“Las consultas previas no están protegiendo la integridad cultural de los pueblos, sino que terminan siendo mecanismos de negociación de impactos, ambientales, sociales, culturales y territoriales para legitimar la intervención de las empresas multinacionales”, manifestó Arias.
Según la Onic, los departamentos más perjudicados por la explotación minera, son: Chocó, Quindío, Antioquia, Caldas, Risaralda, Tolima, Caquetá, Cauca, Valle del Cauca, La Guajira y en parte del Vichada. Por tanto, las autoridades indígenas informaron que en octubre organizarán marchas en tres de los departamentos para presionar por el tema de las consultas.
“Lo que queremos es que se hagan procesos de consulta previa adecuados como lo establece el Convenio 169 de la OIT”, detalló Luis Fernando. (Las comunidades tribales tienen el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Convenio número 169 de la OIT de 1989).
Las declaraciones fueron emitidas en el marco del Seminario Taller sobre Minería y Pueblos Indígenas al que asistieron representantes de comunidades indígenas, afrocolombianos y campesinos de las zonas del país donde existen megaproyectos de explotación minera. Durante el evento se presentaron los resultados de un estudio sobre el tema realizado por el Centro de Cooperación al Indígena (Cecoin), dicha investigación sirvió de base para la discusión.
Durante las jornadas de trabajo celebradas el 1 y dos de septiembre en la sede de la Onic, en Bogotá, se realizaron discusiones en grupo por distritos mineros, de tal manera que los asistentes, hicieron una presentación de las consecuencias y situaciones que ha generado la explotación minera por parte de grandes empresas multinacionales en cada departamento del país.
De estas presentaciones, fue posible concluir como punto en común, el rechazo que plantean las comunidades frente a la actividad que desarrollan diferentes multinacionales dedicadas a la explotación minera, en especial fue bastante cuestionada la labor de las empresas Anglo Gold Ashanti y la Muriel Mining Co. que vienen desarrollando dichas labores en varias zonas del país.
“Hay que señalar que tanto en la mina de oro de Cajamarca, en Tolima, como en la mina del Cerro Cara de Perro, en Antioquia y Chocó, son zonas de reserva forestal y de resguardo indígena o territorios colectivos, que por mandato constitucional tienen el carácter de inalienable, imprescriptible e inembargable, sin embargo en varias oportunidades se han cambiado las leyes para poder desarrollar este tipo de proyectos”, señaló el secretario de la Onic.
De otro lado, los representantes de las comunidades asistentes, coincidieron en apuntar que el desarrollo de esta actividad genera la militarización del territorio así como los grandes perjuicios ambientales, por el sacrificio de valiosos recursos naturales -como el agua- que implica esta actividad ya que según los datos presentados, una empresa minera puede utilizar en un día de actividad lo que una familia colombiana utilizaría en 20 años.
Igualmente, las comunidades participantes manifestaron su rechazo frente a la política minera del país puesto que la explotación de títulos mineros concedidos a las comunidades o pequeños mineros presenta obstáculos desmedidos frente a lo exigido a una empresa multinacional.
Posición de las comunidades afectadas por las concesiones mineras otorgadas por el Gobierno Nacional
