Entre La Guajira, Cesar y Magdalena se alza un gran macizo montañoso concebido por las comunidades indígenas como el corazón del mundo. En medio de la diversidad de pisos bioclimáticos, los abundantes recursos de agua y las grandes zonas agrícolas se extienden los cuatro guardianes de la Sierra Nevada. Los koguis, wiwas, arhuacos y kankuamos, etnias que asumieron desde hace más de dos mil años la responsabilidad de cuidar y conservar lo que para ellos es el origen y el centro del mundo, su representación y su sostén.
De la preservación de este majestuoso lugar frente al mar Caribe depende, según ellos, el equilibrio de todo cuanto existe. Por ello y sin falta, los cuatro pueblos indígenas durante siglos han llevado a cabo pagamentos en sus lugares sagrados como tributo a la existencia de la armonía y la unidad.
Un compromiso que aunque ha resistido a todas las formas de violencia del hombre blanco y colono, se encuentra de nuevo amenazado por los intereses del capital privado, por las dinámicas del conflicto armado y por el desinterés estatal para preservar una cultura milenaria.
El precio del viento
En un país en donde los gobiernos han convertido hasta los derechos fundamentales en servicios, los lugares sagrados también empiezan a ser privatizados. Ya no son los padres y las madres espirituales indígenas los que conceden el permiso de ingreso a éstos. Ahora éste ha de pedírsele a los ejecutores de los tres mega proyectos con sede en la Sierra Nevada de Santa Marta: el Puerto Multipropósito Brisa S.A., la represa El Cercado sobre el río Ranchería -los dos se encuentran bastante adelantados-, y la represa de Besotes que todavía no comienza a ejecutarse.
"El mundo occidental le pone precio hasta al agua y al viento; la naturaleza cada día va delimitándose y por estos problemas habrá guerra", dice el kogui José de los Santos Sauna, Cabildo Gobernador de la Organización Indígena Gonawindua Tayrona.
Brisa que se vuelve huracán
Durante diez años, los promotores del proyecto portuario que se desarrolla en el municipio de Dibulla, departamento de La Guajira, se la jugaron toda para que este se hiciera realidad, y los intentos dieron resultado. La construcción de la primera fase del proyecto lleva en marcha más de seis meses pese a la postura en contra asumida por las comunidades indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, los estudios ambientales que en tres ocasiones lo declararon inviable e incluso el impacto ambiental que en 2006 se vislumbró a tan sólo cuatro meses de concedida la licencia ambiental.
Un tiempo suficiente para que las etnias de la zona presenciaran el cambio abrupto en sus costumbres históricas. Habituados a realizar el pagamento a sus dioses en el lugar sagrado Jukulwa, vieron de repente interponerse ante sus ojos las rejas de la propiedad privada y con ello la militarización de sus lugares espirituales, sin que se concertara con ellos sobre el tema.
La situación que ahora se visibiliza a través de las marchas, protestas y denuncias de los cuatro pueblos indígenas, no es para nada nueva. En 1996 el proyecto se presentó por primera vez, en ese entonces el proponente era Prodeco, firma propietaria de minas de explotación de carbón en el país. La propuesta que contemplaba la construcción de un puerto carbonero, se vino abajo cuando el Ministerio del Medio Ambiente negó la licencia ambiental en el 98. Por ese tiempo, el Gobierno reconoció que esta era una zona de pagamento para las comunidades indígenas y por tanto estableció que debía realizarse una consulta previa a las mismas.
El proyecto, descartado a finales de los noventa, fue presentado de nuevo en 2001, esta vez a nombre de la empresa Brisa S.A., propiedad de Arturo Blanco Ordoñez a quien también pertenecía la Compañía Blanco, encargada del transporte de carbón a la Costa.
Los mismos con las mismas
Según un artículo publicado en el periódico El Espectador, los dos proyectos presentaban varias coincidencias. Por un lado, la propuesta era prácticamente idéntica y por el otro, aunque variaba el nombre de la empresa solicitante, la junta directiva parecía ser la misma. Pero una vez más la licencia ambiental fue negada con base en dos criterios: el primero sustentado en que según el Plan de Expansión Portuaria contemplado en el Conpes 3149, la zona en donde se pretendía desarrollar el proyecto sólo era apta para embarcaciones de recreo y actividades ecoturísticas, lo cual descartaba buques de gran calado. En una segunda consideración, tanto el Instituto de Investigaciones Marinas - Invemar- como el Instituto de Recursos Biológicos Alexander Von Humbolt, señalaron que el proyecto carecía de viabilidad por el gran impacto ambiental que podría presentarse en las zonas de manglares, desencadenando una afectación incluso sobre el Parque Nacional de la Sierra Nevada y el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos.
