La Conferencia Episcopal Argentina presentará un documento en el que reclama una polÃÂtica fuerte en favor del derecho a la tierra por parte de las comunidades indÃÂgenas. El informe se emitirá el lunes.
La Iglesia lanzará esta semana una fuerte defensa del derecho a la tierra de los pueblos aborÃÂgenes y los pequeños productores, ante el proceso de concentración y extranjerización que observan en el paÃÂs, y reclamará por una polÃÂtica que garantice una justa distribución, se informó hoy.
El reclamo está contenido en "Una tierra para todos", un libro que la Conferencia Episcopal Argentina presentará el lunes en su sede de Suipacha 1034, elaborado en conjunto por las comisiones de Pastoral AborÃÂgen, Pastoral Social, Cáritas y la Universidad Católica Argentina (UCA).
"La falta de una polÃÂtica estatal fundada en una equilibrada distribución de las tierra rurales, en el marco del predominio de una concepción utilitaria de la propiedad como un bien de mercado y como bien social, fue generando en el paÃÂs un fuerte proceso de concentración de las tierras productivas", diagnostica el estudio en su segundo capÃÂtulo.
Esta concentración se debió a "la venta de derechos de posesión de pequeños productores emprobrecidos a grandes corporaciones de capitales, nacionales y extranjeras".
Al referirse a la cuestión de la extranjerización, el trabajo dice que "representa un proceso de pérdida de soberanÃÂa y de recursos naturales, asàcomo de concentración de la tierra en capitales extranjeros" y señala que "no hay impedimento legal" para la compra de grandes extensiones de tierra por parte de corporaciones extranjeras.
Luego, denuncia que "resultan cada vez más excluidas las mayorÃÂas y especialmente los aborÃÂgenes, de manera tal que en nuestro paÃÂs el hambre y la malnutrición representan algunos de los problemas principales debido a medidas polÃÂticas que limitan el acceso de las familias a la tierra y a los recursos que hay en ella".
Según el relevamiento que realizaron los organismos de la Iglesia, de un total de 900 comunidades indÃÂgenas en todo el paÃÂs, dos tercios no cuentan con los tÃÂtulos de propiedad de sus tierras, y mencionan como "preocuopante" la situación de los grupos de Salta y Neuquén.
Ante esta situación, las comunidades indÃÂgenas "son susceptibles de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para los emprendimientos empresariales" y señalan que en otros casos "estas presiones toman la forma del olvido y abandono por parte del Estado".
"A una década de la incorporación del inciso 17 en el artÃÂculo 75 de la Constitución, que reconoce la preexistencia de los pueblos indÃÂgenas, pareciera que la situación de las comunidades se agrava cada vez más y los problemas estructurales que padecen se agudiza dÃÂa a dÃÂa", advierte el texto.
En ese sentido, consideran "impostergable y urgente saldar la deuda histórica que -como paÃÂs- tenemos con los pueblos indÃÂgenas".
Otro capÃÂtulo del libro se refiere al "déficit social" en relación a los problemas de tenencia, titulación y habitabilidad de tierras urbanas y suburbanas, que "no constituyen algo reciente en nuestro paÃÂs, sino una realidad de larga data".
"Con el crecimiento del desempleo, la precariedad laboral y la pobreza, junto con la incapacidad del Estado para articular una polÃÂtica estratégica de desarrollo económico y social, estos problemas han tendido a intensificarse", dicen los obispos.
También se menciona en el trabajo la necesidad de la explotación racional de los recursos naturales de modo de evitar la contaminación ambiental y el desequilibrio ecológico.
Hacia el final del trabajo, el libro contiene una serie de propuestas "hacia el Estado y la sociedad", entre las que sugiere "establecer una polÃÂtica de largo alcance que contemple integralmente la cuestión de la tierra y los recursos naturales".
También proponen "generar polÃÂticas fiscales que favorezcan el uso racional y eficiente de la tierra, de manera adecuada y equitativa" y "garantizar el acceso y la seguridad jurÃÂdica de la tenencia de la tierra".
Asimismo, instan a "facilitar el traspaso de tierras de minifundistas acortando procesos burocráticos innecesarios y asegurando que las transacciones de propiedades sean transparentes" y "diseñar polÃÂticas ágiles que permitan el traspaso de tierras fiscales a la población carenciada que las ocupa".
En relación a las comunidades aborÃÂgenes, solicitan implementar programas de regularización dominial de las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas, sancionar una ley nacional que establezca un trámite sumario para la titulación en forma comunitaria, establecer programas de adjudicación y recuperar las tierras fiscales que fueron adjudicadas ilegalmente en violación de las leyes vigentes.
