“Vamos todos a erradicar manualmente la coca”, es la propuesta de la Organización Indígena de Antioquia, OIA, quienes el pasado 26 de octubre manifestaron en un comunicado a la opinión pública, su posición frente a la problemática de las fumigaciones con glifosato.
El comité ejecutivo de la OIA señaló que han descubierto cultivos de coca pertenecientes a narcotraficantes en el seno mismo de sus resguardos, condición que vulnera la autonomía sobre su territorio, los estigmatiza y atenta contra la seguridad de sus comunidades.
Los madereros, ganaderos y cultivadores de palma también los pone permanentemente en esta situación. Ellos han traído consigo la deforestación de los bosques y la presencia de los paramilitares en sus territorios sagrados. A todo este escenario se le suma las fumigaciones que atentan contra la salud y la calidad de vida de los indígenas de la región.
La solución al problema de los cultivos de coca con fines ilícitos no son las fumigaciones. Según la OIA, el gobierno nacional en cabeza del presidente Álvaro Uribe, debe reconocer primero que las comunidades rurales son víctimas de este flagelo y no quienes los propician. En ese sentido el gobierno debe contemplar “posibilidades diferentes a las fumigaciones que ocasionan tanto y más daño que los mismos narcotraficantes”.
La OIA afirmó que el gobierno tan solo dará soluciones definitivas a los cultivos de coca con fines ilícitos cuando los indígenas hayan perdido sus territorios a manos de ganaderos, paramilitares y narcotraficantes. “Finalmente ese es el propósito que tiene trazado para con los Pueblos Indígenas: robarnos hasta la última hectárea de tierra para abrirle paso a las multinacionales y sus megaproyectos (lo demuestra las continuas agresiones a las comunidades que vienen desarrollando procesos de recuperación de tierras)”, puntualizaron en el comunicado.
Ante este panorama la decisión de los indígenas es la erradicación manual de las plantaciones de coca con propósitos industriales. Para lo cual invitan a las agencias de cooperación internacional, a las embajadas, a las ong’s ambientales, a la iglesia, a las entidades defensoras de Derechos Humanos y a los medios de comunicación a que se sumen a esa tarea.