Empieza el daño
En los tres años que siguieron, el proyecto fue presentado en varias oportunidades, pero la negativa a la licencia ambiental se mantuvo. Sin embargo, el 14 de diciembre de 2005 el Ministerio del Medio Ambiente aprobó la solicitud de concesión portuaria. En junio de 2006, la licencia ambiental comenzó a hacerse efectiva y con ello la construcción del Puerto Multipropósito.
En las nuevas condiciones se aprobó "construir y operar el Puerto mediante una concesión por el término de 30 años, orientado a fomentar y manejar el comercio exterior y exportar la oferta agropecuaria, agroindustrial y minera de La Guajira y Cesar, dando así una salida comercial al mar a estos dos departamentos". A diferencia de la pretensión de los primeros intentos, la licencia ambiental excluyó al carbón de los productos minerales que podían ser exportados a través de ese puerto.
El nuevo panorama tomó por sorpresa a las comunidades indígenas de la zona. Por primera vez en su vida les fue negado el acceso a Jukulwa, uno de los lugares de pagamento a los que acostumbraban ir. Razones expuestas: propiedad privada. Por otro lado, por más que hacían memoria, no recordaban que se les hubiera realizado ningún tipo de consulta previa y mucho menos entendían cómo se habían ignorado los estudios ambientales que declaraban la inviabilidad del proyecto y que para entonces, y hasta ahora, continúan vigentes.
Trampas para una licencia
Las consecuencias no se hicieron esperar. En octubre de ese mismo año, el Ministerio de Ambiente suspendió la licencia ambiental por "el impacto de un movimiento de tierras sobre un bajo ubicado entre dos humedales de alta importancia ecológica". Como condición para continuar con el proyecto, determinó que la empresa Brisa S.A., debía restituir o mitigar este impacto y por otra parte, concluir la concertación con las comunidades indígenas sobre el megaproyecto.
Tiempo después, la licencia se renovó y el proyecto se empezó a desarrollar a toda marcha, pero la concertación con los indígenas nunca se dio ni tampoco la consulta previa. Entonces, ¿por qué se renovó la licencia? En torno al tema hay varios asuntos cuestionables: por un lado, quienes están a favor del megaproyecto defienden la existencia de una carta firmada por 113 indígenas en donde se acepta la construcción del Puerto Multipropósito; por otro, se aduce que Ramón Gil, uno de los Mamos, también firmó una carta dando el visto bueno a la ejecución del proyecto.
Pero para las autoridades indígenas este sustento tiene un engaño de por medio. Según estas, el acta que firmaron los indígenas, producto de una reunión, no corresponde a la misma en donde supuestamente se aprueba el puerto, por lo tanto presumen que las firmas se copiaron y se pegaron al otro documento. En cuanto a lo del Mamo, parece extraño que lo hubieran cogido de forma solitaria para que firmara, cuando él no habla muy bien el español, pudiendo decir sí a cualquier cosa.
Las regalías de la guerra
De acuerdo con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -organización que actúa como representante de las medidas cautelares adoptadas para el Pueblo Wiwa y provisionales para el pueblo Kankuamo- "se aprovechó el conflicto armado para desarrollar estos megaproyectos sin tener en cuenta los requisitos de la consulta previa. En un momento en que los indígenas tenían dos opciones: se protegían de los asesinatos que estaban ocurriendo o se dedicaban a participar en los procesos de consulta sobre los megaproyectos. Obviamente optaron por la primera opción: garantizar su protección colectiva, y esta circunstancia fue aprovechada y de manera muy rápida se dieron licencias ambientales para la construcción de dos proyectos que ya están en curso".
Aunque las inconsistencias abundan en el panorama, el proyecto sigue avanzando y las comunidades tienen restringido el acceso a su lugar sagrado. Si bien Brisa S.A. sostiene que el lugar de pagamento está ubicado a 12 kilómetros del Puerto, los pueblos indígenas no comparten la misma posición. Como si fuera poco, para acceder allí deben cruzar a través del puerto, lo que indica que los indígenas deben pedir permiso a una empresa privada para llegar al mar y poder hacer el tributo que preserve el equilibrio del mundo.
