El Instituto de Investigaciones Ambientales y la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), invitan al lanzamiento de la Cátedra Ambiental, cuyo tema central para este semestre será: Cultivos de Uso Ilícitos en Colombia. Esta cátedra contará con el apoyo de la Personería de Pereira, el Centro de Investigaciones y Extensión UTP; Asociación de Egresados UTP; y la Asamblea Departamental de Risaralda.

 

El ingreso a este encuentro es libre y las boletas para el ingreso se podrán adquirir en la oficina del Instituto de Investigaciones Ambientales. (Segundo piso (F-210), Facultad de Ciencias Ambientales). Teléfono: 3137245 (Pereira); E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

 

Para esta ocasión tendrán como invitado especial al sociólogo Alfredo Molano, profesor universitario y columnista del diario El Espectador, quien compartirá la conferencia: Conflicto y  Cultivos de Uso Ilícito en Colombia; a realizarse el viernes 18 de agosto a las 3:00 p.m. en el Auditorio de la Facultad de Ciencias  de la Salud de  la Universidad Tecnológica de Pereira.

 

Alfredo Molano afirma que “Los últimos 25 años de la historia nacional están jalonados por esos dos fenómenos: la guerrilla y la coca. Aunque los tratan como un solo fenómeno, son dos realidades distintas: el cultivo de la coca nace de unas condiciones sociales y económicas, y la guerrilla tiene un condicionamiento adicional que es la condición política”.

 

Las fumigaciones, los pueblos indígenas y afrocolombianos

 

Esta cátedra se da en el marco de la polémica decisión del gobierno colombiano, respecto a la fumigación aérea de unas mil 500 hectáreas de coca en el Parque Nacional La Macarena. Las organizaciones ambientalistas no hicieron esperar su voz de rechazo, ya que este proceso causa daños irreparables a los ecosistemas. Uno de los mayores temores es que esta medida se lleve a otros parques nacionales que también se encuentran sembrados con coca. Los indígenas y los afrocolombianos son uno de los grupos más afectados, ellos han sido víctimas de la guerra que generan estos cultivos en sus zonas de vivienda, y han sufrido las consecuencias físicas de la aspersión aérea.

 

Entre los casos más recientes se encuentran las denuncias del pasado 20 de mayo de 2006, cuando 4 avionetas de fumigaciones y 5 helicópteros, sobrevolaron la parte media del río Timbiquí, entre las comunidades de El Charco, Mataco y San Miguel del Rió, en la costa pacífica caucana. Estas fumigaciones devastaron importantes cultivos de pan coger y  afectaron la salud de los habitantes: en el poblado de San Miguel se evidenciaron enfermedades, ceguera en personas a las cuales el líquido les llego directamente a la cara; niños, mujeres embarazadas, ancianos y toda la comunidad fue bañada por este líquido, del cual lo único que se sabe es que dejó a estos hombres y mujeres negros con enfermedades y sin alimento.

 

En el departamento del Guaviare en el mes de agosto de 2006, la Dirección Antinarcóticos proyectó iniciar procesos de erradicación de cultivos de coca mediante la aspersión aérea. La Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, (OPIAC) denunció este caso, afirmando que el estado no ha respetado los acuerdos legales.

 

Las organizaciones indígenas del país se apegan al mandato de la Sentencia SU-383 de 2003 de la Honorable Corte Constitucional, en el cual suscribieron el 14 de noviembre de 2003 el acta de protocolización de la Consulta con los siguientes acuerdos:

 

“La erradicación de cultivos ilícitos en los territorios indígenas de la Amazonía Colombiana se realizará de manera manual, concertada y verificable, entre las autoridades y organizaciones indígenas y las entidades competentes; y la concertación deberá determinar los tiempos, mecanismos de verificación y apoyo para la ejecución de programas de desarrollo alternativo acordes con las características culturales y ambientales de los pueblos y territorios indígenas”.

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes y con base en las últimas acciones desarrolladas por la Dirección Antinarcóticos que comprometen a los territorios indígenas, afirman que se está desconociendo este acuerdo, donde se hace referencia a los mecanismos y procedimientos en el proceso de erradicación de cultivos ilícitos.

 

Sin embargo en la página web de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, se afirma que el proceso de erradicación aérea “está orientado a asperjar con glifosato, áreas que en la actualidad están destinadas al cultivo de especies ilícitas, estableciendo parámetros de aplicación acordes con las normas operativas y ambientales fijadas por la Auditoria Ambiental para la erradicación de cultivos ilícitos; a fin de realizar una eficiente aplicación de los insumos agrícolas”.

 

Por otra parte la OPIAC denunció que el procedimiento de consulta previa no se esta llevando de manera correcta y concertada: “Como es de conocimiento general, la consulta previa no se remite a una reunión o un taller, como el que se desarrolló el día 31 de julio de 2006, en la ciudad de Puerto Inírida (Guainía), donde la Dirección Antinarcóticos invita a la OPIAC, con un día hábil antes del evento, lo cual no garantiza una consulta real y objetiva, ni la participación plena de las autoridades y organizaciones indígenas, pues actividades como las fumigaciones afectan no sólo el medio ambiente, sino también la salud de sus habitantes”.

 

Los fracasos de la erradicación manual

 

La noticia más reciente sobre este tema ha sido la del Parque Nacional La Macarena, ya que además de que representa un gran espacio en cuanto a fauna y flora, donde confluyen diferentes especies vegetales características de la Amazonía, de la Orinoquía y de la zona Andina, en la región de la Orinoquía conviven comunidades indígenas como Tunebos, Tinigua, Guayabero, Paipoco, Guaibo, Piaroa, Betoye, Yaruro y Puinave. Allí el gobierno colombiano inició desde el pasado 19 de enero de este año, la erradicación manual de una superficie de entre 4.500 y 5.000 hectáreas de matas de coca en esta reserva natural.  

 

El plan de erradicación manual en esta reserva, sufrió varios inconvenientes que provocaron el abandono masivo de erradicadores. Aunque iniciaron aproximadamente 1.000 campesinos, actualmente sólo queda menos de 300 personas en esta labor. Algunas razones para que renunciaran fueron los constantes combates que se viven en la zona, dejando un gran número de muertos entre policías, militares y campesinos. Además los erradicadores civiles denunciaron el incumplimiento de garantías (de seguridad física) ofrecidas por el gobierno.

 

A pesar de estos inconvenientes algunos trabajadores continuaron con la erradicación manual, pero sumado a los combates surgió un nuevo inconveniente: las minas antipersona. El 2 de agosto de este año, 6 campesinos que participaban en el programa oficial de erradicación manual de cultivos de hoja de coca, murieron por la explosión de una mina antipersona en el Parque Nacional La Macarena. Estos artefactos según fuentes oficiales fueron sembrados por las FARC para tratar de impedir la erradicación de las siembras ilegales.

 

Cultivos de coca en áreas protegidas

 

En la página de la Oficina Contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, se expone el impacto que el cultivo ilícito ha tenido en áreas especiales protegidas. La siguiente es el área en parques afectada por cultivos de coca entre 2003 y 2005 de acuerdo al monitoreo realizado por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI).