“Cuando el último árbol se haya ido y el último río se haya muerto, entonces la gente comprenderá que no podemos comer ni oro ni plata. Velar por la tierra es nuestra obligación hacia nuestros ancestros, quienes nos la pasaron para las futuras generaciones”. Con estas palabras la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) defiende la acción de tutela que interpuso contra las entidades estatales, incluyendo Presidencia de la República, que soportan la política de fumigaciones. La acción de tutela se encuentra en estudio en la Corte Constitucional, y un fallo a favor de la organización obligaría a desmontar la estrategia de fumigaciones por aspersión aérea que en la actualidad afecta a más de 30 millones de hectáreas
En jaque se encuentra la Política antidrogas del Gobierno colombiano, en lo que tiene que ver con su programa de fumigaciones sobre cultivos ilícitos, ante una acción de tutela presentada por la OPIAC, en junio de 2001, y que en este momento se encuentra en proceso de revisión por el máximo tribunal de control constitucional, la Corte Constitucional. Si el fallo es a favor de la organización, las fumigaciones aéreas, componente clave del Plan Colombia que cuenta con ayuda militar y económica de Washington por 1.300 millones de dólares, se tendrían que desarticular en las más de 30 millones de hectáreas que abarcan los 659 resguardos indígenas (estimados por el DANE y DIFP-DDP del DNP/2003) existentes en el país. La tutela fue conocida en un principio por el Juzgado Quince del Circuito de Bogota, 23 de julio de 2001. .
La OPIAC considera que la fumigación por aspersión aérea, con la mezcla química del herbicida glifosato, en territorios indígenas de los departamentos del Guaviare, Putumayo, Caquetá, Vaupés, Guainía y Amazonas, constituye una amenaza contra los derechos fundamentales de la vida, el medio ambiente sano y la existencia comunitaria. Por tal razón, la organización indígena, que aglutina y representa a 58 pueblos de seis departamentos de la Amazonía y la Orinoquía, argumentó que el gobierno no había estudiado suficientemente el impacto de las fumigaciones sobre la salud y el medio ambiente, además de la consulta previa a la que está obligado el Estado para con los pueblos indígenas cuando se desarrolla un proyecto de gran impacto, en consonancia con la Ley 21 de 1991 que ratifica el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que en su artículo octavo reza: "Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario".
El Convenio también sostiene que los Gobiernos están obligados, incluso mediante convenios internacionales, a "respetar la importancia especial que para las culturas y valores de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación".
Bajo ese argumento, el 27 de julio de 2001 el juez aceptó la tutela instaurada por la OPIAC. Las fumigaciones se interrumpieron por unos días, pero el Gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana Arango apeló la decisión judicial. En su respuesta a la tutela, el Gobierno, a través de los ministerios del Interior y del Medio Ambiente, lo mismo que el Consejo Nacional de Estupefacientes y la Policía Nacional, expusieron que las principales agencias ambientales del mundo han clasificado el perfil toxicológico del glifosato como ligeramente tóxico, esto es, que el producto no causa daños graves, permanentes e irreversibles a la salud humana o, por lo menos, no existe evidencia de ello.
Una semana después, el mismo juez aclaró su disposición inicial, y resolvió no conceder el amparo solicitado y sostuvo que no existía un perjuicio irremediable, bajo el argumento de que “hay perjuicio cuando se presenta un daño o menoscabo material o moral injustificado, es decir, no como consecuencia de una acción legítima”.
Conocido el fallo, la OPIAC apeló ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, corporación que confirmó la decisión del Juzgado Quince Civil. El Tribunal consideró, el 12 de septiembre de 2001, que los demandantes no indicaron de manera individual, específica y concreta la amenaza de las fumigaciones con glifosato. La corporación también agregó que los aborígenes tenían otro mecanismo de defensa de sus derechos, esto es, a través de una acción popular ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Interviene la Defensoría
Las determinaciones anteriores llevaron a que la Defensoría del Pueblo apoyara a la OPIAC en su solicitud de revisión de la tutela ante la Corte Constitucional.
El 9 de octubre de 2002, la Defensoría expidió la Resolución Defensorial No. 026: “Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el Marco del Conflicto Armado y de las Fumigaciones de los cultivos de Coca en el Departamento del Putumayo”, en el cual asegura que “las fumigaciones continúan realizándose desconociendo normas del ordenamiento jurídico colombiano. Como esta Institución ya lo ha manifestado, la manera como se ha venido ejecutado la estrategia de erradicación aérea con químicos de los cultivos de uso ilícito desconoce la normatividad nacional que pretende asegurar la salud y la salubridad pública, y la protección y conservación del medio ambiente”.
La petición de la institución se fundamentó en el conocimiento que ha tenido acerca de los efectos que sobre el medio ambiente y la salud de las personas se podrían estar ocasionando por la indiscriminada aspersión aérea de las sustancias tóxicas utilizadas en el procedimiento de erradicación de las 160.000 hectáreas de cultivos ilícitos que hay en el país.