El Ejército, dizque "nacional"
Igual ocurre en otros lugares de pagamento atravesados por megaproyectos. Para las indígenas arhuacas se ha convertido en una aventura cruzar los alredores de las instalaciones de la represa El Cercado sobre el río Ranchería, para llegar al lugar sagrado. En distintas ocasiones el Ejército les ha impedido el paso, sometiéndolas primero a insistentes preguntas de quiénes son y qué buscan, para por último comunicarles que está prohibido al acceso a esta zona por ser propiedad privada. El asunto se ha hecho tan recurrente que incluso estas mujeres han empezado a ver a los soldados como los guardias de seguridad de los megaproyectos.
Oscuro asunto
Sin embargo, en Puerto Brisa parece haber mucha más agua bajo el puente que la sola privación al acceso de los lugares de pagamento, pues aunque la licencia ambiental no contempla la exportación de carbón, a finales del año pasado Brisa S.A. solicitó la modificación de la licencia para incluirlo. Todavía no hay respuesta a la solicitud pero ya muchos parecen dar por hecho este cambio. En días pasados, el empresario brasileño Eike Batista propietario del holding EBX -dueño en Colombia de dos minas de carbón para exportaciónmanifestó su interés en construir un puerto en el país para exportar el mineral. Entre las opciones de posibles socios contempla desde ya el Puerto Multipropósito Brisa.
Al gobierno tampoco parece molestarle el asunto. Hace un tiempo durante un consejo comunal extraordinario realizado en Riohacha, el ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego señaló: "Puerto Brisa sin carbón no funcionará, no le veo factibilidad futura, excepto para unas condiciones muy precarias de carga, que no daría el cierre financiero". Si estas condiciones se cambiaran, el impacto ambiental tendría otras dimensiones. Para que el carbón pudiera ser transportado hasta el Puerto por los menos tendría que recorrer la parte baja de la Sierra Nevada, un trayecto en medio del territorio indígena y una situación similar a la lucha de los Wayú. Resulta paradójico que el primer proyecto presentado pretendiera la exportación de carbón pero terminó siendo modificado para la expedición de la licencia ambiental, y ahora que está en marcha, contempla de nuevo el negocio con este mineral.
Guerra sucia contra los indígenas Los megaproyectos no son el único azote de estos pueblos. La confrontación armada entre las FARC, el ELN, las Autodefensas, los narcotraficantes, las Fuerzas Militares y ahora las bandas emergentes narco-paramilitares los han tenido en la mira.
Desde febrero de 2005 el Pueblo Wiwa cuenta con medidas cautelares a favor de sus miembros, otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese entonces, alrededor de 50 líderes indígenas habían sido asesinados, 800 personas obligadas a desplazarse y la situación humanitaria en varias de las comunidades no daba espera. En su mayoría, producto de la arremetida paramilitar que los veía como simpatizantes de los grupos guerrilleros.
Por su parte el pueblo Kankuamo tiene medidas provisionales también otorgadas por esta Corte en razón al exterminio al que fue sometida esta comunidad indígena. Entre 1998 y 2004 fueron ejecutados extrajudicialmente 189 kankuamos, en más del 50 por ciento de los casos por las AUC, después por las FARC, el ELN, grupos sin identificar, el Ejército y el DAS, de acuerdo con la información manejada por las autoridades de la etnia.
Según la misma fuente, el mayor número de víctimas se produjo durante el actual gobierno. Y muchas de las víctimas, en general, aún teniendo algún tipo de medidas de protección. 85 después de una Resolución Defensorial, 23 con medidas cautelares y 14 con medidas provisionales. Pese a las advertencias presentadas al Estado sobre la condición de riesgo que presentaba la comunidad, los homicidios se seguían produciendo. Y entre tanto, el gobierno pedía que se retiraran las medidas adoptadas. En relación con la medida provisional, lo ha sugerido oficialmente en tres ocasiones, la última fue en octubre del año pasado.
Dos meses después, el 31 de diciembre de 2008, un soldado lanzó una granada sobre indígenas en Atánquez, lugar de mayor concentración del pueblo Kankuamo. Murieron 5 personas y 85 más resultaron heridas. De acuerdo con la Comisión Técnica Jurídica de la Misión de Verificación y Acompañamiento al pueblo Kankuamo, integrada por organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales que visitó la zona a finales de febrero y comienzos de marzo de este año, si bien no se pudo comprobar o desmentir la versión manejada desde el inicio por las autoridades, según la cual se trató de un crimen pasional, sí fueron evidentes grandes deficiencias en la seguridad de este pueblo, al igual que algunas inconsistencias que todavía no han sido resueltas.
Por ejemplo, que pese a que las autoridades indígenas habían pedido refuerzo de la seguridad en la zona, esa noche en el puesto de Policía sólo se encontraban 18 uniformados cuando debía haber 36 y en el puesto de salud no había médico de turno. Las preguntas siguen en el tintero.
