Por: Laylor Vanessa García.
Hemera Consultores SAS
"Esta invisibilización no es solo por parte del Estado y sus instituciones, quienes son los mayores responsables de la actual situación de desamparo de la mujer indígena".
Después de analizar las denuncias que se hicieron en la audiencia pública sobre la situación de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas en Colombia, realizada el pasado 14 de marzo en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se identifica que la realidad de la mujer indígena en Colombia atraviesa por una total invisibilización de su condición de mujer en un contexto de conflicto armado y desplazamiento forzado.
Esta invisibilización no es solo por parte del Estado y sus instituciones, quienes son los mayores responsables de la actual situación de desamparo de la mujer indígena; paradójicamente esta situación también se evidencio en la intervención de la lideresa indígena Patricia Tobón, vocera de la ONIC. Afirmamos esto porque en su intervención de aproximadamente 25 minutos no hizo una referencia específica a la situación de la mujer indígena; Patricia aborda situaciones y denuncias sobre temas relevantes como el desplazamiento forzado y su relación con las actividades extractoras del sector minero en territorios indígenas, entre otros, pero no asumió una posición fuerte y una petición formal frente a la situación de la mujer indígena.
El tema de la situación de la mujer indígena en Colombia se abordó solo después de que Dinah Shelton (miembro de la Comisión Interamericana de DDHH) preguntara: -¿Existe información por parte de los peticionarios y del estado de Colombia acerca de la situación de las mujeres indígenas en Colombia? El estado Colombiano no se refirió sobre el tema. Por su parte, la lideresa indígena de la ONIC sin entrar en el detalle hizo referencia a la grave situación de mendicidad de las mujeres indígenas en Colombia, a la alarmante cifra de suicidios en la población femenina, haciendo énfasis que frente a esta situación no hay ningún estudio serio que pueda ilustrar el tema y tampoco hay intervención alguna por parte del Estado Colombiano.
El análisis de esta audiencia arroja la responsabilidad que tiene el Estado de asumir urgentemente un enfoque de genero en la política pública que reclama con urgencia la población indígena. También es importante señalar la responsabilidad que tienen las organizaciones indígenas de Colombia de visibilizar y asumir con mas ahínco la bandera y la protección de los derechos de la mujer indígena colombiana ya que es un hecho fehaciente que es la mujer indígena la que sufre las mas crueles consecuencias del desplazamiento forzado, enfrentándose a un entorno cultural que se aprovecha en todo momento de su estado de indefensión producto del abandono y los flagelos de la guerra.
Si bien es cierto que sobre esto no existe la investigación y documentación que se debería tener, el deber de la visibilización y la defensa de los derechos de las mujeres indígenas cuenta con fuentes de investigación serias como la que hizo Lina Marcela Tobón Yagarí (Hermana de la vocera de la ONIC en la audiencia) sobre el suicidio en adolescentes en pueblos indígenas. Esta investigación arrojó como resultado que la mayor tasa de suicidio en el pueblo Embera es de mujeres esto porque en los últimos años las mujeres han incrementado sus responsabilidades sociales, padecen de incomprensión social, son objeto de abuso sexual, sufren violencia intrafamiliar y carecen de oportunidades para salir de esta situación.
Ya hace varios años, este tema había sido radiografiado por Olga Luz Restrepo en el documental “Wera: mujeres de carga”, realizado sobre la realidad de la mujer Embera.
Las alertas están ahí, las mujeres indígenas necesitan una atención dirigida específicamente a ellas desde su condición de mujer, el movimiento social indígena debe asumir la visibilización de esta problemática revindicando con beligerancia ante todas la instancias nacionales e internacionales los derechos de la mujer indígena y denunciando la grave situación de amenaza y riesgo de la vida de la mujer indígena. El Estado Colombiano debe asumir el papel de garante y protector de la cultura indígena reconociendo a la mujer como un eslabón fundamental para garantizar la pervivencia de los pueblos indígenas.
