Según el informe entregado por la Misión, la caña de azúcar y la palma africana o aceitera son los principales cultivos dirigidos a Agrocombustibles en Colombia y los que más alteran el libre desarrollo y el buen vivir de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Con no menos impactos, pero a menor escala se pudo apreciar que se expanden en el país los cultivos de Pino y Caucho; los testimonios evidencian que, gran mayoría de los empresarios en aras de adquirir tierras para cultivos, apoyados por el politicas gubernamentales han perdido todo escrúpulo por el respeto a la vida y la dignidad humana.
Invasión territorial a comunidades indígenas campesinas, y afrodescendientes por parte de empresarios en anuencia de los apoyados por actores armados; amenazas y gravísimas violaciones a los Derechos Humanos de la población civil, incluyendo entre otros asesinatos, desplazamientos y desalojo agresivo -quema de viviendas de varias comunidades-; profanación a los sitios y del agua, deterioro y menoscabo de la biodiversidad; condiciones laborales paupérrimas y, una gran riqueza humana con altísimos valores de sencillez, coraje, trabajo y generosidad por parte de las comunidades visitadas fueron algunos de los aspectos que encontró la Misión.
Desterritorialización y vulneración de derechos
La misión encontró una de las mayores problemáticas en la adquisición de tierras para cultivos de palma aceitara, cana de azucar, cacao, caucho, pino. Mientras los empresarios y colonos adquieren tierra con facilidad, para la mineria, produccion de etanol, agrocombustibles, azucar, petroleo y carbon. Esos procesos son facilitados por instituciones del Estado sin consulta previa, por ende violando las normas nacionales e internacionales. A causa de esto los y las campesinas, indígenas y afrodescendients son desplazados masivamente y des-territorializados, incluso con violencia, de sus tierras y parcelas.
Para el desalojo se utiliza además de la intimidación de actores armados, la "vía legal" jurídica en donde incluso funcionarios del Ministerio Publico no cumplen su función de veedores del respeto por los Derechos Humanos, sino que llegan a presionar a las comunidades para que abandonen sus tierras. Cabe destacar también, que el desalojo se da con tierras legalmente tituladas.
Otra situación que nos preocupa sobre manera son las constantes amenazas, agresiones, señalamientos y persecución judicial en contra de quienes promueven y lideran la defensa de la vida, el territorio y los derechos fundamentales y colectivos de sus comunidades. Vulneración que deviene de actores armados como paramilitares y fuerza pública, empresarios e incluso de funcionarios públicos.
Específicamente, el derecho a la territorialidad de las comunidades afrodescendientes se ve amenazado por la expansión de dichos monocultivos sin el uso adecuado del mecanismo de la consulta previa, el cual está amparado por la Constitución de 1991 y el Convenio 169 de la OIT. Si consideramos que la conservación del territorio es fundamental para la preservación de las prácticas culturales de estas comunidades, la pérdida de autonomía territorial se presenta como una amenaza a la existencia misma de los grupos étnicos en Colombia.
Esto ha desencadenado en asesinatos selectivos, desplazamientos y judicialización de líderes, así como ruptura de procesos y desprestigio de los mismos.
La soberanía alimentaria se ve profundamente afectada por la expansión de cultivos para agrocombustibles y la reducción para cultivos de pancoger. El auge de empresas de palma, caña de azúcar y monocultivos para agrocombustibles ha redundado en condiciones laborales inhumanas e inadecuadas como la subcontratación, el jornal integral (de 13 mil a 20 mil pesos diarios), la discriminación laboral y las agresiones verbales por parte de los capataces o supervisores de las empresas.
En cuanto al tejido social se evidenció que las empresas rompen dinámicas sociales y culturales vitales para la pervivencia de los pueblos, particularmente en lo que a pueblos étnicos se refiere. Hay casos de alteración de la temporalidad habitual, profanación de sitios sagrados, inferencia en el los rituales y costumbres de poblaciones indígenas y afrocolombianas y, en algunos casos, prostitución y otras prácticas que denigran la dignidad humana como la utilización de jóvenes y civiles para guías de los actores armados que promueven la guerra.
Deterioro y destrucción -tala- de bosques de galería, bosques de reservas forestales, fuentes de agua, fauna y flora; la biodiversidad es menoscabada por la extensión de los cultivos. Las fungicidas para las plantaciones y los residuos de los cultivos han generado no sólo contaminación al agua y al ambiente, sino que han generado graves problemas de salud, y en algunos casos muerte de niños y deformación en la gestación.
La Misión observó que los grupos armados ilegales guerrilla y paramilitares siguen operando en las distintas regiones y sumado a la presencia de la fuerza pública violan sistemáticamente la vida e integridad de la población civil y el Derecho Internacional Humanitario. En el caso de los paramilitares se pudo apreciar que sólo han cambiado de nombres y algunas tácticas de operación, pero sus estructuras son las mismas; varias denuncias permiten evidenciar que en varios casos operan en anuencia con efectivos de la fuerza pública, empresarios y políticos regionales.
Se observo el abandono estatal y de instituciones de gobierno, precarias condiciones de infraestructura, restricción a la movilidad de la población civil, y carencia de servicios para la atención básica humanitaria y social.
En las distintas reuniones que la misión sostuvo con delgados de varias instituciones del Estado y del Gobierno no se obtuvo respuestas a nuestras preocupaciones ni hubo un compromiso real de verificación y seguimiento a los casos dados a conocer. Se evidenció, eso sí, que hay una cercanía con los empresarios de estos cultivos, tanto que invitaron sin ser consultado con la misión a los gremios que representan a las empresas de palma y caña y agrocombustibles y en algunos casos las respuestas de los delegados del gobierno fueron consultadas con estos gremios.
Por su parte los gremios y el gobierno se mostraron sorprendidos pues afirmaron, que no conocían esta problemática y que de lo contrario se ajustan a las leyes ambientales, laborales y legislativas. Preocupa que en vez de anunciar freno a las grandes plantaciones el gobierno anunció la proyección de 21 mil millones de hectáreas aptas para la expansión de cultivos para agrocombustibles.
Recomendaciones de la Misión
Devolución inmediata y completa del territorio a quienes les fue arrebatado. Ponerle coto a la impunidad pues está imposibilitando la restitución de la propiedad y de los derechos humanos. Y, de lo contrario permite la reingeniería y control militar y paramilitar en contravía del Derecho.
Cumplir las normas de concertación y consulta previa establecida en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT. Retiro total de las empresas con las cuales la población no quiere ninguna negociación;
Que los cultivos del pancoger sean respetados y no sustituidos por los cultivos para el biocombustible.
Desmonte de las estructuras paramilitares y respeto a las Zonas Humanitarias constituidas por las comunidades; hasta que esto no ocurra el país colombiano no se definirá internacionalmente como democrático;
Estaremos en contacto constante con las comunidades y pedimos que la memoria de todas ellas víctimas de las violencias militares y paramilitares sea respetada, preservada, honorada, reconocida y que los lugares sagrados que han sido profanados, sean devueltos junto al territorio en su conjunto.
