La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por diez años a los alcaldes de Maicao y Manaure, departamento de la Guajira, por irrespetar e interferir en la autonomía de las comunidades indígenas Wayuú, habitantes ancestrales de la península colombiana.
En el municipio de Maicao fueron destituidos: el alcalde Ovidio Mejía Marulanda y su secretario de Asuntos Indígenas, José Trinidad Lubo Pushaina.
De igual forma, en Manaure fueron destituidos: la alcaldesa Sara Isila Aguilar Huertas y a su Secretaria de Asuntos Indígenas, Hortensia Deluque.
La medida fue tomada por hechos sucedidos en el año 2002, cuando los ahora ex-servidores públicos, se negaron a registrar o posesionar a las Autoridades Tradicionales que las mismas Comunidades Wayuú de Papumana, Ishamana, Casutalain, Musamana y Jacolibao reconocieran según Usos y Costumbres, alegando propias interpretaciones de esos "Usos y Costumbres", conducta considerada por la Procuraduría como una intromisión en la esfera de su autonomía.
Para la Procuraduría: “las conductas de los investigados presentan un lado reactivo - negativo de omisión de hacer (dar posesión o registrar a las Autoridades), y un lado activo - positivo de interferir e intromisión indebida en los asuntos privativos de la parcialidad indígena, al argüir adentrándose en la esfera de autogobierno y autodeterminación de estos Pueblos, dando explicaciones y oponiendo puntos de vista a la clara intención de publicar ante el Estado a quien reconocen como su Autoridad, para los efectos que correspondan”.