A mediados del mes pasado, la Corte Interamericana señaló que las condiciones de riesgo para el pueblo Kankuamo persisten y por tanto ratificó las medidas provisionales orientadas a su protección. Después del 20 de mayo se realizará la evaluación pertinente respecto a las medidas adoptadas con los wiwas.
Y llegan... las tropas regulares
La violación de derechos humanos contra estos dos pueblos, en su mayoría por grupos paramilitares, comienza a transformarse a partir de 2004, momento en que ingresa el Ejército a la zona con una fuerte presencia. De acuerdo con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -organización que actúa como representante de las medidas cautelares adoptadas para el pueblo Wiwa y provisionales para el pueblo Kankuamo-, aunque en 2003 el 98 por ciento de las ejecuciones extrajudiciales fueron atribuidas a grupos paramilitares, en 2005 y 2006 son adjudicadas en su mayoría al Batallón de Artillería Número 2 La Popa en contra del pueblo Wiwa.
"En 2006 y 2007 se incrementó el número de ejecuciones extrajudiciales contra el pueblo Wiwa, hay dos patrones que cambian. De homicidios cometidos en contra del pueblo Kankuamo, cambia a ejecuciones extrajudiciales de la Fuerza Pública en contra del pueblo Wiwa. En el caso del pueblo Kankuamo, en esos años se empieza a adoptar otra dinámica y es la persecución judicial a través de las detenciones masivas. Más o menos 50 personas son detenidas, algunas de ellas liberadas inmediatamente o en los días siguientes, un grupo pequeño condenado por el delito de rebelión, y otro grupo detenido por más de dos años, acusado también por el delito de rebelión, pero todas las personas fueron absueltas".
La dinámica agresiva contra los wiwas funcionaba así: los indígenas eran llamados al Batallón a supuestas supuestas verificaciones de antecedentes y tiempo después eran perseguidos, interrogados y en un tiempo corto aparecían muertos presentados como guerrilleros dados de baja en combate, lo que se conoció como falsos positivos.
En abril de 2008, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar condenó a 30 años de prisión al teniente del Ejército Nacional Carlos Andrés Lora Cabrales y al cabo tercero César Augusto Mosquera Guerrero, y a 15 años de cárcel a los soldados profesionales Rodolfo Martínez Díaz, Adanir Tarazona Ríos, Everardo Antonio Martínez Martínez, Abel Domingo Salcedo Jiménez, Luis Hernán Salgado Flórez y Edgar David Ramos Medina, por su responsabilidad en el "homicidio en persona protegida" del indígena Kankuamo Juan Enemías Daza Carrillo.
Centenares de asesinados
El Sistema de Información en Derechos Humanos de la ONIC-SINDHO- registra entre enero de 2003 y marzo de 2008, 284 víctimas de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra como consecuencia a hechos violentos perpetuados por grupos paramilitares, grupos insurgentes y actores estales. Entre los delitos adjudicados al Ejército se resalta pillaje por métodos ilícitos de guerra, ejecución extrajudicial a persona protegida y detención arbitraria, entre otros casos que también involucran a la Policía.
Pero la incidencia de las Fuerzas Militares contra las comunidades indígenas, no sólo se dio en este ámbito. De acuerdo con autoridades de los pueblos étnicos, la presencia militar también ha tenido un fuerte impacto en el desarrollo cultural de las comunidades. Los soldados no sólo se han involucrado con las niñas indígenas, sino que incluso han llegado a robarse las piedras que los nativos llevan a los lugares sagrados como pagamento, llamadas turmas.
Los neo narco paras
Tras las violaciones de los paramilitares, después las del Ejército, llega una tercera ola de abusos: la de las bandas emergentes. El estudio "Bandas Criminales", Seguridad Democrática y corrupción realizado por el Observatorio de conflicto armado de la Corporación Nuevo Arco Iris, señala que en la Costa Atlántica se concentra cerca del 40 por ciento de los núcleos armados ilegales. De acuerdo con las estadísticas, en el Magdalena son diez los municipios en donde se presentan actividades de grupos rearmados/emergentes o "bandas criminales"; en el Cesar dieciséis y en La Guajira cinco. En el primero de estos departamentos actúan ocho núcleos ilegales, en el Cesar cinco y en La Guajira tres.
En tan sólo un municipio, en límites entre La Guajira y el Magdalena, coinciden los cultivos de coca con la presencia de banda emergentes, para el caso del Magdalena son dos. Los tres ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta. En ocho de los municipios de Magdalena el grupo presente son las Águilas Negras. En el César este grupo está presente en cinco municipios.
