Como la tierra roja y candente del norte del Cauca, estuvieron los ánimos entre los más de dos mil nativos de la región que se reunieron el pasado jueves 19 de febrero, en la vereda Bodega Alta, resguardo Huellas, municipio de Caloto, para iniciar uno de los procesos más importantes para el movimiento indígena de los últimos tiempos: el juicio al teniente coronel Juan Vicente Trujillo por el asesinato del comunero Olmedo Ul, quien resultó muerto, el pasado 31 de diciembre de 2003, por el impacto de proyectiles de fusil disparados segundos después de haber pasado en una motocicleta por un retén militar.

Ese día de intenso sol, transitaban por la polvorienta carretera que conduce a Caloto las innumerables chivas repletas de rostros indígenas. Hombres, mujeres, niños y niñas se peleaban un puesto en estos destartalados camiones para llegar, sea como sea, a una cita considerada por algunos como histórica.

Un kilómetro cuesta abajo del punto de encuentro, la guardia indígena requisaba a cualquier parroquiano que quisiera entrar, para tratar de evitar incidentes desagradables durante el evento. Cuesta arriba, se vislumbraba un río de personas que subían con maletas, ollas, animales, sillas y mucho afán.

En la cima, una casona enorme, algo descuidada y donde los indígenas de Caldono realizan todo tipo de actos, los convocantes a la Audiencia Pública, encabezados por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), recibían a la gente con sorpresa, pues no esperaban que la asistencia fuera de tal magnitud. La locación quedó pequeña.

No importó el amontonamiento, no importó el hacer una jornada de más de 20 horas, lo fundamental era hacer presencia, y apoyar el proceso.

Sobre el medio día, y al frente de la casona, una improvisada tarima hacía las veces de estrado. En ella, se encontraban los palabreros conducidos por Armando Valbuena, ex presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), encargados de conceder la palabra.

En la parte inferior de la tarima se encontraba el tribunal indígena, compuesto por 16 gobernadores, quienes, con sus bastones de mando, dictan justicia en todo el Cauca. A su lado derecho, una silla de color rojo, marca rimax, esperaba ser ocupada por el teniente coronel José Vicente Trijillo, comandante del Batallón de Infantería No. 8 “Héroes de Pichincha”, quien fue citado para responder por el asesinato de Olmedo Ul. La silla permaneció vacía durante todo el evento, aunque la presencia del militar había sido confirmada el día anterior. Ante este desplante, la multitud gritaba en coro: “...que se presente el militar a darle la cara a los indios”. 

La ausencia del militar, sin embargo, no fue impedimento para que la asamblea y el juicio continuaran. 

“Nosotros no vamos a dejar que se pisoteen nuestros derechos, nuestra autonomía y jurisdicción propia. Por eso nos levantamos en resistencia pacífica en contra de los que nos han vulnerado y violentado” decía uno de los muchos carteles con los que los indígenas habían empapelado los árboles de la zona.

El tribunal indígena emitió los cargos acusatorios que se le imputan al militar en medio de la algarabía del cansado pero efervecente público. Seguidamente, se sentó la posición indígena de rechazo a los actos de violencia y, sobre todo, a la política de seguridad democrática del actual presidente Álvaro Uribe Vëlez, la cual - en el sentir de los indígenas - es la responsable de las violaciones a los derechos humanos en el departamento.

“Nosotros le hicimos saber al presidente Uribe, en el consejo de seguridad del pasado 15 de diciembre en Popayán, que nosotros no estábamos de acuerdo con su política de seguridad democrática, y que mucho menos la aceptaremos dentro de nuestros territorios”.

Esta sentencia se dictaminaba ante la mirada de cientos de personas representantes de organizaciones que acompañaron el proceso, como campesinos, sindicatos del Valle, Brigada de Paz, Defensoría del Pueblo, ONG´s de derechos humanos nacionales e internacionales, medios de comunicación alternativos y demás amigos que fueron garantes del cumplimiento y seguridad del evento.  

Posteriormente, la asamblea escuchó y aprobó un informe sobre la situación de orden público en la zona norte, donde se enfatizó sobre los abusos cometidos contra los comuneros y la población civil por parte de las autoridades militares y de policía. 

“Nosotros no reconocemos a ninguno de los actores armados del conflicto. No reconocemos a las guerrillas ni a los paramilitares, y, ahora, decimos una cosa: si las armas del Ejercito de Colombia, esas mismas que asesinaron a Olmedo Ul, son las que defienden esta patria y a sus habitantes, no queremos que nos defiendan ni nos representen. Por eso no reconocemos a nadie como nuestro defensor”.  

El tercer juicio

A pesar que la Corte de Suprema de Justicia determinó que la Jurisdicción Especial Indígena sólo puede juzgar a miembros indígenas cuando hayan cometido delitos al interior de los territorios, el juicio al teniente coronel Juan Vicente Trujjillo es el tercer caso donde un tribunal indígena busca juzgar a personas o grupos no indígenas. 

En los dos juicios anteriores, el tribunal indígena juzgó la responsabilidad de miembros del Ejército de Liberación Nacional y de las FARC EP por las muertes del guardia indígena Alfredo Acosta y del emblemático líder Cristóbal Secué Tombé respectivamente. En ambas oportunidades, el tribunal logró que ambas fuerzas ilegales aceptaran su responsabilidad en los hechos.

“A los pueblos indígenas les asiste el derecho de defender su autonomía, territorio, identidad, integridad y seguridad frente a cualquier agresión, sin importar quienes la causen. Por ello continuará el proceso de esclarecimiento de cualquier hecho que viole los derechos de estos pueblos, incluyendo el ejercicio del derecho de dictar y ejecutar sentencias según usos y costumbres del derecho propio para que se haga justicia”.

Como a las tres de esa tarde, y en medio de un calor pegajoso, cada uno de los 16 gobernadores indígenas que conformaban el tribunal, firmaron una carta en donde se consignaron todas las preguntas que se le hicieron al comandante militar y también los casos de abuso de autoridad cometidos por la Fuerza Pública. Dicha misiva tiene un plazo para su respuesta de 8 días, a partir de los cuales se citará una nueva Audiencia Pública  

Finalmente, la Audiencia concluyó con una serie de actos culturales –música y danza- que refrescaron los candentes ánimos que se respiraban en los alrededores. La multitud hambrienta desocupó los puestos de comida tradicional que se montaron para dicho propósito y, poco a poco, se fue desocupando aquel sitio protagonista de la justicia indígena.