Los resultados en materia legislativa para los grupos indígenas no fueron favorables. Las presiones por parte de algunos legisladores, que consideran que para los indígenas “existen demasiadas prebendas”, no permitieron que se adelantaran iniciativas importantes.
El balance legislativo para los grupos indígenas en la legislatura que culminó sus sesiones formales en la madrugada del viernes fue negativo. Proyectos como jurisdicción especial, registro civil para los pueblos indígenas y ordenamiento territorial quedaron en el tintero. Actualidad Étnica efectuó un barrido sobre el estado en que culminaron las iniciativas que presentaron algunos de los senadores y representantes indígenas.
Jurisdicción especial y Registro Civil
La iniciativa, presentada por el indígena páez Jesús Enrique Piñacué, buscaba reglamentar el artículo 246 de la Constitución Política, sobre los mecanismos de coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia especial indígena. Su trámite fue tortuoso, toda vez que, a pesar de ser un mandato constitucional reglamentar dicha coordinación, el proyecto fue archivado en su primer debate en Comisión Primera de Cámara. Igual suerte corrió el proyecto de Registro del Estado Civil para pueblos indígenas, presentado por el indígena emberá Francisco Rojas Birry, el cual buscaba permitir que las autoridades tradicionales pudiesen ejercer las funciones de registro al interior de sus comunidades, cuya ubicación geográfica por lo general no permite que los miembros de una etnia puedan registrarse ante una Registraduría. Como lo denunció en su momento Actualidad Étnica, ambos proyectos fueron considerados por el representante del departamento de Córdoba Reginaldo Montes como “inoportunos” pues atentaban contra el derecho a la igualdad de los colombianos.
Lo anterior obligó a los senadores a interponer acciones consagradas en la Ley 5 de 1992 para que los proyectos tuvieran debate en otra Comisión Constitucional. Luego de varios meses de estudio, ambos proyectos fueron aprobados en la Comisión Séptima de Cámara, aunque en su paso por la plenaria fueran nuevamente hundidos.
Dimos peleas fuertes en lo referente a los dos proyectos, sin embargo, fuimos, literalmente, derrotados. Es difícil adelantar gestión a favor de nuestras comunidades cuando en el parlamento los legisladores aún no entienden un elemento fundamental como es la diversidad étnica y cultural. El proyecto de Ordenamiento Territorial, por ejemplo, quedó en discusión en Comisión Primera de Senado, aunque su concertación con los ponentes se dio desde octubre del año pasado, demostrando la poca disposición para legislar sobre un tema que no sólo interesa a los indígenas, sino a toda la sociedad en su conjunto. En materia de transferencias todos los colombianos colocamos nuestra cuota de sacrifico, con el agravante de que para los grupos étnicos esa cuota resulta ser más costosa dada nuestra condición de vulnerabilidad. Finalmente, hay que decir que tras cuatro años de trabajo, para los grupos étnicos fue favorable la expedición de las leyes 649 y 691 del 2001; la primera sobre la participación política de grupos poblacionales minoritarios a través de una circunscripción especial en Cámara, donde se adjudicó una curul para un representante indígena y dos curules para representantes de comunidades negras; la segunda referente a la participación de los pueblos indígenas en el sistema de seguridad social en salud. Ambas leyes son conquistas importantes”, puntualizó el indígena Francisco Rojas Birry.
En el caso del proyecto de Ordenamiento Territorial, el Secretario General de la Comisión Accidental de Ordenamiento Territorial, Gregorio Eljach, considera que “la propuesta legislativa del Senador Rojas Birry, miembro principal y directivo de la Comisión, tiene que ver exclusivamente con el tema indígena, y dentro de lo indígena se contrae a lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, es decir, cómo desarrollar en categoría de ley orgánica la parte referente a los artículos 329 y 330 constitucionales que introdujeron, en armonía con el 286, la figura de la entidad territorial indígena. Ese proyecto, de carácter autónomo y para ser tramitado como ley orgánica independiente, fue acumulado, en sus orígenes, con otros tres proyectos sobre ordenamiento territorial, porque el asunto del Ordenamiento Territorial indígena es medular al Ordenamiento Territorial colombiano, que es tal vez la forma más novedosa que se introdujo en la constitución de 1991”.
Balance en la Cámara de Representantes
Por su parte, el balance en la Cámara de Representantes no fue más halagüeño. En dicha cámara no se tramitó ningún proyecto que beneficiara las comunidades indígenas. No opinan lo mismo los directamente responsables. Para el Representante por el departamento de Guainía, Jhony Aparicio Ramírez, su labor parlamentaria en el último año estuvo enfocada en dar prioridad a todos aquellos proyectos que benefician el desarrollo de las comunidades indígenas en materia económica, social, cultural y ecológica que beneficien, especialmente, a los departamentos de la Amazonía colombiana. En ese sentido, Aparicio Ramírez tramitó iniciativas sobre temas como el fortalecimiento del Fondo Nacional del Cacao y el fomento de un Fondo Educativo.
De igual forma, promovió convenios, tratados y acuerdos internacionales, entre los que se destaca el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías; el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de1997 y el tratado de prohibición completa de ensayos nucleares, adoptado en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1996.
A su vez trató temas como la negociación colectiva adoptada en la sexagésima séptima reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo de 1981 y la modificación de la Ley 191 de julio 23 de 1995 con respecto a zonas de frontera.