“En diferentes reuniones realizadas en la sede de la Defensoría del Pueblo con miembros de las comunidades indígenas, colonas y campesinas, se han denunciado las amenazas y vulneraciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, como consecuencia de la degradación del conflicto y de la aplicación del programa de erradicación de cultivos de uso ilícito”.
Luis Ernesto González, presidente de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), afirmó a Actualidad Étnica que “desde que se inició este último ciclo de fumigaciones en el municipio de Valle de Guamuez, varias comunidades se han desplazado hacia otros cabildos, incluso se han ido hasta Puerto Leguizamo y Mocoa. Los indígenas y campesinos están saliendo por decenas de sus pequeñas fincas con destino a los cascos urbanos de los municipios y hacia varios pueblos del vecino Ecuador. La OPIAC está en contra de toda política de erradicación forzada, cualquiera que sea el método que se utilice. La OPIAC considera que la erradicación manual o mecánica deben ser concertada con las comunidades y acompañada de soluciones reales para los campesinos e indígenas, que garanticen la seguridad alimentaria”.
En tal medida, la Defensoría del Pueblo argumentó ante la Corte Constitucional que, en relación con las sustancias químicas que se emplean en el programa, no se cuenta con estudios técnicos y científicos que demuestren que éstas tienen bajos niveles de toxicidad y que determinen cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que su aplicación no afecte los derechos de las personas.
A juicio de la Defensoría, la ejecución de la estrategia de fumigación aérea se ha traducido en la afectación de los derechos a gozar de un ambiente sano, a la salud y a la vida que se encuentran en cabeza de los pobladores de las diversas regiones en donde se ha desarrollado el programa.
En manos de la Corte
La decisión final se encuentra en manos de la Sala Plena de la Corte Constitucional, máximo organismo de ese tribunal, cuyos nueve miembros tendrán que resolver, en un tiempo no estipulado, si las fumigaciones se suspenden o no en los territorios indígenas. Sin embargo, a partir de la intervención de la Defensoría del Pueblo, estaría en cuestión no solo la aspersión sobre los resguardos, sino la fumigación en general.
Las reacciones no se han hecho esperar. En una carta dirigida a cada uno de los nueve los magistrados de la Corte Constitucional, el Ministro de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, señaló la inconveniencia de suspender las fumigaciones. Uno de los párrafos que causó mayor molestia entre los magistrados sostiene: "Con una tutela semejante, las mafias de Colombia y de los Estados Unidos, las FARC, el ELN y las AUC celebrarían grandes festejos; la nación quedaría sumida en la perplejidad y condenada a verse destruida por los grupos terroristas". En su carta, el ministro califica de sorprendente el hecho de que el proceso siga vigente después de dos años, y argumenta que carece por completo de sentido que pueda tener lugar la Tutela ya que este es un mecanismo diseñado para conseguir la protección inmediata de derechos fundamentales amenazados.
Por su parte, en la editorial del 2 de mayo de 2003, el diario El Tiempo aseguró que “la cuestión de fondo es si se reemplaza un mecanismo controvertido y de efectos colaterales dañinos por otras medidas que pueden ser más rentables en términos de acrecentar la legitimidad del Estado y la eficacia contra el narcotráfico: la erradicación manual o voluntaria, ganándose a las comunidades con programas sociales, o el combate frontal contra 'chichipatos', intermediarios y compradores locales y contra el flujo de precursores químicos, o la drástica interdiccion aérea, fluvial y marítima, endureciendo una política de policía aún muy endeble. Medidas que, si se aplicaran con el mismo entusiasmo con el que hoy se fumiga glifosato, representarían, como la eventual legalización de la droga, una vía seguramente más eficaz para acabar con el criminal negocio del narcotráfico. Cuya economía ilegal -no hay que olvidarlo- financia el conflicto que desangra a Colombia”.
De otro lado, Alberto Rueda, abogado especializado en negociación y relaciones internacionales, encargado por 3 años en la Cancillería del tema de drogas ilícitas ante la ONU, afirma en carta al magistrado Alfredo Beltrán Sierra, que el ministro del Interior “no le genera a los honorables miembros de Corte Constitucional temor reverencial alguno por encima al respeto del ordenamiento jurídico, como sí le sucedió en su oportunidad al indefenso juez Quince Civil del Circuito de Bogotá, de pensar de tener que enfrentarse solo, con todo el peso del poder ejecutivo, si hubiese concedido la tutela en dicha oportunidad”. Agrega el jurista que, en caso de que la tutela se falle a favor de la organización indígena, las fumigaciones se deben prohibir en todo el territorio nacional. “Prohibir solo para ellos (indígenas) sería una gran contradicción y les podría generar presiones adicionales a las que ya sufren, hacia un punto de no retorno a la extinción cultural y de su vida misma”.
