientras en el presente se hace sobre los territorios colectivos de comunidades negras o sobre resguardos indígenas.
Si se analiza la dinámica actual de titulación de áreas mineras respecto a los territorios de resguardos propiedad de las comunidades indígenas, en el Chocó como en la región occidental de Antioquia hacia el valle del río Atrato, en un área cultural en la que domina el pueblo Embera, se observa que allí se ha expedido títulos en número que llega a 291, los cuales afectan a 55 resguardos. Pero además se advierte que sobre esta misma zona existen solicitudes de nuevos títulos en una cifra que llega a 464, que afecta a 68 resguardos. De los títulos expedidos 171 son propiedad de la empresa Anglo Gold Ashanti Colombia S.A, cuestión que indica las expectativas que se tejen sobre estas áreas. Esto no significa que la totalidad de las zonas tituladas estén siendo explotadas y más bien lo que existe es una dinámica especulativa en función de la consolidación de un modelo económico de minería hacia el futuro. La tendencia que existe es la de la explotación ilegal por parte de empresarios que no cumplen con la normativa ambiental, social y legal.
Si las áreas donde existen títulos mineros no son actualmente controladas por los titulares de éstos y no es la gran industria la que realmente desarrolla esta actividad, entonces cómo explicar el significado que la minería tiene en la economía del Chocó. Son varios los factores que explican esta dinámica, el principal es la continuidad de un modelo que se funda desde el siglo XVIII, es decir, la prevalencia de ese territorio como frontera asociada al saqueo de los recursos naturales. Así, a pesar de la titulación de las tierras y la conformación de territorios colectivos, nos son los propietarios de estos territorios quienes hacen usufructo de los recursos del subsuelo o en general de los recursos naturales. Realmente, el problema en el Chocó y en general en el Pacífico no es el dominio y apropiación de la tierra, el conflicto es por la explotación de los recursos naturales y en ello intervienen diversos actores que en las dos últimas décadas son actores armados.
La articulación de estos territorios al escenario de guerra, fenómeno que se acrecienta a partir de la década de los noventa del siglo pasado, tiene como consecuencia que la extracción de recursos se convierta en renta para financiar los diversos ejércitos, paraestatales o guerrilleros, que se asientan en la región y que toman control de los territorios colectivos. El control de estos territorios puede tener sentido en función de una estrategia de guerra, pero también debe verse como oportunidad para generar rentas en la medida que se extraen recursos.
Dragas, retroexcavadoras y monitores recorren los lechos antiguos y los cauces actuales de los ríos, los entables mineros como hace cuatro siglos son transitorios, su movilidad está determinada por la riqueza de los yacimientos y el control de la operación está asegurado militarmente. En algunos casos los propietarios de los territorios establecen convenios con los empresarios, un porcentaje de las ganancias producidas por la extracción son entregadas a los representantes de las familias propietarias del territorio, siendo general que a los barequeros que, son los mismos dueños del territorio, se les permita un tiempo de trabajo alrededor de las retroexcavadoras, unas horas en las que con sus bateas lavan las arenas removidas por la retroexcavadora. Al final, al cabo de unos meses de operación se agota el mineral, queda la historia de degradación ambiental y de pobreza de los pobladores.
La tierra y los recursos naturales
La minería, la explotación de recursos maderables y el establecimiento de áreas en cultivos de coca, como actividades económicas de las que actores armados obtienen rentas o de las que empresarios ilegales derivan ganancias al hacer uso de los territorios colectivos, tienen como característica que la apropiación de la tierra es transitoria y no tiene pretensiones de ejercer dominio sobre ésta para darle nuevos usos. Con excepción de las tierras contiguas a la zona bananera del Urabá, en los territorios de Jiguamiandó y Curbaradó, donde el despojo de tierras se realiza con el objetivo de expandir el modelo agro empresarial, en el resto del Pacífico la ocupación de tierras, durante los últimos treinta años de guerra, ha tenido como objetivo la extracción de recursos o el uso transitorio de la tierra.
La economía extractiva: el mercado y la población
Durante siglos es la economía extractiva la que ha moldeado la ocupación del territorio, ha determinado la forma como ocurre el poblamiento y la cotidianidad de los pobladores. La población se integra al mercado y lo hace en condición de mano de obra servil. El mercado y la producción de materias primas requiere la sujeción del productor, para ello dispone del mecanismo de endeude como fórmula que se actualiza una y otra vez. Actualmente en los bosques de colinas, frontera hacia donde avanza la extracción de maderables, una vez se agota el recurso en los bosques inundables. El mecanismo para apropiarse de este recurso es dar en crédito a los dueños de los bosques la motosierra, los insumos y los víveres, luego, el productor pagará en especie. Así se explotan los bosques del medio y bajo Atrato, en resguardos y territorios colectivos . El modo como se expolian estos bosques supone que los dueños del territorio colectivo se dispongan en la base de la cadena del mercado, moderna forma de mano de obra servil, pero además se requiere que sus autoridades locales funjan como intermediarios. Al paso del tiempo, en la medida que se intensifica la extracción, decrece la actividad agrícola tradicional, como también el flujo de recursos por cacería y pesca que estaban en la base de la alimentación de la población.
Artículo tomado de Corporación Grupo Semillas
