Un nuevo acto de injuria y acusaciones judiciales contra la autonomía indígena fue denunciado por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), ante la detención y posterior liberación de uno de los gobernadores tradicionales de esa región, por parte de la Fiscalía en Santander de Quilichao.
Los hechos sucedieron el pasado viernes 30 de abril de 2004, cuando el gobernador suplente del cabildo de Munchique y coordinador del Movimiento Juvenil de la zona norte, Pablo Andrés Tenorio, fue citado por la Fiscalía a responder por las acusaciones de rebelión, acto seguido es detenido y encarcelado.
“Estos actos de violencia, intimidación contra un líder comunitario, como las detenciones masivas que se viene realizando en el Resguardo de Tacueyó, donde han detenido 8 compañeros acusados de rebelión, utilizando testigos falsos de la misma manera que viene ocurriendo en otras regiones del país con nuestros hermanos indígenas y demás sectores sociales, son actos que hacen parte de la política de “SEGURIDAD DEMOCRATICA” del presidente Álvaro Uribe Vélez. Política que vulneran la Organización Indígena, viola claros preceptos del Derecho Internacional Humanitario contribuyendo con esto a aumentar la angustia y zozobra en la comunidad terminando de agravar de manera notoria la difícil situación que viven las comunidades indígenas en nuestros Territorios Ancestrales” afirman directivas de la ACIN.
Sin embargo, un día después de la detención del dirigente, el movimiento indígena, la guardia y miembros de la comunidad se agolparon por más de cuatro horas frente las instalaciones de la Fiscalía, exigiendo pacíficamente la liberación de Tenorio.
Esta reacción inmediata produjo la liberación de Andrés Tenorio, para lo cual la Fiscalía dijo no haber encontrado mayores pruebas que obligaran al líder indígena a permanecer privado de la libertad.
“Reiteramos nuestro urgente llamado a las autoridades penales y a los organismos de control, para que de manera inmediata, esclarezcan estos hechos que agraden la reputación personal de comuneros trabajadores; afectando de paso la dignidad del Movimiento Indígena. No entendemos como quienes ante la Constitución y la ley tienen el deber de garantizar y proteger los derechos y la vida de la población civil sean quienes precisamente nos atropellen de esta manera”.
Para la ACIN, es de vital importancia que los organismos defensores de Derechos Humanos del orden Nacional e Internacional, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, realicen un seguimiento, monitoreo y evaluación de las actuaciones de la fuerza publica: “quienes actuando erróneamente a nombre del Ejercicio Constitucional que les ordena “velar” por el bienestar de la población Colombiana atropellan y señalan sistemáticamente gente inocente”.
