En este sentido se realizó en Bogotá durante los días 28, 29 y 30 de julio el Foro Nacional de Intercambios de Experiencias, Proyecto: "Extensión de la Coordinación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena". Allí se reúnen pueblos indígenas de todo el país, jueces y magistrados de las Cortes colombianas y académicos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad El Rosario, que coordina el Foro.
Los pueblos indígenas presentaron sus experiencias y expresaron todo el sentimiento humano de cada una de sus culturas. Los kogui se robaron el escenario con un efusivo discurso sobre sus formas de vida y sus antecedentes históricos como componentes de su Sistema Integral de Justicia.
Se trata de coordinar el resquebrajamiento cultural y espiritual que causó la llegada a sus territorios de los "inspectores -antiguos jueces de los pueblos- y la religión católica; estos salvajes dejaron resquebrajada nuestra colectividad", manifestó Arregocés Conchala, autoridad kogui.
A pesar de este resquebrajamiento los kogui perviven para contar su historia, conservar su cultura y mantener las enseñanzas ancestrales. Arregocés contó como vinieron los extraños -conquistadores y colonizadores- a cambiar hasta los nombres, a bautizarlos y casarlos, sin que ellos aceptaran estas costumbres extrañas.
Muchos aspectos de su colectividad fueron vulnerados por la presencia de los no indígenas en su territorio tales como la titulación de tierra individual, contrario a sus principios colectivos y al uso de la tierra para preservar su cultura y sus valores, que es lo que la justicia ordinaria llama códigos y normas.
El líder kogui añoró cómo los procesos de coordinación de justicia con otros pueblos como los yukpas y los wayuú no fueron difíciles porque había ese entendimiento y respeto de la diferencia. Indicó que su organización, Gonawindúa Tayrona, como cualquier organización indígena surgió para defender los derechos, la cultura, el territorio, el conocimiento y el pensamiento indígena.
La Justicia de los kogui es coordinar todo el resquebrajamiento a que fueron sumidos y recuperar el territorio ancestral y los sitios sagrados aunque para ello se demoren "100 años", manifestó Arregocés.
Los kogui, al igual que los otros pueblos indígenas, basan su sistema jurídico en reorientar sus vidas y no en castigar o encerrar gente en la cárcel como lo hace el sistema judicial colombiano.
El propósito de este intercambio de experiencias es socializar experiencias de intercambio entre las dos jurisdicciones con base en el diagnóstico realizado, la propuesta pedagógica y las propuestas de coordinación diseñadas en los talleres de formación de formadores liderados por la Universidad El Rosario y la Escuela Judicial en ejecución del Proyecto.
Beatriz Londoño, directora de la Facultad de Jurisprudencia de El Rosario y coordinadora del Proyecto Jurisdicción Especial Indígena le dijo a Actualidad Étnica fueron varios los aspectos a resaltar durante el encuentro:
"el primero es la diversidad de pueblos de regiones presentes en el desarrollo de este encuentro; fruto de este proceso que hemos realizado, donde hay muchos elementos que unen a estos pueblos, sus necesidades, sus requerimientos y urgencias frente al respeto de su Jurisdicción Especial Indígena, de su gobierno, diversidad e integridad de los pueblos indígenas.
"Otro aspecto a resaltar es la presencia de los operadores de la justicia; jueces y magistrados en los talleres; empieza a vislumbrase una nueva mentalidad. Puede que sea un proceso lento y haya que esperar muchos años, pero seguramente se verá reflejado en unas mejores decisiones, en unos mayores acercamientos entre operadores judiciales y autoridades indígenas para la defensa de los derechos étnicos...
"...Pienso que esta tarea de sensibilización, de acercamiento, de rescate y respeto por los derechos étnicos es muy importante en el país".
Todos los pueblos presentaron sus experiencias; algunos de sus procedimientos y algunos casos en que ha sido muy difícil el proceso de coordinación. Coinciden en que su sistema jurídico no es sólo lo referente a lo penal, sino un proceso integral que abarca su territorialidad, su cultura, cosmovisión, cosmogonía; "la armonización y el equilibrio, el conocimiento de los derechos y las normas constitucionales", afirmó uno de los jueces indígenas del Consejo Regional Indígena del Huila.
Agregó que se tiene que entender y reconocer que es un proceso diferente si se quiere que haya coordinación.
La profesora Beatriz Londoño afirmó que un elemento clave hacia la coordinación fue mostrar en los talleres la forma como juzgan los indígenas; "fue muy importante dar a conocer la integralidad de la justicia indígena; ellos buscan la solución de los problemas, en su sistema jurídico no hay una división de tareas como por ideas o ramas como si existe en nuestro sistema judicial, desde esa perspectiva es necesario que el juez habrá un poco su mente a entender esa integralidad de la justicia".
Agregó que es importante que las demás autoridades también entiendan este sistema, "no solamente tiene que entenderlo el juez. Ahí está el reto, estamos hablando de problemas penales, pero también de temas relacionados con familia, con niñez, temas relacionados con medio ambiente, megaproyectos; en todo eso la Jurisdicción Especial Indígena tiene la facultad de ejercer justicia.
"Es allí donde debemos entender y abrir más la mente que la justicia no es sólo el tema penal; creo que esto ha sido una deformación de los académicos, y como la mayoría de casos que han llegado a las cortes penales son aspectos penales pensamos que es sólo en esa área que se puede ejercer justicia, eso es falso".
El Consejo Superior de la Judicatura indicó que la coordinación es un reto suyo y de los pueblos indígena; "trabajamos con base en un modulo intercultural (espiritualidad, cosmovisión) para formar jueces y magistrados indígenas.
