Tras haber recorrido las comunidades de Atanquez, Chemesquemena, Guatapurà y La Mina, del resguardo indÃgena kankuamo, ubicado en el departamento de Cesar (Colombia), los integrantes de la II misión de acompañamiento al pueblo kankuamo, sostuvieron un encuentro el dÃa de ayer, con el gobierno departamental para dar a conocer un primer balance de la visita, especialmente en lo relacionado con la situación de derechos humanos en la región. En el marco de esta reunión, el Secretario del Gobierno, José Luis Urón, se comprometió a que la delegación ingresarÃa en su totalidad, a la cárcel judicial de Valledupar y se le facilitarÃa el acceso a los kankuamo detenidos, asà como el uso de equipos de audio y video para registrar los testimonios de los indÃgenas. Lo anterior debido a que sólo se habÃa autorizado el ingreso a 16 personas, cuando la delegación superaba las 50.
Sin embargo, sobre las 3:00 p.m., cuando la delegación se encontraba en las afueras de la cárcel, el director del centro penitenciario, Hugues Maya, informó que no podÃa autorizar el ingreso de todos los miembros de la misión sino tan sólo a 16 de ellos, en contravÃa con el compromiso adquirido por José Luis Urón en horas de la mañana. De esta manera se frustró uno de los puntos más importantes puntos en agenda de la misión de acompañamiento. Asà lo señalaron los integrantes de la delegación quienes permanecieron por más de 3 horas a las afueras de la cárcel esperando la autorización que nunca llegó.
Bajo el sol, y luego la lluvia, los activistas de derechos humanos, representantes de las ONG colombianas y de diferentes paÃses, danzaron la danza del chicote en sÃmbolo de protesta y en honor a la lucha y resistencia del pueblo kankuamo. Pasadas las cuatro de la tarde, se esfumaban las esperanzas de poder ingresar al penal. Juan Carlos Maestre, esposo de Daliluz RodrÃguez, quien hace casi un año está detenida, se desplazó, al igual que otros de los familiares detenidos, desde los diferentes corregimientos del resguardo indÃgena con la ilusión de poder visitar a los suyos, pero a las cinco de la tarde, terminó por aceptar que no podrÃa verla y entregarle algunos alimentos y regalos que le habÃa traÃdo. Esa misma sensación de impotencia embargó a los demás miembros de la comunidad kankuama y la misión de acompañamiento.
La Misión de Acompañamiento calificó de inaceptable esta decisión, cuando en horas de la mañana se habÃa autorizado el ingreso de la delegación a la cárcel judicial. En un comunicado de prensa que emitieron en la noche del 18 de julio, expresaron que esta acción les llevaba a pensar que “las condiciones humanitarias al interior del centro penitenciario han empeorado respecto a la primera misión realizada en noviembre de 2005. El incumplimiento de este sencillo compromiso pone en duda la credibilidad frente a la realización de los restantes acuerdoâ€.
Por su parte, el secretario de gobierno de la gobernación del Cesar, José Luis Urón, dijo a Actualidad Étnica, que no aceptaba se descalificara los buenos oficios que desde esta instancia se adelantaron para permitir el ingreso de la delegación. Desde la secretarÃa de gobierno se hicieron las gestiones necesarias para que se autorizara el ingreso de la totalidad de la misión, la presencia de los 24 detenidos y la posibilidad de hacer grabaciones de audio y video, pero en ningún momento se dijo que esta decisión dependÃa de la secretarÃa de gobierno, manifestó Urón. “Nosotros hablamos con el Coronel David Guzmán, director regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelaria, INPEC, incluso nos comunicamos con los asesores del General Morales, director nacional de INPEC, para que se pudiera solucionar la situación. Se hizo todo lo posible, pero debemos insistir que esta es una decisión que sólo le compete a este organismoâ€.
El problema, fue también de tiempo y logÃstica, manifestó el secretario de gobierno, porque el ingreso de sesenta personas y la movilización de más de 20 detenidos implica una serie de medidas que requieren la máxima preparación y más aún en una cárcel de estas caracterÃsticas.
Frente al tema de los compromisos, informó que en el dÃa de hoy se llevó a cabo una reunión con los coroneles del Batallón de La Popa, en donde se les trasmitió las preocupaciones de la Misión de Acompañamiento con relación a la presencia de la fuerza pública en lugares protegidos por el Derecho Internacional Humanitario como escuelas, residencias de la población civil y los lugares sagrados.
Del mismo modo, sostuvo un encuentro con el Alcalde Valledupar, Ciro Pupo Castro, para transmitir las recomendaciones frente al tema de las corregidurÃas en los resguardos, que según la Misión no deben existir en estas comunidades pues debilitan el gobierno propio de los indÃgenas.
Sostuvo que en los próximos dÃas se reunirá con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, regional Cesar, para analizar la situación de las madres comunitarias del resguardo kankuamo. La Misión pudo determinar que esta es una de las problemáticas más agudas del pueblo kankuamo. Muchos de los niños que se atienden en los hogares infantiles del resguardo, perdieron a sus padres por cuenta del conflicto armado que ha azotado esta zona del paÃs.
Finalmente, los integrantes de la Misión que culminó en la noche de ayer, manifestaron que “fortalecerán su acompañamiento al pueblo kankuamo fundamentalmente en lo relacionado con detenciones arbitrarias e injustas, realización de megaproyectos en el resguardo que amenazan la integridad y el carácter sagrado de los territorios indÃgenas en los cuales los pueblos que allà viven con derechos a administrar y cuidar sus recursos, según los tratados internacionales y la misma Constitución PolÃtica de Colombia de 1991â€.
