Aunque se sigue rumorando la muerte de 13 indígenas y la desaparición de 30 más tras una incursión de las autodefensas el pasado 19 de abril, una comisión de verificación de la Defensoría del Pueblo, que tuvo lugar a finales del mes de abril, estableció el asesinato de Rosa Lince y la muerte por inanición de un anciano.
La comisión determinó que Bahía Portete y Puerto Nuevo, jurisdicción del municipio de Uribia, son poblaciones fantasmas. Las casas fueron saqueadas y se registra el desplazamiento de por lo menos 500 personas. En la Casa Indígena de Uribia también se ubican 22 personas, en su mayoría niños, provenientes de Bahía Honda.
Frente a las 13 personas asesinadas y las 30 desaparecidas, a pesar que varios comunicados emanados por las comunicados indígenas reseñan los nombres de las posibles víctimas, las autoridades de la región hasta el momento no han podido establecer la veracidad de los hechos.
De acuerdo con información presentada por el periódico El Tiempo, un documento manejado por la Coordinación Nacional de Derechos Humanos de la Policía Nacional señala que en la zona opera el grupo Contrainsurgencia Wayuú Bloque Norte, que al parecer enfrentan a integrantes de las comunidades indígenas.
Al respecto, el citado documento menciona que: “Esta situación puede obedecer a las políticas que viene manejando este grupo ilegal <<Contrainsurgencia Wayuú Bloque Norte>> consistente en el desplazamiento de los clanes que tienen injerencia en esta zona, ya que la región es de vital importancia para la salida de estupefacientes por los diversos puertos naturales sobre el litoral guajiro o por diferencias personales entre las autodefensas y los indígenas Wayuú de la zona"
Por ahora la situación más dramática se concentra en la población desplazada que se encuentra en el municipio de Uribia. La comisión de verificación de la Defensoría pudo establecer que las condiciones en la que se encuentran las familias desplazadas son deplorables.
“Estas personas no cuentan con chinchorros, hamacas y baños. Algunos miembros de esta etnia indígena se desplazaron hacia Maicao, en la Guajira, y otros hacia Maracaibo-Venezuela”, sostiene la Defensoría.
Por ello la Defensoría solicitó a la Red de Solidaridad Social agilizar la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia. Además recomendó a las autoridades encargadas del tema preparar un plan de emergencia para atender a los desarraigados por la violencia en Uribia, que incluye a 135 personas censadas por la Personería Municipal que se encuentran en Puerto Bolívar.
Por su parte, el gobierno nacional solicitó a la Fiscalía General de la Nación que establezca las acciones pertinentes para establecer la veracidad de las denuncias presentadas por voceros de la comunidad. De igual forma, ordenó a las FFMM que adopten las medidas necesarias para garantizar la protección de los indígenas.
