Por: Héctor Pineda S.
El imperativo constitucional según el cual “el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables…”, la verdad sea dicha, es un monigote pintado en la pared que los particulares, por no usar la vulgar frase castiza, se pasan por la faja y que, además, las autoridades públicas (corrompidas las unas, intimidadas otras o ausentes todas) se hacen la de la vista gorda.
El desgreño es total y, lo peor, parece no existe voluntad y autoridad suficiente para enderezar el torcido asunto en el que el interés particular, de manera ilegal (mafiosa) o con apariencia de legalidad, termina imponiéndose sobre el interés general, despojando al Estado de la propiedad del subsuelo y los recursos naturales no renovables.
La anterior afirmación, de fácil comprobación empírica en todas las zonas de minería, se me viene a la mente en la tarde del sábado de resurrección al leer la noticia según la cual, unos particulares dedicados a la explotación minera de esmeraldas (con investigaciones por presuntos nexos con paramilitarismo mafioso), de manera desfachatada, palabras más palabras menos, conminan al gobierno nacional a “evitar una guerra verde” por cuanto que, un “pacto” realizado entre esos particulares años atrás, se está incumpliendo y amenaza con desatar (de manera abierta) la confrontación violenta por el control de la explotación de las minas de esmeraldas que, debo recordar, son de propiedad del Estado, por mandato constitucional. Adicional, se escribe en el informe periodístico, se invita a la Iglesia Católica como garante del “pacto para evitar la guerra”, ahora incumplido y que ha originado cientos de asesinatos y atentados.
Al escribir la presente, seguramente también al momento de su publicación, el Gobierno Nacional, cabeza visible del Estado, no ha respondido a la perentoria conminación de los esmeralderos. Pero bien conocidas las poderosas influencias visibles e invisibles, por no decir otro término, que tienen los particulares dedicados a la explotación minera de las esmeraldas en instancias estatales (locales, regionales y nacionales) no es extraño que desde los Ministerios, a los cuales les concierne el tema, se nos vengan con una perorata pletórica de vericuetos detrás del cual, sin eufemismo, se esconderá la falta de autoridad y la cobardía para asumir, sin dilación, el control público sobre unos recursos naturales que, como otros monopolios estatales, los particulares han privatizado poseyendo el total manejo y control: son autoridad minera, ambiental y, a sí mismo, se fiscalizan la cantidad de mineral extraído y, por ende, son los mismos particulares los que cuantifican el pago de las regalías. El resto del control, también se sabe, lo ejercen con métodos de persuasión unas veces rodeados de legalidad y otras, como señalan investigaciones, a punta de intimidación armada.
Pero si la injerencia e influencia de estos mineros particulares en las instituciones públicas es evidente (recuerdo al Presidente Santos en una reunión hace años sobre solución de conflictos), no menos cierto es que poseen, además de la influencia en extensas zonas regionales del centro del país, incluida una concurrida esquina del centro de Bogotá, el manejo sobre sectores organizados de la sociedad civil, entre ellas varios jerarcas de la Iglesia. Se dirá, entre otros, que así como se dialoga la paz con la guerrilla, de igual manera, se debe dialogar con estos “compatriotas” que producen riqueza y empleo. Surgirán políticos y personalidades “mediadoras” (¿buscando financiación electoral?) y, bien probable, se claudicará ante el interés particular.
Pero el desgreño del control público en la explotación minera de las esmeraldas, sin exagerar, es igual o peor en otros sectores mineros. Aún se esperan los resultados de las investigaciones que se debieron derivar de las denuncias del ex ministro Rodado Noriega, hace dos años, sobre minería mafiosa. Asignatura pendiente.
@ticopineda
