Los Cabildos Mayores del Río Sinú y Río Verde denunciaron este 9 de junio el incumplimiento del gobierno nacional a los acuerdos pactados el pasado 8 de abril, luego que cerca de 400 miembros de esta comunidad permanecieran en Asamblea permanente y por espacio de cuatro meses en la sede de la ONIC en la ciudad de Bogota. Uno de los acuerdos suscritos entre las partes, contemplaba la puesta en marcha de la Comisión Especial de seguimiento conjunto que evaluara el proceso de licenciamiento y otras medidas incluidas en la licencia ambiental.

 

La primera reunión de esta Comisión fue programada para el día 7 de Junio y la del Comité de Seguimiento para el día 8. Desafortunadamente la reunión no se realizó, sin que este medio hubiera podido establecer las causas de la inasistencia de las instituciones involucradas en el proceso de licenciamiento.

 

Señalan los Cabildos Mayores en su comunicado que tampoco se han habilitado los mecanismos para poner en funcionamiento la Comisión de Expertos creada a instancia de los acuerdos del 19 de abril, la cual está integrada “por el Ministerio del ambiente, la Red Internacional de Ríos ( IRN), la Unión de Conservación de la Naturaleza (UICN) y los Cabildos Mayores de los Ríos Sinú y Verde”, para hacer seguimiento al cumplimiento de dichos acuerdos. Señalan que en un periodo de  5 años, esta comisión solo se ha reunido una vez, debido a las dilaciones del Ministerio del Medio Ambiente, organismo encargado de la secretaría de la misma y de mantener  la comunicación entre sus miembros. Según la fuente indígena, “una de las obligaciones del Ministerio en esta Comisión era la de elaborar un informe preliminar de evaluación del cumplimiento de los compromisos de los acuerdos firmados, el cual a la fecha no conocemos”.

 

Los indígenas rechazan el clima de tensión suscitado a raíz de estos incumplimientos y rechazan las conductas de agresión e irrespeto hacia sus autoridades expresadas por funcionarios de la Empresa Urrá y del Gobierno nacional, haciendo un llamado a la cordura de las partes, que incluso han puesto en entredicho la ejecución de los proyectos del Plan Jenene, “cuyo objetivo es la mitigación de los Impactos generados por esta empresa a nuestro pueblo”, dice el comunicado.

  

 Por último, los indigenas hacen un llamado a todas las instituciones de la region para que se “promueva la generación de condiciones de convivencia, dejando a un lado, las actitudes de prevención, revanchismo, prepotencia institucional y amenaza, como medios de coerción para la concertación y a cambio validar la realización de las garantías que el Estado Social de Derecho establece y a los que como organización social nos corresponde hacer exigibles”.

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