Actualidad Étnica- La denuncia fue hecha este 6 de noviembre por los Cabildos Mayores de Rio Sinú y Rio Verde – resguardo Embera Katío del Alto Sinú – Tierralta Córdoba, la asociación de campesinos de seis comunidades sector cuarenta (ASOCAM SEIS) y la asociación de campesinos de Crucito y sector la bota, Tierralta – Córdoba.
En un comunicado hecho público por la organización indígena, se denuncia que el pasado 21 de octubre, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible promulgó la resolución 1710, mediante la cual niegan la sustracción de seis kilómetros de los 28 necesarios para que las comunidades indígenas y campesinas, ubicadas en el corregimiento el Crucito (municipio de Tierralta – Córdoba) y sus veredas circundantes, puedan restablecer su comunicación por vía terrestre con el municipio de Tierralta, tal cual como se encontraban antes de la construcción, operación y llenado de la Hidroeléctrica de Urrá, hace ya más de 14 años.
Más de 25 comunidades entre campesinos e indígenas que fueron afectados por la construcción del embalse de Urrá -que inundó más de 20 kilómetros de carretera-. Con la eventual desaparición de la vía, que conectaba toda la economía y bienestar de estas comunidades, se ha generado además un inmenso atraso en los diferentes aspectos de la vida de estas comunidades.
La ausencia real de la vía ha generado graves problemas de movilidad a los pobladores, quienes han tenido que padecer la muerte de mujeres embarazadas, menores con dificultades respiratorias, adultos mayores afectados por hemorragias y otras enfermedades, además de las afectaciones propias del conflicto armado que ha impactado a todos los pobladores, por el difícil acceso a sus territorios.
Según el comunicado indígena, por más de 14 años su economía ha sido afectada por los altos costos del transporte fluvial y terrestre, quienes se ven obligados a sufragar altísimos costos de transporte. Es de anotar que durante todo este tiempo, los indígenas han demandado de la Empresa Urrá el cumplimiento de la obligación establecida en la licencia ambiental (resolución 0838 de 1999 emitida por el Ministerio del Medio Ambiente), de restablecer la vía inundada y recuperar su forma de vida perdida por la construcción del proyecto hidroeléctrico.
Paradójicamente, cuando la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), mediante el auto 1030 ratificó la obligación de la construcción de la vía, y la Empresa Urrá aportó los estudios correspondientes, actualizando la topografía y realizando los censos de las familias afectadas por la construcción de la vía, mediante un proceso de concertación entre la Empresa Urrá -causante de los daños- y las comunidades de campesinos e indígenas –afectados-, proceso que además contó con la participación del ANLA (Autoridad ambiental), la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Alcaldía de Tierralta, la Personería, el Parque Nacional Natural de Paramillo y Corporación Autónoma (CVS), quienes actuaron en calidad de garantes, el propio Ministerio del medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la doctora MARIA CLAUDIA GARCIA DAVILA (Directora de Bosques biodiversidad y servicios eco turísticos) emitió la resolución 1710 del 21 de octubre pasado, mediante la cual se niega a la sustracción de 6 kilómetros de los 28 que implican el proyecto de construcción de la vía.
Para las comunidades indígenas, la promulgación de estos actos administrativos abiertamente contradictorios en una misma entidad del Estado, evidencia una falta absoluta de coherencia en las políticas del gobierno, quien además desconoce los conflictos generados en la región por el reiterado y prolongado incumplimiento de los acuerdos pactados, como resultado de la construcción de la Represa de Urra.
Resulta paradójico además, que en la resolución suscrita por la señora GARCIA DAVILA, si bien se relaciona la importancia de proteger las especies vegetales, y los animales de la zona, para nada se menciona la existencia de comunidades indígenas y cuando en algún aspecto se habla de persona, lo hace con relación con las consecuencias que traería esta vía para atraer nuevos colonos a la región.
Para los indígenas, esta resolución viola los derechos fundamentales de más de 4000 personas que vienen siendo afectados por estas decisiones paradójicas e inhumanas.
Los indígenas llaman también la atención del presidente de la Republica, expresándole que este tipo de acciones envían un mal mensaje al pueblo Emberá Katío que ha sido azotado por la violencia por más de cincuenta años y que decisiones como esta, hacen que sea el mismo Estado quien sumerge en el subdesarrollo a las comunidades, obligándolos al desplazamiento masivo y forzoso.
