Poseedora del bosque tropical húmedo más extenso del mundo, con flora y fauna que constituyen, por sí solas, más de la mitad de la biota mundial, conformada por cientos de miles de plantas y millones de animales, muchos aún desconocidos por la ciencia occidental, sus aguas representan entre 15 al 20% de toda la reserva de agua dulce del planeta Tierra, solo el gran Río Amazonas vierte el 15.5% de las aguas no saladas al océano Atlántico, es la Amazonia con una extensión de 7´584.331 km2 (1).
En este mundo en diversidad de especies, estamos los Hunikuin, Shuar, Yine, Kichwa, Tagaeri, Machsco y tantos otros centenares de Pueblos milenarios denominados indios, protectores de nuestros territorios en los que están casi el 100% de bosques y su biodiversidad hoy existentes. Amenazado por factores políticos, económicos y sociales, la Amazonia se encuentra en un proceso continuo de ocupación, tensiones, conflictos, daños humanos y ambientales, justificado por el mito de la integración, aliviar la pobreza de otras regiones y tratando de encontrar allí el modelo del desarrollo sustentable sobre la base del conocimiento ancestral y formas de relación armónica pueblos indígenas - naturaleza.
Los diversos intereses sobre los recursos estratégicos existentes en la amazonía: uranio, petróleo, niquel, zinc, cobre, oro, recursos genéticos, entre otros, han hecho de esta vasta región un lugar propicio para la generación de conflictos y han creado figuras y conceptos para determinar adjetivos a la naturaleza bajo la figura de áreas protegidas, como parques nacionales, reservas forestales, faunísticas, ecológicas, etc. estableciendo nuevos impactos en nuestros territorios, superponiendo falsos intereses de conservación que limitan nuestros derechos territoriales sin tomar en cuenta nuestra existencia desde tiempos inmemoriales.
Ninguna de estas figuras representan garantía de protección verdadera a los 197.513.647(2), ya que son absorbidas por intereses de explotación minera, petrolera, maderera, colonización y turismo. Como ejemplo en el Parque Nacional Yasuní (Ecuador) donde ocurrió recientemente el genocidio del Pueblo Tagaeri, precisamente por la instigación permanente de los traficantes de madera.
Por otro lado, los planes de manejo de las áreas protegidas no han tomado en cuenta de manera adecuada la existencia de los habitantes locales, forzándoles a migrar a otros espacios donde ya existen otros actores sociales.
Además de estos, hay incumplimiento de las pocas legislaciones existentes en los países de la región. Esto forzado por un sistema económico destructivo del medio ambiente por la facilidad de obtener licencias de operación sin considerar los principios humanos y sociales básicos de los pueblos indígenas, como es el caso de la presencia de compañías petroleras en territorio huaorani (provincia de Pastaza – Ecuador), en donde existen los siguientes bloques petroleros adjudicados: PETROECUADOR, Bloque 14 de Vintage; Bloque 16 de Repsol-YPF; Bloque 21 de Kerr MacGee; Bloque 31de Pérez Compac.
Para nosotros aun es más complejo, considerando las prácticas habituales de asistencialismo, división, cooptación para justificar los supuestos acuerdos o consultas a las comunidades, pueblos y organizaciones.
Como forma de superar estos conflictos es indispensable asegurar las garantías de nuestros territorios como medio de protección de la naturaleza, que debe ser respetada y apoyada por los actores principalmente los gobiernos porque es la mejor garantía de hacer conservación con la presencia de la vida humana, como somos los pueblos indígenas. Entonces, solo así se pondría en la práctica las declaraciones de principios de la Cumbre de la Tierra, la Agenda 21, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Foro Intergubernamental sobre Bosques, entre otros de los instrumentos internacionales de mayor relevancia en materia ambiental.
En los casos en que se superponen áreas protegidas en nuestros territorios, se deben reconocer nuestra preexistencia y los derechos ancestrales incluso antes de la adopción de cualquier normal legal reconociendo el uso y manejo de los recursos naturales existentes en los territorios indígenas, así como la misma responsabilidad de coadministración con la participación de nuestras propias instituciones de gobierno local.
Por lo visto, en esta relación de áreas protegidas – territorios indígenas han generado desencuentros y es necesario implementación de planes de acción prácticos y de respecto a nuestra existencia como pueblos en nuestra diversidad y ante de los sistemas o criterios creados por intereses económicos o por ocupación territorial.
- La preeminencia de nuestros derechos territoriales sobre cualquier figura de protección, así como el libre acceso y controle de los recursos naturales existentes.
- La prohibición de todo tipo de actividades extractivas externas en las áreas protegidas ya declaradas.
- Eliminación de superpoción de áreas, en particular aquellas que afectan nuestros territorios, y garantizar los beneficios económicos por los servicios ambientales.
- La participación directa de nuestras organizaciones representativas en las tomas de decisiones políticas, jurídica y otros que nos afectan.
1. Suma de 7´584.331 km2, en los países: Bolivia 824.000; Brasil 4.982.000; Colombia 406.000; Ecuador 123.000; Guyana 5.780; Perú 956.751; Venezuela 53.000; Surinam 142.800 y Guyana Francesa 91.000. (TCA, 1994).
2. De las 197.513.647 hectáreas de áreas protegidas están divididas de la siguiente forma: Bolivia, 4.338.000; Brasil, 116.150.140; Colombia, 24.217.703; Ecuador, 2.248.426; Perú, 15.110.378; Surinam, 574.000; Venezuela, 18.613.000, Guyana Francesa, 8.180 y Guayana, 8082.
