Dos semanas después de que la Ministra del Medio Ambiente, Sandra Suárez Pérez, tomara la decisión de suspender la fumigación en los parques naturales, el debate continúa por la no suspensión de la resolución 013 de 2003, que deja abierta la posibilidad de la fumigación en áreas protegidas, y el rumor sobre la posible implementación del hongo Fusarium Oxysporum para la erradicación de los cultivos ilícitos.
La utilización del herbicida fue develada, entres otros sectores, por varios parlamentarios que sostienen que el Departamento de Estado de los Estados Unidos maneja la posibilidad de utilizar el Fusarium Oxysporum en remplazo del glifosato.
“Existen documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la Embajada de Colombia en ese país en los que se propone intentar nuevamente el empleo de micoherbicidas (hongos con propiedades de herbicidas) en contra de los cultivos de coca y amapola, lo que atentaría de manera gravísima contra el medio ambiente de los colombianos”, sostienen más de 20 parlamentarios entre los que se encuentras los senadores y representantes indígenas.
Quejas en la frontera con Ecuador
A esa discusión, se suma la protesta de varias comunidades campesinas e indígenas del departamento de Putumayo que presentan nuevas denuncias sobre los efectos negativos que las fumigaciones están provocando en la zona. Lo más grave es que las fumigaciones, que se reactivaron con fuerza en el bajo Putumayo, también provoca graves secuelas en las comunidades de Ecuador, cuyas organizaciones sociales ya expresaron su voz de alarma.
“Las fumigaciones colombianas a los cultivos de coca se reactivaron en el bajo Putumayo y sus efectos se sienten con fuerza en las fincas y comunas de la frontera noreste”, sostuvo la Federación de Organizaciones Indígenas Kichwa de Sucumbíos Ecuador (Fokise), quien además viene recogiendo los testimonios de personas y comunidades afectadas en la zona fronteriza.
Algunas de las denuncias recogidas por la organización afirman que las fumigaciones se están realizando en poblaciones fronterizas de manera indiscriminada.
"Estamos desesperados; las fumigaciones ahora incluyen ataques directos a las poblaciones colombianas fronterizas, que están cerca de nuestras comunas", dice Eduardo Cuji, dirigente de la comunidad Yanamarun, en el río San Miguel.
Quejas en Nariño
En igual sentido, se pronunció el gobernador del cabildo indígena de San Agustín Río Mexicano, Luis Alberto García, quien sostuvo ante varios medios de comunicación que el herbicida está acabando con los cultivos tradicionales de la zona.
Dijo, además, que por esta situación se han paralizado proyectos de educación, construcción de vías e inversión para la agricultura; añadió que hace varios años no reciben recursos económicos para poner en marcha propuestas que estén encaminadas a desarrollar este tipo de iniciativas.
La Defensoría del Pueblo insiste en erradicación manual
Por su parte, la Defensoría del Pueblo nuevamente reiteró que opción más conveniente es la erradicación manual a través de planes voluntarios “que incluyan programas de desarrollo alternativos, teniendo en cuenta que esta estrategia es más rentable social y ambientalmente”.
Para el organismo, además, es necesario que se creen los mecanismos que permitan evaluar las reiteradas quejas de las comunidades, referidas a la afectación de la salud y a los daños de los cultivos.
”Es indispensable que el Ministerio de Protección Social adelante el plan de vigilancia epidemiológico (PVE) para evaluar los impactos en la salud humana del compuesto que se está utilizando en la fumigación de cultivos ilícitos y establezca las medidas y el plan de acción para evitar los posibles daños. Asimismo, el CNE debe revisar y revocar la Resolución CNE 13 de 2003, para ser consecuente con la política del Gobierno Nacional de no fumigar parques nacionales naturales, ni otras áreas protegidas”.
Los estudios adelantados por la Defensoría, demuestran que las fumigaciones aéreas tienen consecuencias negativas, principalmente sobre la biodiversidad, no solo por el efecto del herbicida que ha sido evaluado y reevaluado en varios contextos pero que aún no presenta claridad, sino, por el efecto de desplazamiento de los cultivos a nuevas zonas y la pérdida completa de los suelos.
