Bogotá, 21/09/2006. El 16 de septiembre, Wilder Fabián Hurtado Yule, de 10 años, fue la primera y última vez que tocó un computador. “Esa tarde llegó a mi casa y subimos a Jambaló porque me dijo que quería aprender sistemas. Aprendió muy rápido a usar Internet y cuando llegamos donde los papás, él les dijo ‘este pecho ya sabe algo más’. Nunca podré olvidar eso”, contaba en medio de la tristeza su tío Fernando Hurtado.

Esa fue la última vez que Fernando pudo compartir con su sobrino, porque a las 11:36 p.m., cuando 2.500 indígenas nasa de la comunidad de Zumbico, municipio de Jambaló (Cauca), celebraban el Día del amor y la amistad y recolectaban fondos para la escuela, en el patio de la casa del niño, cayó una granada. Las esquirlas le causaron la muerte a Wilder y graves heridas a Bautista Yule, conductor de la ambulancia del hospital de Jambaló.

A su edad, Wilder era un verdadero líder en su escuela: cursaba grado tercero y se desempeñaba como tesorero del cabildo escolar del Centro Docente Zumbico. “Wilder era un niño muy inteligente, y desde ya se notaba quién iba a ser en el colegio; le gustaba jugar fútbol y se la llevaba muy bien con sus compañeritos, ellos lo van a extrañar mucho”, dijo su tío Fernando Hurtado, a propósito de la tragedia que hoy tiene a su familia y a toda una comunidad sumida en el dolor y la indignación. “Los padres de Wílder, y su hermanita de 14 años, dijo Hurtado, están simplemente destrozados”, indicó a Actualidad Étnica.

Ayer más de 3.000 indígenas despidieron a Wilder en una marcha que se inició en horas de la mañana y terminó pasadas las cuatro de la tarde en el cementerio de la comunidad. “Lo único que me queda, es que el niño se fue como un grande. Yo nunca había visto un sepelio así, fue muy bonito ver la solidaridad del pueblo de Jambaló”, señaló Hurtado.

Hurtado expresó que la familia está tratando de recuperarse, “pero la perdida muy grande y lo que pasó es irreparable”. Sin embargo él junto a su comunidad harán todo lo que sea necesario para que este caso no quede impune y para que se haga justicia. “Queremos que pongan la cara y que no nos maten tan cobardemente. Lo que pasó no fue resultado de una falla técnica, porque no es posible que el ejército no se percatara de que 2.500 personas estaban concentradas en un lugar. Además días antes al bingo, se habían lanzado granadas muy cerca del caserío”, sostuvo Hurtado.

“Zumbicó es una vereda de más de 1.000 habitantes en donde funciona una cooperativa muy antigua, con más de 150 asociados. A nosotros siempre se nos ha tildado de guerrilleros y ahora tratan de decir que lanzaron esa granada porque había combates. Esa noche no hubo combates, todo estaba muy tranquilo”, puntualizó.

Jambaló en medio del juego cruzado

El cabildo indígena del resguardo de Jambaló, calificó los hechos como un atentado terrorista. “La granada cayó a 40 metros del lugar donde nos encontrábamos concentrados, a 5 metros de la vivienda del indígena Bautista Yule Rivera y a 92 metros de la estación de gasolina”, sostuvieron.

Silvio Dagua, miembro del cabildo de Jambaló dijo que si bien respetaran el fuero militar y la justicia ordinaria, como pueblo indígena tienen la libertad de sesionar en su propio tribunal y emitir un fallo. “Tenemos la autoridad para hacer el juzgamiento pues la explosión de la granada se produjo en nuestro territorio. Queremos que respondan por lo que pasó, porque éste no es el primer caso. Además, debido a la presencia de los militares se han presentado diferentes problemas. La fuerza pública está en medio de la comunidad, se meten con las mujeres de los comuneros e incluso algunos de ellos fuman marihuana. Jambaló se encuentra, literalmente en medio del conflicto, el ejército está en el pueblo y la guerrilla en el monte y eso ha terminado por convertirse en algo normal”. Por esa razón, los indígenas de Jamabaló han solicitado en repetidas oportunidades al gobierno nacional retire la fuerza pública de su comunidad.

Marco Antonio Cueita, alcalde de Jambaló, aseguró que la situación que vive su comunidad es muy compleja. Jambaló, que tiene la doble condición de municipio y resguardo indígena, está en medio de la confrontación militar entre los bandos del conflicto y las víctimas de los enfrentamientos es la cuota que tiene que pagar la población civil, por el hecho de estar en medio del fuego cruzado.

“Vivimos en permanente zozobra y en un medio latente. En cualquier momento del día o de la noche, recibimos hostigamientos de un lado o de otro. Muchas veces la guerrilla lanza granadas contra las garitas de la fuerza pública que están ubicadas en medio de los bienes de la población civil: viviendas, escuelas y lugares comunitarios. Así mismo la fuerza pública hace ataques a la insurgencia que está en las afueras y esos artefactos explosivos caen en medio de la comunidad. Eso sucedió, por ejemplo el 27 de mayo de este año cuando una granada cayó en una casa y resultaron heridos dos comuneros, uno de ellos casi pierde la pierna. Este caso está en investigación, pero lo que está claro es que fue la fuerza pública”.

