El Tribunal Superior de Quibdó se negó a respaldar una tutela del Ministerio del Interior con la que se pretendía frenar una orden de desalojo de una comunidad afrocolombiana de sus tierras ancestrales.
Según los voceros de la comunidad y los religiosos que los acompañan, la acción judicial pretendía rectificar la decisión de una juez de Riosucio, Chocó, que amparó la supuesta propiedad de la empresa Tukeka, desconociendo las resoluciones del Incoder que reconocen la propiedad ancestral de las comunidades negras.
Hasbun está preso desde el año pasado, pues la Fiscalía lo investiga como enlace entre el Bloque Bananero de las Autodefensas y la multinacional Chiquita Brands.
La investigación judicial por genocidio en Curavaradó involucra las actividades de la empresa Tukeka, en cuyas manos terminaban los títulos de los miembros de la comunidad que iban siendo asesinados o amenazados para desalojar sus tierras.
