Con el objetivo de fortalecer la autonomía, la autoridad, la unidad y la organización de los 84 pueblos indígenas existentes en Colombia, el senador indígena Jesús Enrique Piñacué Achicué inició su ofensiva legislativa en el Congreso de la República para su segundo periodo de sesiones.
Las principales propuestas del congresistas por la Alianza Social Indígena se concentran nuevamente en el tema de los mecanismos de coordinación entre el sistema judicial y la jurisdicción especial indígena, consagrada en el artículo 246 de la Constitución Política y que está en mora de reglamentación. El otro punto está referido a la presentación del servicio militar por parte de los indígenas.
“Quiero ser enfático en que, en el proyecto de Jurisdicción Especial, presentado por segunda vez, desarrolla el artículo 246 de la Constitución Política, el cual establece que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de sus ámbitos territoriales, de acuerdo con sus usos propias normas y procedimientos. A lo largo de más de 10 años de vigencia de la Constitución, el Congreso ha sido incapaz de reglamentar los mecanismos de coordinación entre esa jurisdicción especial y el sistema judicial nacional. También quiero resaltar la disponibilidad del Consejo Superior de la Judicatura para el trámite. La iniciativa ha sido materia de estudio por diversos actores y sectores, recibiendo críticas y apreciaciones muy positivas”, sostuvo el congresista.
Por otro lado, el dirigente indígena también enfila sus esfuerzos a contrarrestar los efectos indirectos que implica la voluntariedad de los indígenas en la prestación del servicio militar. Aunque los indígenas están exentos de prestar el servicio (Ley 48 de 1993), la decisión voluntaria de algunos han motivado para que el Ministerio de Defensa valore la posibilidad de que los indígenas puedan prestar el servicio, aspecto que repercutiría sobre la unidad de los distintos pueblos.
Al respecto, el senador Piñacué afirmó que: “Nuestra autonomía se basa y tiene peso en lo que ratifican las normas y leyes del Estado. De esta forma, existen artículos que eximen a los indígenas de prestar el servicio militar. No obstante, las personas indígenas que se han ido a prestar éste servicio de manera voluntaria, han hecho que esta excepción se desmorone, y le ha dado pie para que la Ministra de Defensa y los altos mandos militares se agarren de para avanzar y valorar el reclutamiento de indígenas. Entonces, la iniciativa busca plantear la discusión, con el propósito de quitarle peso a la decisión de que el reclutamiento se haga a partir de la voluntad de cada indígena, planteando que la voluntariedad no recae en el individuo sino en las Autoridades Tradicionales”.