La población de Jambaló, que es 99% indígena y tiene un importante nivel de organización representado en el cabildo, ha luchado por permanecer en su territorio a pesar del conflicto. Cada vez que se presentan combates, en lugar de aumentar los cordones de marginalidad en las grandes ciudades, han resistido en sus comunidades, como desplazados internos en su propio territorio, lo cual les ha costado el desconocimiento por parte del programa presidencial de Acción Social, que no brinda apoyo a menos de que haya un desplazamiento fuera del municipio.

“Hemos insistido permanentemente para que la Fuerza Pública se concentre en un solo lugar y las garitas no estén en medio de la población civil. Tan sólo hace las 15 días entregué al comandante de la policía una solicitud de la comunidad para que se agilice la construcción del puesto de policía, la cual ya fue aprobada por el consejo municipal. También hemos acudido a las Naciones Unidas para que se reubiquen la fuerza pública en el territorio y no estén en cercanías de centros educativos, comunitarios y las viviendas de la población civil”, señaló el alcalde de Jambaló.

Cueita sostuvo que el caso del niño muerto no es más que un triste ejemplo de la dura situación por la que atraviesa esta comunidad de constante riesgo y tensión.

Que se aplique la justicia indígena

A su vez, el senador de la Alianza Social Indígena, ASI, Jesús Piñacué, se pronunció sobre lo ocurrido en Jambaló. “El deber de la unidad militar es informar qué soldado y en qué circunstancias provocó una muerte y el dolor general de la comunidad Páez. Nosotros tenemos competencia constitucional para hacer el juicio y así lo vamos a exigir al Gobierno Nacional”, sostuvo el congresista indígena quien respalda la decisión de la Junta de Autoridades Indígenas del Cauca, en el sentido de solicitar “al Gobierno Nacional el respeto y la aplicación de la Jurisdicción Especial de Indígenas para que investigue y juzgue la muerte del menor muerto por el impacto de un mortero del Ejército Nacional”.

Piñacué que se desplazó a la zona, sostuvo que “con la garantía del debido proceso, una Comisión Investigadora de indígenas reunirá todas las pruebas que permitan demostrar que fue una de las unidades del Ejército la que disparó el mortero que impactó en la humanidad de un niño de diez años”. Agregó que “ya ni siquiera es objeto de discusión que los delitos cometidos contra la población indígena no llegan a sentencia alguna por parte de la justicia penal militar como tampoco la ordinaria, razón por la que sólo nos quedan dos instancias para derrotar la impunidad: los tribunales internacionales y la Jurisdicción Especial Indígena”.

“Es una situación lamentable, pero fortuita”, dice mayor de la Tercera Brigada

Por su parte, el Comando de la Tercera División del Ejército Nacional, lamentó el hecho e informó que el lanzamiento de la granada por parte de tropas de batallón Pichincha, se dio como respuesta a “un hostigamiento de la columna móvil “Jacobo Arenas” de las FARC”. Sin embargo, en su comunicado sostienen que el hecho se produjo el “17 de septiembre de 2006 en horas de la madrugada”, mientras que la comunidad asegura que el suceso tuvo lugar a las 11:36 p.m. y en ese momento no se presentaba ningún tipo de confrontaciones.

Según el ejército, el batallón Pichincha actuó “a raíz de explosiones que se escucharon en la vereda Loma Gorda, lanzaron una granada de mortero que al parecer por fallas técnicas quedó corta con relación a su objetivo, haciendo explosión cerca de una vivienda, resultando herido por efecto de las esquirlas el señor Bautista Yule Rivera y muerto un menor de edad”.

“Conocido lo sucedido el comandante del ejército y el comandante de la Tercera División se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos, para enterarse personalmente de la situación, ordenar las investigaciones respectivas y recabar las ordenes a fin de evitar que los hechos lamentables como estos se repitan”, puntualizaron en un comunicado firmado por el Brigadier General Hernando Pérez Molina, comandante de la Tercera División.

En diálogo con Actualidad Étnica, el Mayor Oscar Mier Granda, oficial de acción integral Tercera Brigada, a la que está adscrito el batallón Pichincha, dijo que el ejército reconocía los hechos y no pretendía eludir la responsabilidad que les asiste como institución. “Es una situación lamentable, pero fortuita, nunca hubo la intención de causar daño a la comunidad y mucho menos a un niño”.

Indicó que ya se creó una comisión de verificación técnica para investigar lo que sucedió, pero hasta el momento todo señala que fue una falla técnica en la granada la cual no llegó al lugar indicado. Frente a la pregunta de que si tenían conocimiento de la actividad que se desarrollaba en la comunidad, dijo que no sabían del bingo y que el batallón se encuentra a 4 kilómetros del lugar de los hechos.