Por estos dÃas avanza en el Congreso de la República el trámite del Proyecto de la llamada Ley Forestal, el cual, de aprobarse tal y como está formulado, se convertirÃa en una arma letal en contra de las zonas de bosques de nuestro paÃs y por supuestos de sus propietarios, principalmente los pueblos indÃgenas, pues, en vez de impedir o regular, legaliza las prácticas de explotación indiscriminada que se vienen dando, muchas veces respaldadas por los actores armados y sus hechos de violencia.
El proyecto en mención, más que una normatividad forestal o para proteger los bosques, es una ley que desregula el desarrollo de las cadenas productivas asociadas a la madera. Y a su vez incluye temas que son de gran importancia, no para hacer una regulación conciente y protectora, sino para dar vÃa libre a prácticas como la biopiraterÃa. Tal es el caso de la regulación ambiental para la explotación de los recursos naturales, el acceso, la utilización, trasporte de biodiversidad y del conocimiento tradicional asociado.
Asà mismo, el proyecto desconoce nuestra Constitución, amén de los tratados internacionales ratificados por Colombia, tanto en materia de bosques como en biodiversidad y derechos de los pueblos indÃgenas, como es el caso del Convenio 169 de la OIT. Al respecto es claro que ni el gobierno como autor del proyecto, ni el Congreso han llevado a cabo el proceso de consulta previa, tal como obliga el artÃculo 6º del Convenio 169 de la OIT. Por el contrario, este derecho de los pueblos indÃgenas a la consulta queda reducido a la participación.
Con el tema forestal, se está repitiendo lo que tristemente pasó con el trámite del actual Código Minero, el cual fue aprobado contra viento y marea, según el querer de las grandes multinacionales mineras. El entonces proyecto de Código Minero, se convirtió en Ley a pesar de los años de trabajo, las propuestas, las movilizaciones, las acciones jurÃdicas; el gobierno pasó por encima de los derechos de los pueblos indÃgenas y de la normatividad interna e internacional con la que el mismo Estado se ha obligado.
Tomando el ejemplo de los paÃses vecinos, el pueblo colombiano tiene la obligación de pedir cuentas a este gobierno incapaz de proteger los derechos de sus nacionales, en especial de los más desfavorecidos como son los pueblos indÃgenas. Cómo pensar en la reelección de un presidente que lidera un gobierno dedicado a adecuar la normatividad para poner en venta hasta la última gota de la sangre de la tierra, hasta la última rama de los bosques, la última gota de agua, todo como parte de la famosa agenda interna que creará las condiciones para la puesta en marcha del TLC sin ningún tropiezo.
Está claro que las polÃticas de dominación que nos quieren imponer son una aplanadora, pero más de cuarenta mil colombianos la podemos parar. Las naciones vecinas nos están dando ejemplo. Y esas situaciones llamadas debilidad institucional, mejor deberÃan denominarse fortaleza popular.
