La CNDH se hizo eco de "graves irregularidades" en el proceso contra las indígenas otomí Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González. La organización afirma que "se vulneraron los derechos fundamentales a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia" en el caso.
A las mujeres nativas se las acusa de secuestrar a seis agentes federales el 26 de marzo de 2006 en la localidad de Amealco, en el estado de Querétaro. Al parecer los policías habrían confiscado y destruido mercancía ilegal en un mercado ambulante, lo que provocó las iras de los comerciantes, que retuvieron a los agentes hasta que se acordó un resarcimiento de los daños. Sin embargo, los policías más tarde regresaron y detuvieron a las tres mujeres.
Jacinta, Alberta y Teresa han sido condenadas a 21 años de prisión.
La CNDH denuncia que los testimonios incluidos en la acusación se basan en información recogida "de oídas" o en las declaraciones de los propios agentes involucrados en el incidente.
El comunicado menciona las "actuaciones irregulares" de un agente del Ministerio Público y de varios integrantes de la Agencia Federal de Investigación de la PGR.
Según la defensa, a cinco de los seis agentes se les permitió retirarse y sólo quedó uno de ellos con los comerciantes. Los policías, asegura la Comisión, denunciaron ante el Ministerio Público que fueron secuestrados por "pobladores de la comunidad", sin especificar ningún dato personal o de registro para su localización.
Hasta el momento, denuncia la CIDH, no ha sido posible hacer un careo entre las mujeres procesadas y la persona que las denunció, lo que según el ente "deja en estado de indefensión a las agraviadas".
Por eso la CNDH, en su recomendación 47/2009, le pide al Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, que gire instrucciones para investigar al personal involucrado en el caso y que inicie una investigación de las irregularidades que han resultado en el fallo del juez.
La CNDH expresa "un absoluto respeto por las decisiones emitidas en los juzgados y tribunales competentes" y no se pronuncia sobre la culpabilidad o inocencia de las acusadas sino sobre el proceso que las dejó en esa posición.
