Las comunidades y organizaciones negras e indígenas, ambientalistas y sectores académicos, entre otros,  hicieron público su rechazo a la aprobación de la llamada “Ley Maderera”, e hicieron un llamado para unirse y encontrar vías jurídicas que permitan archivar la Ley. Además de las irregularidades presentadas durante el proceso, como la no consulta a las comunidades indígenas y afrocolombianas sobre el proyecto o como la votación en bloque de los artículos, los opositores resaltaron que las comunidades indígenas y la humanidad misma están siendo vulnerados en sus derechos a su supervivencia y sobrevivencia.

Las comunidades y organizaciones del Chocó reiteraron que la Ley es uno de los mecanismos que privatiza los territorios colectivos, que deniega los derechos colectivos. Manifestaron que “fueron los sectores empresariales madereros, los que han deforestado en el Bajo Atrato en zonas de control paramilitar, los que participaron en la formulación de la Ley, su pensamiento, asociado a un modelo de desarrollo destructivo de pueblos, de seres humanos y del derecho de la humanidad a un ambiente limpio”.

Así mismo, señalaron que en la zona no existen planes de reforestación serios y transparentes, y que la aprobación de la Ley abre paso al arrasamiento forestal y la destrucción de millares de especies vegetales y animales.

Como lo expresaron organizaciones como el Grupo Semillas, Swissaid, Censat Agua Viva, Cecoin, ILSA, y el Proceso de Comunidades Negras, mediante comunicado, la cuestionada Ley “se aprobó en medio de vergonzantes presiones de los Ministros de Agricultura y de Ambiente, quienes conjuntamente con la bancada uribista y los promotores de esta desafortunada iniciativa, hicieron oídos sordos a las numerosas dudas y críticas que ha generado todo este proceso de aprobación, y también a las denuncias ante la plenaria de que había "fuertes rumores" en el sentido de que a última hora se estaban haciendo ofrecimientos de dinero a los parlamentarios que ayudaran a aprobar el proyecto”.

Algunas de las organizaciones y comunidades que se han pronunciado en contra de la aprobación de la citada Ley son: Consejo Mayor del Jiguamiandó; Familias del Consejo Mayor del Curvaradó; Familias de Consejos Comunitarios del Cacarica asociados en CAVIDA; Asociación de familias de víctimas de la violencia socio política de Riosucio, CLAMORES; Familias desplazadas del Bajo Atrato; Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; Grupo Semillas; Swissaid; Censat Agua Viva; Cecoin; ILSA; Proceso de Comunidades Negras.