La Constitución Política de 1991 concedió facultades a las Autoridades indígenas para administrar justicia en todas las ramas del derecho, de manera forma autónoma, integral e independiente, de acuerdo con sus usos y costumbres, normas y procedimientos propios y la legislación indígena especial vigente dentro de su ámbito territorial. No obstante, han transcurrido doce años de la promulgación de este mandato, y hasta la fecha el Congreso de la República no lo ha reglamentado.
La Procuraduría General de la Nación suscribió un convenio con la embajada del Canadá encaminado a impulsar la aplicabilidad de la Jurisdicción Especial Indígena, consagrada en el Artículo 246 de la Constitución Política de 1991.
El artículo establece que: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a Constitución y las leyes de la República. La ley establecerá las formas de cooperación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.
No obstante, luego de doce años de consagrado este mandato, hasta la fecha el Congreso de la República no ha reglamentado el artículo que permitiría crear los mecanismos de coordinación y regulación entre el Sistema Judicial Nacional, la Jurisdicción Especial Indígena y las autoridades administrativas o de policía.
A raíz de lo anterior, se han presentado dificultades en la aplicación de este derecho, debido al desconocimiento de la ley por parte de las autoridades judiciales ordinarias, como también de las propias comunidades indígenas.
Por estas razones, se suscribió el proyecto Impulso a la aplicación de la Jurisdicción Especial Indígena, consagrada en el artículo 246 de la Constitución Política, como fundamento del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas en Colombia, que está en cabeza de la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, que cuenta con el apoyo económico y técnico de la embajada canadiense, para desarrollar, en un período de ocho meses, 3 fases, entre las cuales se contempla la realización de talleres dirigidos a los integrantes de las organizaciones indígenas y los servidores de la rama judicial. Además, se espera que las comunidades indígenas, al ser las principales beneficiadas, enriquezcan el proyecto con sus experiencias y aportes.
De esta forma, se pretende fortalecer las facultades judiciales de las comunidades indígenas, como también que, de manera concertada, el Congreso por fin apruebe, mediante un proyecto de ley estatutaria, una la ley que permita la coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional.
¿Falta de voluntad política?
En la actualidad cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley, presentado por el senador indígena Jesús Enrique Piñacué y con ponencia del senador Carlos Gaviria Díaz, que busca esa coordinación, proyecto que espera que en la discusión exista la suficiente voluntad política para que sea aprobado, pues no es la primera vez que en las Cámaras se presenta una iniciativa de esa naturaleza, siendo negada por los parlamentarios.
En la memoria de los dirigentes indígenas aún está presente cuando el Representante por el departamento de Córdoba, Reginaldo Montes, con ayuda del ex parlamentario Odín Sánchez, hundieron la iniciativa en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, bajo el argumento de que el Congreso de la República estaba legislando demasiado a favor de las comunidades indígenas, y considerando el proyecto como inconveniente.
En esa oportunidad, el senador Piñacué, apelando a un recurso establecido por la Ley 5 de 1992 que posibilita que un proyecto de ley que ha sido negado en una Comisión Constitucional sea estudiado en otra, logró que una comisión accidental estudiara el proyecto y valorara la posibilidad para que el mismo fuera discutido en la Comisión Séptima. Así ocurrió y el proyecto fue aprobado en dicha Comisión. Sin embargo, en su paso por la plenaria de la Cámara de Representantes, el parlamentario Reginaldo Montes, esgrimiendo los mismos argumentos, volvió a oponerse a la iniciativa y logró que fuera nuevamente rechazada.
