En las últimas tres décadas se viene hablando con mucho más frecuencia de educación indígena, educación propia o etnoeducación, para significar la necesidad de potenciar y diferenciar positivamente la educación de los pueblos indígenas de la del resto de la llamada sociedad mayoritaria, dada la diversidad étnica y cultural existente.

 

Esto no es fruto de la buena voluntad de personajes o gobiernos determinados, sino un resultado concreto o por concretar de las diversas luchas de resistencia de los pueblos indígenas por mantener o recuperar sus valores propios, su identidad cultural, su autonomía territorial y de gobierno propio, entre otros, ante la inmensa avalancha de valores externos que por todos los medios bombardean a diario las comunidades.

 

No es nuestro interés ahondar en este corto artículo sobre la política educativa indígena, sino sencillamente, concitar al necesario debate que merece, como quiera que allí se tiene el mejor escenario para las nuevas generaciones de nuestros pueblos nativos.

 

La concepción y finalidad de la educación para los pueblos indígenas, no es lo mismo para el gobierno que para los nativos y esto es apenas lógico, pues los intereses prioritarios del gobierno, no son necesariamente los mismos de los pueblos indígenas, por eso nuestra pregunta inicial: ¿educación indígena para qué?.

 

Desde lo gubernamental, que se rige por las normas existentes en etnoeducación, particularmente por lo regulado en el Decreto 804 de 1995, la educación para indígenas hace parte del servicio público educativo nacional y la define en la Ley 115 de 1994, como la educación que se ofrece a los grupos étnicos “...que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos”.

 

En otras palabras, está concebida como parte integrante del sistema nacional de educación, que por ende, tiene sus objetivos claros como son los de buscar fortalecer y perpetuar los valores propios del sistema que nos rige, en el marco previsto por el artículo 67 de la Constitución Política que consagra la educación como un derecho de las personas y un servicio público que tiene función social y el artículo 68 que expresa el derecho de los grupos étnicos a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural, lo cual necesariamente habrá de armonizarse con los fines esenciales del estado que se plasman en el artículo 2 de la mencionada Constitución.

 

Esto nos lleva a concluir que el gobierno si tiene una política para los grupos étnicos, entre los que están los pueblos nativos y es necesario indicarlo porque aún en las mesas regionales que se vienen realizando concertadamente entre los gobiernos departamentales, el Ministerio de Educación Nacional, los pueblos nativos ubicados en cada departamento y las organizaciones indígenas nacionales (ONIC, AICO, OPIAC), se escucha hablar que no hay una política educativa indígena y se cae en interminables discusiones que creo están fuera de contexto, dado que una cosa es la política de gobierno y otra la política de los pueblos indígenas.

 

En este orden de ideas, es imperioso hacerse la pregunta: Y cuál es entonces la política educativa de los pueblos indígenas?. Esta pregunta fue objeto de intensos debates en la Mesa Nacional de Concertación de Políticas Educativas Indígenas que se realizó en enero de 2003 entre el Ministerio de Educación Nacional y las Organizaciones Nacionales Indígenas y se concluyó que era necesario trabajar mucho más este aspecto y se produjo un documento inicial que se tituló: “Criterios y Principios de la Educación Indígena”, del cual extracto los siguientes contenidos que considero ayudan a dar respuesta a la pregunta planteada:

 

“Las organizaciones indígenas, asumimos la educación como uno de los pilares fundamentales de nuestro proyecto de vida”.

 

“Desde nuestra concepción, la Educación de los pueblos indígenas, es un proceso de vida y para la vida, orientada desde la ley de origen. La educación escolarizada constituye sólo uno de los componentes de nuestra educación integral. La educación debe garantizar nuestra existencia como pueblos, como estrategia de nuestro proyecto de vida con todos los valores culturales e identidad propia”.

 

La construcción del sistema educativo indígena es integral y a partir del proyecto de vida de cada pueblo; con la participación y concertación de las mismas comunidades involucradas y sus respectivas autoridades”.

 

La educación como derecho público, es responsabilidad del Estado en cuanto a la financiación de los procesos y a garantizar que sean los mismos pueblos quienes definan y ejecuten su educación, dentro de su concepción de vida, por tanto la administración de la educación de los pueblos indígenas no implica privatización alguna”.

 

Toda negociación debe partir necesariamente de criterios políticos propios en materia educativa indígena y no de la instrumentalización de políticas dependientes”.

 

Lo anterior nos indica claramente, que la educación para los Pueblos nativos apunta prioritariamente a su propia pervivencia en el tiempo y en el espacio antes que nada, lo cual implica educar para seguir existiendo, para conservar y ampliar los territorios y para desarrollar dentro de ellos la estrategia de vida que cada pueblo ha construido o está construyendo. En otras palabras, educación en el marco y desarrollo de los planes de vida y estrategias de vida de cada pueblo, lo cual en la gran mayoría está por desarrollarse y fortalecerse.

 

Eso no implica ruptura absoluta con la propuesta de gobierno, sino deslinde de campos y respeto mutuo en el marco de la diversidad étnica y cultural. Para el Gobierno seguirá seguramente su sistema educativo nacional, en tanto que para los pueblos nativos avanzará la construcción y fortalecimiento del sistema propio o TEJIDO DE SABERES ANCESTRALES como ya se está denominando en muchas regiones.

 

También es importante destacar que la educación indígena debe seguir siendo financiada por el Estado, quien no debe tratar de liberarse de dicha responsabilidad a través de mecanismos contractuales que puedan conducir engañosamente o no a la privatización de la educación en territorios indígenas que ya fue rechazada a nivel nacional como se deduce de las anteriores citas.

 

Queda claro también que los currículos no son la presentación de propuestas alternas a la de las autoridades educativas gubernamentales o adecuaciones a tales propuestas, sino que implica una construcción propia, autónoma y en torno a los intereses de pervivencia de los pueblos nativos, acorde con su estrategia de vida. Esto tendrá a futuro incidencia en los propios docentes, porque si ellos no están de acuerdo con las políticas educativas nativas, tendrán que ceder el paso a quienes lo estén y asuman como compromiso comunitario, antes que como empleo exclusivamente.


 

* Miembro coordinador por AICO en la Mesa Nacional de Concertación de Políticas Educativas Indígenas

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