Recién llegado a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, abril del 2003 más o menos, me encontré con el anuncio de un fallo que la Honorable Corte Constitucional estaba a punto de emitir mediante el cual se iría a prohibir las fumigaciones en los territorios indígenas de la Amazonía colombiana. Tal providencia, se originaría a instancias de una tutela que la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana-OPIAC-, había interpuesto contra las fumigaciones en el Putumayo y los anuncios de erradicación forzosa en otros territorios indígenas amazónicos.
Efectivamente, la Corte Constitucional, en una Sentencia Unificada, la SU-383 del 13 de mayo de 2003, entuteló a la Presidencia de la República, a la Policía Nacional, a los Ministerios del Interior y de Justicia y del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a la Policía Nacional, al Consejo Nacional de Estupefacientes y a cada uno de sus integrantes y a la Dirección Nacional de Estupefacientes, ordenándoles “(...)consultar de manera efectiva y eficiente a los pueblos indígenas y tribales de la amazonía colombiana sobre las decisiones atinentes al Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos que las entidades mencionadas adelantan en sus territorios, en los aspectos que a cada una de dichas entidades compete,... con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas, ...con plena observancia de los principios y reglas contenidos en el Convenio 169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991”.
Esta Tutela, criticada por algunos por no haber prohibido de plano las fumigaciones, a mi modo de ver es de una trascendental importancia, ya que además de realizar un juicioso y completo estudio sobre las fumigaciones en el país, ratificó el concepto sobre la inconstitucionalidad del Decreto 1320 de 1998, que pretendió regular la Consulta Previa y desarrolló, de manera directa, el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, ordenando consultar medidas administrativas que pudiesen afectar las comunidades indígenas.
Para la Dirección de Etnias, esta Sentencia y el Plan Nacional de Desarrollo, que reconoció además de la erradicación forzosa, la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos, se convirtieron en una herramienta fundamental en relación con su función de defensa y protección de los derechos de los grupos étnicos de Colombia y soportaron lo que durante año y medio fue nuestra posición: ningún programa de erradicación de cultivos ilícitos en territorios étnicos podría implementarse sin ser consultado de manera adecuada con las comunidades interesadas.
Meses después, luego de notificada la tutela y de haber logrado ampliar el plazo inicial de tres meses para realizar la consulta ordenada y de haber concertado con la OPIAC y las entidades involucradas el proceso, la misma se realizó mediante talleres y recorridos por distintos departamentos y comunidades amazónicas y el 14 de noviembre de 2003, en una reunión realizada en Bogotá con representantes y autoridades indígenas de todos los departamentos de la Amazonía colombiana, se firmó un acuerdo que suscribió el entonces Ministro Encargado del Interior y de Justicia Doctor Juan Carlos Vives Minotti, pues el titular acaba de dejar su cargo. Es menester consignar, que sin el apoyo del Doctor Fernando Londoño Hoyos, hubiera sido imposible arbitrar los recursos necesarios para la consulta, orientar la misma con plena autonomía de la Dirección de Etnias y formalizar el convenio con la OPIAC que permitió culminarla en forma satisfactoria.
Solo para ilustrar parte de lo firmado con la OPIAC y dar fe de lo que la Dirección de Etnias impulsaba en relación con las fumigaciones, transcribo algunos apartes de los acuerdos: “La erradicación de cultivos ilícitos en la amazonía colombiana se realizará de manera concertada y verificable, entre las autoridades y organizaciones indígenas y las entidades competentes”. “El Gobierno Nacional conformará una Mesa Regional Amazónica con representantes de las organizaciones y autoridades indígenas de la amazonía... el cual se constituirá como espacio permanente de concertación para la formulación de una política regional e integral de desarrollo sostenible.” “En concertación con las autoridades y organizaciones indígenas de la amazonía colombiana, el Gobierno Nacional se compromete a formular e impulsar la aprobación de un documento de política-CONPES-, el cual contendrá aspectos económicos, culturales, políticos, ambientales y de inversión en los resguardos y comunidades indígenas de la región”.
Para hacer honor a la verdad, hay que decir que de estos tres grandes acuerdos, a la fecha solo se ha podido materializar el Decreto que crea la Mesa Regional Amazónica. Problemas relacionados con falta de recursos, ausencia de personal y cambios traumáticos en la dirección de OPIAC, no han permitido materializar cabalmente todos los acuerdos. Otros, como el de las consultas previas a la erradicación de cultivos ilícitos en territorios amazónicos, están a la espera de implementarse con algunos recursos aprobados por el Consejo Nacional de Estupefacientes.
