Patricia Guerreo, fundadora de la Liga de Mujeres Desplazadas expresó, en dÃas pasados a través de un comunicado de prensa, que esta organización continúa en su defensa de los derechos de las vÃctimas de desplazamiento forzado, por lo cual ha formulado una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 975 de 2005 y contra algunas disposiciones de la Ley 906 de 2004, ya que considera que se han violado los principios constitucionales a la participación, a la convivencia pacÃfica, a la vigencia de un orden justo, a la dignidad y que se ha violado el derecho a la igualdad de las vÃctimas.
La Organización expresa que dadas las circunstancias, las regulaciones legales deben ser racionales y proporcionadas, y debe respetarse el derecho al buen nombre y honra de las vÃctimas, el derecho a acceder a la administración de justicia, el deber de colaborar para el buen funcionamiento de la justicia, asà como los deberes de parte de la FiscalÃa General de la Nación de hacer efectivo el derecho y la indemnización de los perjuicios y de “velar por la protección de la vÃctimasâ€. Finalmente denuncian que se violó el derecho a la propiedad.
La ley de Justicia y Paz sólo concede un plazo de 36 horas a los investigadores judiciales para presentar cargos contra los sospechosos, y establece solamente un periodo de 60 dÃas para investigar un caso, aunque esté relacionado con crÃmenes de guerra o crÃmenes de lesa humanidad, para las demandantes estos plazos son muy limitados y favorecen totalmente a los implicados, aún si estos hayan participado en abusos contra los derechos humanos.
Dados estos acontecimientos la coordinadora de la Liga de Mujeres, Marlenis Hurtado, hizo un acompañamiento y firmó ante la NotarÃa Primera el poder con el que demandarán la Ley de Justicia y Paz, ella estaba acompañada de 59 mujeres Desplazadas.
El diario EL Universal expuso en su artÃculo, a opinión de Yajaira MejÃa, una mujer desplazada a quien los grupos armados ilegales asesinaron a su esposo, un vendedor ambulante de verduras: "Quiero saber quiénes son los causantes de mi desplazamiento, por qué nos hicieron salir de nuestras tierras y que el Estado me devuelva lo que perdÃ". Junto a ella, 59 mujeres de la Liga de Desplazadas, demandará la Ley de Justicia y Paz porque, "sólo beneficia a los victimarios".
Yajaira tuvo que desplazarse de Valledupar a Cartagena por este incidente en el año 2002, y expone que su esposo fue asesinado porque no pagó una cuota que le exigÃan unos grupos armados ilegales: "Esa cuota se la exigÃan a los tinteros, a los vendedores ambulantes y a los carretilleros, pero él no quiso pagarla. Si la daba no nos alcanzaba para comer, por eso le dispararon. Sólo nos quedó el miedo".
Estas mujeres exponen como fundamentos principales para su demanda que esta ley no permite que ellas se enteren cuáles y cómo fueron realmente los hechos, y por esto no se puede ejercer una justicia que sea más efectiva, además según ellas se viola el derecho a la administración de justicia y esto genera mayor impunidad ante delitos como masacres, desapariciones y desplazamiento forzado.
Patricia Guerrero, abogada y fundadora de La Liga de mujeres desplazadas, fue elegida por las 60 mujeres que impondrán la demanda, para que tenga el poder ante la notaria primera para que prepare los detalles jurÃdicos del documento y las represente ante la Corte Constitucional, Según el diario El Universal, allà reposan otras demandas en contra de esta ley. Una ley con reparos La Ley de Justicia y Paz otorga ventajas procesales, como penas de prisión reducidas a miembros de grupos armados ilegales, que han participado en abusos contra los derechos humanos y han aceptado desmovilizarse.
No sólo ellas sino cientos de campesinos más se encuentran en una encrucijada, en la que son presionados por un lado por paramilitares y por el otro por la guerrilla, es por esto que estas personas se juegan la vida de todos los dÃas, ya sea por acción u omisión de cualquiera de los dos lados que las presionan.
Para la Ong de derechos humanos, AmnistÃa Internacional, la aplicación de esta ley fomentará la impunidad. La Ley de Justicia y Paz la aprobó el Congreso el 21 de junio de 2005 y la ratificó el Gobierno en julio, con la intención de facilitar la desmovilización en curso de los paramilitares, aunque en teorÃa también ampara a los miembros de grupos guerrilleros que estén dispuestos a dejar las armas.