Mientras tanto, el presidente Uribe hace lobby en Estados Unidos para garantizar los siguientes desembolsos destinados al Plan Colombia y poder intensificar la ofensiva contra los cultivos de uso ilícito. Durante el 2002, fueron fumigadas 130.364 hectáreas de coca en más de 14 departamentos del país, según se informó en el reporte anual de las Naciones Unidas para Colombia. Al ritmo actual, fuentes de la lucha antinarcóticos en Estados Unidos esperan que la zona cultivada de coca en Colombia, estimada en unas 145,000 hectáreas en el 2001, se reduzca a una tercera parte o menos para el 2004 y el 2005.
Otras reacciones
Iván Gerardo Guerrero Guevara
Gobernador del Putumayo
“La cultura de la coca llegó al Putumayo al final de la década de los setenta. La coca ha estado vinculada ancestralmente a la vida de las comunidades indígenas del departamento. Pero en esa época el nivel de siembra era mínimo, lo necesario para satisfacer los requerimientos de las comunidades indígenas. Este cultivo comienza a tener un efecto muy negativo cuando el narcotráfico hace presencia y generaliza la comercialización de la hoja de coca. Esto se combina con factores como el abandono del Estado, el modelo de desarrollo eminentemente extractivista y la debilidad institucional del departamento. El Putumayo siempre ha sido percibido por la Nación como productor, no como objeto de inversión. Putumayo produce el 50 o 60 por ciento de la coca que produce Colombia. Esto, llevado a dólares, es mucha plata. Pero al departamento, a los municipios y a su gente, la coca sólo deja pobreza: pobreza moral, pobreza cultural, violencia, presencia de grupos armados que se disputan el territorio. Somos los primeros en comprender la necesidad de erradicar los cultivos de coca, pero insisto: no creemos en la eficacia de la fumigación. Nos dicen que el glifosato no afecta el suelo, y si esto resulta cierto, en tres meses el campesino volverá a sembrar. No dudo que ya existen viveros para los nuevos cultivos de coca. La lógica del campesino es que si le quemaron tres hectáreas, debe sembrar seis: tres para recuperar las que fueron quemadas y tres para vivir. Y como le quemaron aquí, se adentra en el bosque para sembrar nuevamente. Los campesinos del Putumayo manejan el glifosato. Allá se llama Roundup. Pero me han manifestado que dudan que lo fumigado sea glifosato, porque no lo reconocen. Esto puede ser, o quizás lo usan en concentraciones tan altas, que presenta otras propiedades”
Ernesto Urbina
Asesor Gobernación del Cauca
“La política de la gobernación es de completo rechazo a las fumigaciones. “Nosotros creemos que la alternativa es el apoyo, por parte del Estado, a los cultivadores a menor escala, para que estos puedan erradicar ciertos cultivos de modo manual. Las fumigaciones han afectado los cultivos de pan coger, ya que los ilícitos no son intensivos, por tanto, los agricultores siembra su papa, su yuca, sus cebollas, y al lado tienen su pequeño cultivo de coca. Por tanto, lo que se requiere es proyectos alternativos de producción, que le brinde a los pequeños cultivadores, las garantías necesarias para su subsistencia”.
Lorenzo Almendra
Parlamentario indígena
“Las comunidades han manifestado, desde el gobierno de Samper, la necesidad de erradicar este tipo de cultivos de uso ilícito –porque la naturaleza no produce cultivos ilícitos-. “La propuesta es la erradicación manual con el apoyo del Estado. Una política de acuerdo con nuestros usos y costumbres, nuestra cultura y cosmovisión. Nuestras comunidades empezaron la erradicación manual, pero ante la falta de apoyo del gobierno o la demora en ese apoyo, ha hecho que las comunidades se desanimen y dejen de un lado la erradicación. Las fumigaciones afectan el ecosistema y la salud humana, arrasan con todo y las consecuencias las tendrán que pagar la humanidad en un futuro no muy lejano. Espero que la tutela se falle a favor de los pueblos indígenas para que se evidencie el daño tan grande que estos métodos de erradicación le causan al medio ambiente, al hombre, sus cultivos y su vida”.
Parmenio Cuellar
Gobernador de Nariño
“Para empezar, considero que el programa de erradicación de cultivos ilícitos por vía aérea, es una política equivocada, y lo que observamos como alternativa es la erradicación manual y concertada con los campesinos para evitar el desplazamiento de comunidades enteras hacia otros departamentos. Las fumigaciones atentan contra la seguridad alimentaria, por lo tanto, los campesinos nariñenses han concertado propuestas de erradicación manual con el Estado, pero necesitamos un compromiso permanente del gobierno para con los campesinos y comunidades indígenas. Por ejemplo, las fumigaciones en el 2001 afectaron una granja experimental y fuentes de agua en el municipio de Samaniego”
“Coca de vida, coca de esperanza, coca de paz”