Y para redundar en la ilustración, transcribo los acuerdos del Acta de Consulta para la Erradicación de Cultivos Ilícitos entre las Autoridades Indígenas del Resguardo Indígena Kogui-Malayo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta y el Gobierno Nacional, firmado en Nabusimake el 12 de junio de 2004, a instancias y por gestión de la Dirección de Etnias:
“1. realizar la erradicación manual de cultivos ilícitos de acuerdo con el cronograma de actividades propuesto, en las áreas en las que dichas siembras se presentan en forma de monocultivo.
2. En desarrollo de lo anterior, las autoridades indígenas junto con los funcionarios que coordinarán dicho proceso, de manera concertada, excluirán de esas actividades las áreas en las cuales se establecen los cultivos tradicionales”.
Esta iniciativa, que cuenta con seis mil millones de pesos a invertir en el costado oriental de la Sierra Nevada, está orientada al saneamiento del resguardo o de áreas traslapadas de resguardo y parque, reubicación de campesinos y su apoyo para el establecimiento de cultivos alternativos. Esta propuesta fue formulada por la Organización Indígena Goanawindúa Tairona y la Dirección del Parque Sierra Nevada y contó con el decidido apoyo de la Dirección de Etnias.
Ya liberado de responsabilidades públicas, no puedo terminar esta nota sin decir lo que pienso en relación con las fumigaciones de cultivos ilícitos. Comparto con muchos la convicción que mientras subsista el conflicto armado y no se adelante una reforma agraria integral acompañada de una política demográfica y de reducción de la frontera agrícola, las fumigaciones no pasarán de ser un costosísimo remedio que terminará siendo inocuo para el mal que pretende remediar. Los cultivos ilícitos, con su estela de impactos ambientales y desventuras, se trasladan con las hordas de desarrapados que la cultivan y raspan. Así sucede hoy en el Pacifico.
Sin embargo, no pienso que los lugares comunes sean la mejor forma de aproximarse a la compleja realidad de los cultivos ilícitos en territorios indígenas o negros y su directa relación con la financiación del conflicto armado que asola el país. Durante el año y medio que estuve en la Dirección, muchas veces tuve oportunidad de adelantar conversaciones privadas con destacados líderes indígenas y afrocolombianos. La preocupación siempre fue la misma: ¿Qué hacer con los cultivos de coca que estaban llegando a los resguardos y territorios colectivos de mano de campesinos apoyados por grupos armados ilegales, que además de amenazar, coptaban la gente para el negocio? La solución, que por diferentes razones no pudo aplicarse, siempre fue coincidente: la única manera de salvar de la coca los alejados territorios étnicos, proteger la organización y conservar el tejido social comunitario, era erradicar de manera rápida, contundente y definitiva tales cultivos. Quisiera que alguien me dijera como hacerlo!.
A manera de colofón.
En relación con la columna de opinión del Doctor Fernando Londoño Hoyos, publicada en el periódico El Tiempo el pasado lunes 25 de octubre, va este recuerdito de mi paso por la Dirección de Etnias.
Al Coronel Alfonso Plazas lo conocí en una reunión que se programó para definir como abocaría el Ministerio del Interior el cumplimiento de la tutela sobre fumigaciones en la Amazonía. Apenas empezando mi intervención, fui interrumpido de manera abrupta por el Coronel, quien me increpó el que hubiera dicho que las fumigaciones eran perjudiciales para el entorno ambiental y la gente. Exigió el Coronel tener plena coincidencia, como Gobierno que éramos, de lo inocuo de las fumigaciones. Me salvo la oportuna intervención de la Directora de Orden Público del Ministerio, que recordó que lo que cada cual pensara sobre fumigaciones no era el asunto a tratar, que la Corte ya había definido que hacer y punto. De allí en adelante, la relación con el Coronel Plazas tuvo en las cartas el medio privilegiado: yo le rogaba que me dieran con que realizar las consultas previas a las fumigaciones que me anunciaba la Policía Antinarcóticos y exigía la Embajada de Estados Unidos, y él me respondía que no tenía dinero para ello.
*Ex director de Etnias. Ministerio del Interior y Justicia
