El sentimiento nacional no solo no admite el secuestro, la desaparición forzada y el exilio, sino que tampoco acepta más obstáculos a las posibilidades de libertad para los últimos retenidos por razones del conflicto. Las crecientes necesidades sociales no toleran más impuestos destinados a alimentar la guerra y destruir la vida de miles de colombianos involucrados arbitrariamente en el conflicto.
Es evidente que la "seguridad democrática" no existe para los pobres, lo cual explica la persistencia de 4 millones 500 mil desplazados que aún no pueden retornar a sus regiones; 558 sindicalistas asesinados bajo el actual gobierno, cerca de 8 mil ciudadanos afectados en capturas masivas y arbitrarias, 1.500 ejecuciones extrajudiciales para alcanzar ascensos y recompensas; un sinnúmero de acciones violentas contra mujeres, niños y niñas, cientos de desaparecidos y millones de colombianos viviendo sin empleo y en condiciones de extrema pobreza. No nos equivocamos si afirmamos que en la Colombia de hoy tampoco existen la seguridad colectiva, ni los derechos humanos como se constata en diversos informes de entidades internacionales y en la discriminación creciente de los jóvenes, las mujeres, los afrodescendientes, los indígenas y otros sectores de la población.
Cada vez nuevos sectores de la sociedad perciben cómo se derrumba el Estado en medio de dolorosas realidades como la llamada "para-política"; la violación de la soberanía nacional con el traslado de la base de Manta a nuestro territorio, la permanencia del paramilitarismo bajo nuevas etiquetas y modalidades; la extradición de los jefes paramilitares y el fracaso de la llamada ley de justicia y paz (975 de 2005), la concentración de privilegios como nunca antes en el poder presidencial, la inexistencia del equilibrio entre los poderes del Estado; la descomposición de los organismos de inteligencia y su instrumentalizacion para perseguir a magistrados, periodistas y opositores; la persistencia de la impunidad y la negación de los derechos de las víctimas para acceder a la verdad, la justicia y la reparación integral.
Hace 30 años un sinnúmero de demócratas, líderes intelectuales, sociales y políticos, trabajadores, campesinos, poblaciones indígenas, comunidades afrocolombianas, mujeres y jóvenes, liderados entonces por los doctores Alfredo Vázquez Carrizosa, José Gutiérrez, Jaime Pardo Leal, Héctor Abad Gómez, Gilberto Vieira y otras destacadas personalidades, animados por la amplitud y la pluralidad, nos confundimos en el primer Foro Nacional por los Derechos Humanos como respuesta a la represión gubernamental contra la oposición política y social, amparada en el Estatuto de Seguridad, que cubrió impúdicamente una oleada de detenciones arbitrarias, torturas y condenables abusos de autoridad.
Ayer como hoy, los colombianos del campo y la ciudad exigimos poner fin a la guerra a través del dialogo y la solución política, que se nos permita alcanzar la democracia y construir la paz, pedimos que se proscriban las ejecuciones extrajudiciales y se garantice la vida y la libertad; queremos reconstruir la economía en la perspectiva de la justicia social, requerimos el reconocimiento de las víctimas de la violencia para avanzar en la reconciliación nacional, propugnamos la eliminación de la exclusión, la desigualdad y la injusticia. El propósito del Movimiento de colombianas y colombianos por la Paz , liderado por la Senadora Piedad Córdoba, de buscar un intercambio humanitario y los diálogos para la paz tiene nuestro apoyo.
