“Si algún día se descubre la vacuna contra el sida, ocurrirá probablemente en la Amazonía”. Con este y otros argumentos las grandes compañías y laboratorios farmacéuticos del mundo se internan en la Amazonía para extraer, en la mayoría de casos en forma ilegal, especies útiles para la producción de medicinas.
La biopiratería es el robo de los recursos intelectuales -conocimientos y técnicas curativas indígenas- y biológicos de las regiones ricas en biodiversidad, para su utilización con fines comerciales. Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Surinam y Guyana ven amenazadas sus ya vulnerables regiones amazónicas por esta nueva forma de agresión.
El fenómeno se inició hace 15 años y sus mecanismos son diversos: los traficantes, bajo el disfraz de turistas recolectan hongos, animales, semillas y plantas para enviar al exterior; otras veces compran extensiones de bosque tropical en donde hacen bioprospección para identificar las especies; además, ingresan a las comunidades indígenas con diversos mecanismos para extraer el conocimiento acerca de estos recursos. Después de recolectar especies e información, patentan los productos en el exterior, los procesan y los comercializan llevándose todas las ganancias.
Los casos de biopiratería en la región de la Cuenca Amazónica son innumerables. En Ecuador, por ejemplo, se dio uno de los más conocidos relacionado con la patente sobre la ayahuasca. Durante la década de los 80, el dueño de un laboratorio farmacéutico estadounidense, Loren Miller, obtuvo plantas de ayahuasca del pueblo Cofán y al llegar a Estados Unidos obtuvo la patente de la planta. En 1996 la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, presentó una solicitud de revocatoria de la patente, pues la ayahuasca es una planta sagrada que pertenece a los pueblos indígenas amazónicos y que se ha utilizado ritualmente por cientos de años. A pesar de que la patente fue cancelada, se la reestableció en el 2001 al mismo Loren Miller.
Del mismo país, 750 ranas de la especie Epipedobates tricolor, que producen la epibatidina-analgésico 200 veces más potente que la morfina- fueron robadas y el analgésico fue patentado en Estados Unidos.
En Perú se generó un escándalo a raíz de que el gobierno japonés secuestrara el yacón, tubérculo que tiene sabor dulce, pero no engorda y que podría reemplazar al azúcar. En el hecho habrían estado involucrados el Centro Internacional de la Papa y autoridades peruanas, que sabían que las semillas iban a ser llevadas a Japón y no tomaron ninguna acción legal. El caso del yacón es una pérdida para el Perú y otros países que han cultivado la especie por siglos.
Además, los bosques de uña de gato de la comunidad Ashaninka peruana han sido deforestados por personas que comercializan la corteza.
Brasil, por su parte, ha cuestionado el registro comercial del nombre “cupuacu” como marca de la empresa japonesa Ashai Foods. Cupuacu es el nombre de una fruta de la Amazonía brasilera que al ser patentado perjudicaría a los pequeños exportadores de la fruta del país. Organizaciones como el Grupo de Trabajo Amazónico y Greenpeace han impulsado un proceso judicial contra esta empresa japonesa para que el patrimonio no siga siendo explotado sin que los beneficios sean revertidos a las poblaciones tradicionales.
Estudios de organizaciones ecologistas señalan que el tráfico de especies y conocimiento genera a la región amazónica pérdidas anuales superiores a los 10.000 millones de dólares.
Resulta muy difícil ejercer un control adecuado sobre la biopiratería. A pesar de que legislaciones como la ecuatoriana prohíbe sacar cualquier organismo sin el respectivo permiso, los controles aduaneros son ineficaces. Además, no existen mecanismos que permitan el retorno económico hacia las comunidades de donde salen los recursos. Si bien los productos de la Amazonía sirven para curar enfermedades, las ganancias son para las transnacionales, y las ambigüedades de los sistemas legales de los países amazónicos las siguen beneficiando.