"Se busca fortalecer el sistema de derecho propio y visibilizarlo ante los jueces y magistrados para trascender a todos los sistemas de justicia locales y nacionales", aseguró Diego Bolívar, coordinador del Programa de Jurisdicción Especial Indígena, de la Judicatura.
Bolívar explicó que esta primera parte, del Proyecto se realizó con apoyo de la Unión Europea y tuvo como propósito "adelantar todo un estudio de diagnostico de las necesidades de conformación y fortalecimiento del sistema de Derecho propio. El segundo punto fue la estructuración de un programa de formación a partir del diagnostico, que respondiera a las necesidades planteadas.
"Luego la conformación de una red de formadores (interculturales, jueces indígenas y jueces y magistrados de la justicia ordinaria) que trabajen los programas de formación construidos. Concluimos con este intercambio de experiencias para evaluar como nos fue y para mirar cuáles son las estrategias de coordinación a seguir para que ésta sea plena y acorde con la visión de los pueblos beneficiarios".
Los pueblos beneficiarios del proyecto presentan una serie de dificultades similares entre otras que habitan en zonas de alto índice de conflicto armado, zonas de difícil acceso, pueblos en vías de extinción. Por eso ellos solicitaron la continuación del Proyecto.
Actualidad Étnica indagó sobre su continuación y efectivamente el Consejo Superior confirmó que al Proyecto le faltan dos fases por desarrollar. La fase dos ejecutará ese programa de formación y la conformación de escuelas propias en cada uno de los 18 pueblos beneficiarios con el propósito de fortalecer el Sistema de derecho propio y que exista esa concordancia a futuro.
La tercera fase se enfocará en validar la escuela que se de, dejarla funcionando y hacerle acompañamiento a los procesos de coordinación que surjan.
La diversidad no es desigualdad
Serios interrogantes surgieron de las experiencias regionales presentadas una de las más relevantes la planteó Leonor Zalabata, lidereza del Pueblo Arhuaco "qué saben los poderes estatales de las culturas indígenas y sus justicia".
Dijo que el Estado tiene la obligación de igualar las condiciones de coordinación, "pero cómo se puede coordinar la justicia cuándo los territorios están militarizados... los indígenas no suplimos eso con la intromisión del Estado y su gobierno".
Sin embargo Leonor valoró estos espacios como una oportunidad para abrir esos caminos; "el proceso permitió una apertura de las vivas voces de los indígenas, de lo que ellos consideran justicia y también permitió conocer las consideraciones de los jueces y magistrados".
Concluyó que para que haya coordinación debe haber condiciones de igualdad y comprender que la diversidad no es desigualdad".
Los indígenas también reclamaron respeto por sus autoridades y jueces; manifestaron que muchas autoridades civiles y militares no reconocen la legitimidad de la autoridad tradicional indígena.
Sin embargo algunos líderes indígenas destacaron el entendimiento con algunas administraciones al respecto. Un líder arhuaco, le dijo a Actualidad Étnica que la gobernación de su departamento, el Cesar, tiene muy buena voluntad política hacia los pueblos indígenas, "pero hay que tener en cuenta que la administración departamental por más voluntad que tenga, está presionada por el gobierno nacional y por los intereses del capital".
Actualidad Étnica habló con Simón Martínez Ubarnez, Secretario de gobierno del Cesar quien manifestó que para ellos como gobierno departamental "es muy importante reconocer las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas; interactuamos con los cabildos, con los gobernadores, con las autoridades locales, con los consejos de mayores y lo que ellos deciden o actúan les respaldamos.
"Hacemos mediación ante otros organismos como el ejército y la policía para que se respeten esas instancias tradicionales de gobernabilidad que ellos manejan. Las relaciones son de mutuo reconocimiento y mutuo respeto".
La mayoría de participantes en el encuentro consideraron que este proceso ha sido muy importante porque ha abierto las puertas a la interlocución y permitió dar a conocer el sistema integral de justicia a los jueces y magistrados de la republica.
Gunchigwey Torres, líder arhuaco de la Confederación Indígena Tayrona, CIT, valoró el evento como muy importante: "esto permite que los pueblos indígenas planteen sus necesidades; es un espacio de reflexión para que los pueblos indígenas tengamos una sóla voz y busquemos la unidad entre nosotros para hacer resistencia a los intereses que tiene el Estado y todos los estamentos del gobierno".
Lo que queda
Beatriz Londoño, dijo a Actualidad Étnica que los retos de este proyecto son muchos. "El primero es un reto interno de los pueblos indígenas; continuar sus debates sobre el fortalecimiento de su Jurisdicción. La continuación es una prioridad, ellos lo han manifestado, para el fortalecimiento de su jurisdicción.
"Un segundo reto es la coordinación con otras instituciones; en las regiones se han ideado diversas formas para darle continuidad a esos esfuerzos de coordinación: comités, reuniones permanentes.
"Las organizaciones y pueblos indígenas deben tener como una prioridad a futuro ampliar esos espacios de coordinación con las instancias institucionales y con otras organizaciones; urgente es la coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con alcaldes y gobernadores regionales, con el ICBF, incluso con las fuerzas armadas porque hay grandes necesidades y prioridades de respeto en territorios indígenas.
"Un tercer reto es un llamado a la participación de las mujeres en la Jurisdicción Especial Indígena, no sólo en los debates, sino que a futuro haya más mujeres participando como autoridades indígenas en estos escenarios. Este debate que ya empezó a darse en la Sierra y en muchos otros pueblos con los que trabajamos es muy importante y necesario, aunque no sabemos cuánto dure".
