La ley forestal, que está a un debate de ser aprobada en el congreso, a sido objeto de múltiples crÃticas, pero en el fondo de la cuestión se encuentra un choque entre derechos de naturaleza económica y derechos referidos al Medio Ambiente, pero además, vemos en juego principios y derechos constitucionales, de mucha importancia como los referidos a la protección de la diversidad étnica y de los territorios indÃgenas.
Aquellas personas que se inscriben en defensa del primer grupo de derechos, entre los cuales se cuentan los ponentes del proyecto en el congreso, alegan a su favor que, en las crÃticas, ha primado la desinformación, puesto que, según ellos, la iniciativa protege los territorios y comunidades indÃgenas y afrocolombianas de múltiples formas.
El sector ambientalista está liderado por las principales Organizaciones no gubernamentales encargadas de la protección del medio ambiente, a las que se le suman, ex –ministros del sector de gobiernos pasados. Todos ellos enviaron una carta al Congreso de la República manifestando sus serias preocupaciones por los vacÃos y fallas jurÃdicas que presenta el respectivo proyecto, que va en total contravÃa de la legislación ambiental vigente.
Parece ser que la crÃtica más severa que se le hace al proyecto, es la concerniente a la falta de participación de las comunidades directamente afectadas en la construcción de este proyecto, que según dice la misiva, han manifestado que el articulado atenta contra sus derechos culturales y territoriales. Distintas instancias nacionales y internacionales, tales como la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han establecido que es necesario realizar consultas a los respectivos sectores que se van a ver perjudicados, antes de diseñadas y aplicar medidas.
Claramente, la mejor solución para controversias de este talante, es la ponderación de los derechos que se encuentran en juego, es decir, analizar cuales son todos los derechos en juego y cuales serÃan las consecuencias de la preferencia de uno sobre otro, y de esta forma tomar la decisión que logre el menor perjuicio para los respectivos derechos en juego. Esta debiera ser el mecanismo de solución de controversias que aplique el Congreso siempre que se vea en esta situación, sin embargo, muchas veces factores exógenos, como el afán sin lÃmites de lucro, pueden llevar a que este ejercicio de ponderación no se de libremente, sino que se incline hacia la solución que más utilidad económica de, sin importar sus consecuencias.
Debe evitarse en esta discusión, de forma radical, la intromisión de estos factores, puesto que siendo Colombia el séptimo Estado con mayor riqueza forestal en el mundo, es un fácil blanco de explotación desmesurada, que normalmente tiene como resultado el perjuicio de todos y el favor de unos pocos.
Por último, cabe recordar que el principio constitucional de la ‘pluralidad’ se traduce en la realidad en el respeto irrestricto de las culturas y en general de todo el entorno que rodea a la diversidad de étnias que habitan el territorio Colombiano, lo que implica que las decisiones legislativas y gubernamentales deben estar siempre guiadas (o limitadas) por el afán de fructificar cada uno de estos entornos, y encontrar el punto exacto de armonÃa en donde converjan todas las creencias sin exclusiones. Por lo cual si la ley forestal atenta contra los territorios indÃgenas y afrocolombianos, se estarÃa en total contradicción con este principio, pues se sacrificarÃa intereses en vez de congeniarlos.
