La Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) informó que por lo menos 200 indígenas Asháninkas, pertenecientes a la Organización Ashaninka del Gran Pajonal (OAGP), se integrarán a las acciones de defensa de la comunidad de Chorinashi (Tahuanía), quienes evitan el ingreso del consorcio maderero Forestal Amazónico.
El conflicto se inició cuando el gobierno peruano aprobó una concesión para que en territorios ancestrales indígenas, ubicados en la región selvática de Ucayali, el consorcio maderero adelante actividades de extracción. De acuerdo con las organizaciones indígenas, la entrega de los territorios amenaza la supervivencia de 17 comunidades indígenas, aparte del alto impacto ambiental.
De acuerdo con el periódico virtual Correo Indígena, en la región de Ucayali “pueden surgir conflictos similares al de Chorinashi debido a que existen problemas de superposición en territorios de comunidades nativas por parte de concesiones otorgadas a empresas forestales”.
Algunas de las comunidades donde puede producirse un conflicto son las siguientes:
Provincia de Atalaya – Distrito Tahuanía
§ Chorinashi
§ Jatitza
§ Azuaya
§ Betijay
§ Santa Clara
Provincia de Coronel Portillo – Distrito Masisea
§ Alto Tamaya
§ Nuevo California
§ Nueva Amazonia de Tomajao
§ Cametsari Quipatsi
§ San Miguel de Chambira
Provincia de Padre Abad – Distrito San Alejandro
§ Mariscal Cáceres
§ Yamino
Para la Organización Regional Aidesep Ucayali “el Consorcio Forestal Amazónico viene realizando actividades de extracción de madera selectiva, de manera oportunista y anárquica, dentro del territorio de la comunidad. Asimismo señalan que la empresa habría efectuado tráfico de influencias a fin que una asesora de la alta dirección del Ministerio de Agricultura interceda a favor del consorcio”.
Además, hay denuncias sobre la manera como el Consorcio Forestal Amazónico y sus empresas integrantes, Anaconda y Piezas y Partes, han instalado un campamento en la zona, trazando una carretera que atraviesa otras comunidades sin que exista algún contrato de servidumbre. En la zona del Shyamashya se trazó otra carretera, lo que implicó la tala indiscriminada de 30 árboles de la especie shihuahuaco, sin contar con los estudio de impacto ambiental respectivos, por lo que la organización indígena solicitó se investigue las actuaciones del consorcio forestal.
Para los próximos días se espera la visita de una comisión de verificación integrada por representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), la Defensoría del Pueblo, entre otros.