Tan sólo una de las organizaciones presentes en La Guajira se registra como al servicio del narcotráfico, en los otros dos departamentos hay una en cada uno de éstos. Y en el Magdalena también una al servicio del capturado ‘Don Mario'. Según el informe, en gran parte de los municipios de estos departamentos hay presencia de bandas emergentes pero no de cultivos de coca, lo que desvirtúa de algún modo el sustento del gobierno al señalar que los grupos ilegales responden únicamente a una motivación delictiva asociada al narcotráfico.
En un informe de riesgo, emitido el 6 de marzo por la Defensoría del Pueblo, se advierte sobre el riesgo en el que se encuentran líderes y autoridades arhuacas, wiwas y kankuamas en Valledupar y Pueblo Bello por la reorganización de grupos armados ilegales integrados por desmovilizados de las AUC que se hacen llamar las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
El temor se ha reactivado en las comunidades indígenas ante la posible repetición de otra oleada de violaciones a la vida, al territorio y de los demás derechos de los pueblos indígenas. Aunque la resistencia contra los megaproyectos está declarada, la presencia de nuevos grupos armados oscurece aún más el panorama.
Los sospechosos pueblos "talanquera"
En noviembre de 2007 se firmó el acuerdo de entendimiento entre el Gobierno Nacional y las comunidades indígenas para conformar el Cordón Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta, que contempla el descenso de los indígenas de la parte alta de las cuencas a los pueblos talanquera. De acuerdo con las pretensiones oficiales, con estas medidas se disminuiría el impacto sobre éstas zonas y con ello se preservaría la fauna, flora y los recursos naturales presentes allí.
Muchos investigadores consideran que quieren hacer que los indígenas bajen a las partes llanas, para que el capital se apropie de las tierras altas, ricas en agua y con posibilidades de desarrollo de megaproyectos turísticos. Eso sería, simplemente, el fin de la Sierra Nevada y de las cuatro culturas milenarias que la pueblan.
De los diez pueblos contemplados se han construido seis hasta el momento, los dos últimos se inauguraron el 19 de marzo de este año en el departamento del Magdalena, llamados kankawurwa y kantinarwaya. Para las comunidades indígenas de la zona, los intereses que persiguen estos pueblos no están del todo claros, pues aunque el Gobierno y Acción Social defienden reiteradamente el bienestar de las comunidades, existen quienes consideran que se trata de una táctica para debilitar la autonomía de las etnias, dado que los pueblos talanquera se rigen por las políticas gubernamentales y no por la cosmovisión indígena.
Pero otros van más lejos y contemplan la posibilidad de que se trate de un interés por frenar a las comunidades en la idea de recuperar las tierras que les han sido usurpadas a lo largo de la historia. Pues de continuar esta dinámica, llegarían a las tierras ocupadas hoy por los megraproyectos. De acuerdo con Daniel Maestre, indígena Kankuamo, entre empresarios y políticos se han adueñado de más de 6 millones 500 mil hectáreas de tierras pertenecientes a indígenas y campesinos que se han convertido en víctimas del desplazamiento forzado.
Según José de los Santos Sauna, Cabildo Gobernador de la Organización indígena Gonawindua Tayrona, las comunidades de la Sierra han logrado recuperar alrededor de 13 mil hectáreas de sus territorios ancestrales, pero todavía falta para poder llegar hasta los límites de la Sierra conocida como La línea Negra.
Una tercera hipótesis que se maneja en el tema tiene que ver con la privatización de recursos naturales como el agua. Aunque en la Sierra hay importantes fuentes del líquido, algunos indígenas consideran que con los megaproyectos se persigue apropiarse de dichas fuentes para hacer de ellas todo un negocio.
Desplazamiento forzado
De acuerdo con el Sistema de Información en Derechos Humanos de la ONIC
- SINDHO , entre septiembre de 2003 y el mismo mes de 2005, al menos 2.551 indígenas wiwas, arhuacos, kankuamos y koguis reportaron haber sido obligados a desplazarse forzadamente, para la época la dinámica se aplicaba en forma masiva. Después de estos años, los desplazamientos empiezan a ser selectivos en su mayoría, especialmente en materia de líderes.
A través del Auto 004 de este año, la Corte Constitucional ordenó a las distintas organizaciones gubernamentales formular e implementar planes de salvaguarda étnica ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado para los cuatro pueblos de la Sierra Nevada, entre otros más, por considerarlos en peligro de ser exterminados física o culturalmente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos respaldó la decisión de la institución nacional.
Fuente: POLO
