En momentos en que se desarrolla en la ciudad de Quibdó el Foro Internacional “El Chocó también es Colombia”, la Defensoría del Pueblo emite Resolución Defensorial para garantizar la vida y supervivencia de las comunidades indígenas y negras de la zona del bajo Atrato. Por su importancia, Actualidad Étnica reproduce en su totalidad el documento.
RESOLUCI"N DEFENSORIAL No. 025
Sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y
Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano
Bogotá, Octubre de 2002
VISTOS
1. Las visitas realizadas por parte de la Defensoría del Pueblo nacional y regional a la región del Bajo Atrato, departamento del Chocó y las comisiones interinstitucionales llevadas a cabo en la zona desde 1998.
2. Los informes presentados por parte de funcionarios de la Defensoría del Pueblo del orden nacional y regional sobre la situación de desplazamiento en el bajo Atrato y de las Comunidades de Paz y la Comunidad de Autodeterminación, Vida y Dignidad de Cacarica.
3. Los informes presentados periódicamente por las Defensoras Comunitarias que se encuentran en Cacarica y Riosucio, a la Coordinación de Atención al Desplazamiento Forzado de la Defensoría del Pueblo.
4. Las comunicaciones dirigidas por parte de las Comunidades de Paz y de la Comunidad de Autodeterminación, Vida y Dignidad de Cacarica, a las diferentes autoridades del orden nacional, en las que se pone en conocimiento hechos que se constituyen en amenazas o violaciones de los derechos humanos de los habitantes de la región del Bajo Atrato.
5. Los hechos de violencia de público conocimiento que permanentemente cometen los diferentes actores del conflicto armado en Colombia contra la población civil de la región del Bajo Atrato, y en especial contra los integrantes de las Comunidades de Paz y de la Comunidad de Autodeterminación, Vida y Dignidad de Cacarica.
6. Las denuncias de violaciones masivas de derechos humanos en la región del Bajo Atrato, recibidas por la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo desde 1.997.
CONSIDERANDO
A. LA COMPETENCIA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
1. Que le compete al Defensor del Pueblo velar por el ejercicio y vigencia de los derechos humanos, de conformidad con el artículo 282 de la Constitución Política y la Ley 24 de 1992.
2. Que le corresponde al Defensor del Pueblo hacer las recomendaciones y observaciones a las autoridades y a los particulares en caso de amenaza o violación a los derechos humanos, de acuerdo con el artículo 9, ordinal tercero, de la Ley 24 de 1992.
3. Que le compete al Defensor del Pueblo rendir informes periódicos sobre el resultado de sus investigaciones, denunciando públicamente el desconocimiento de los Derechos Humanos, según lo prescrito en el artículo 9, numeral 22 de la Ley 24 de 1992.
4. Que le compete a la Defensoría del Pueblo, como parte del Ministerio Público, la guarda y promoción de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de la población víctima del desplazamiento forzado, así como el control del estricto cumplimiento de las obligaciones asignadas a cada institución del Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 387 de 1997.
B. LA ACCI"N DEFENSORIAL
1. La Defensoría del Pueblo, en el marco de la estrategia de prevención y protección concertada con la comunidad de Cacarica (proceso CAVIDA) y del proyecto de Acompañamiento Permanente a Comunidades en Riesgo de Desplazamiento en el Pacífico Colombiano, ha vinculado a dos Defensoras Comunitarias, en Cacarica y Riosucio respectivamente. Esta presencia permanente de la Defensoría en la región tiene como objetivos el fortalecimiento de la acción defensorial, la visibilización de la grave situación de derechos humanos, el impulso al fortalecimiento de la presencia y acción del Estado, y la promoción y protección de los derechos humanos.
2. De igual manera, la Defensoría del Pueblo participa, en el marco de su competencia de seguimiento y control, en las comisiones interinstitucionales de seguimiento y verificación a los compromisos adquiridos por el gobierno nacional con las comunidades desplazadas que han retornado al bajo Atrato, y ha elaborado varios informes acerca del estado de cumplimiento de estos compromisos. Así mismo, ha requerido en diversas ocasiones a las entidades nacionales, departamentales y municipales para que atiendan las solicitudes de las comunidades, familias y personas desplazadas del bajo Atrato.
3. Con el fin de velar por los derechos de la población desplazada de la región, la Defensoría del Pueblo ha interpuesto y coayuvado acciones judiciales, como la acción de impugnación del fallo de tutela del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca (ver capítulo Acción del Estado) a nombre de las familias desplazadas del Cacarica que aún se encuentran en Turbo, y una documento de análisis sobre la situación presentado ante la Corte Constitucional (Amicus Curiae) para coadyuvar un proyecto de sentencia sobre la explotación ilegal de madera en la cuenca del Cacarica.
4. El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha recibido, analizado y emitido a las autoridades competentes información del riesgo de violaciones masivas de derechos humanos en la región. En varias oportunidades, se ha advertido la inminencia de incursiones paramilitares o de la guerrilla a los asentamientos de las comunidades del bajo Atrato, así como acerca de posibles enfrentamientos entre estos grupos. Entre enero y agosto de 2002, han sido emitidas dos alertas tempranas acerca del riesgo de ocurrencia de masacres, homicidios selectivos, desplazamiento forzado y desabastecimiento de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, como consecuencia de los bloqueos al paso de alimentos y combustibles.
C. LA SITUACI"N GENERAL
Antecedentes y contexto
1. La región del bajo Atrato, ubicada en el Urabá chocoano, limita al norte con el Golfo de Urabá, al noroccidente con la República de Panamá, al occidente con la Serranía del Baudó y la Cordillera Occidental, al oriente con el departamento de Antioquia y al sur con la zona del medio Atrato. A ella, corresponden los municipios de Carmen del Darién, Riosucio, Unguía, Acandí y el corregimiento de Bocas del Atrato del municipio de Turbo.
2. La zona del Urabá chocoano es una región de selva tropical húmeda, con una de las mayores biodiversidades de fauna y flora del mundo (cerca del 5% de las especies del planeta) . Su riqueza hidrográfica comprende ríos como el Atrato (cuyo delta posee 18 bocas) y sus afluentes, entre los que sobresalen el Cacarica, el Perancho, el Salaquí, el Truandó, el Riosucio, el Domingodó, el Curbaradó y el Jiguamiandó; ciénagas como la de Unguía, Tumaradó, Cacarica, Perancho, La Honda y Pedeguita; así como pantanos y humedales que se localizan en la llanura de inundación del Atrato, a lo largo de todo su curso.
3. La población total de los municipios de Riosucio y Carmen del Darién es de 15.000 y 9.447 habitantes respectivamente. En la región del bajo Atrato residen comunidades negras, llegadas desde el Baudó, el San Juan y el alto y medio Atrato en búsqueda de nuevas tierras para cultivar, indígenas (embera katíos y tules) y colonos, también llamados chilapos (provenientes del Urabá cordobés). Las comunidades indígenas habitan principalmente las cabeceras de los ríos y las comunidades negras, las zonas medias y bajas.
4. Las condiciones de vida en la región del Bajo Atrato, en términos generales, son precarias. De acuerdo con el Censo del DANE del año 1993, la cobertura de energía eléctrica es del 18.83% en Acandí, del 4.78% en Unguía y del 1.74% en Riosucio; en materia de acueducto es del 49.54% en Acandí, del 41.89% en Unguía, del 0.11% en Riosucio. En cuanto al alcantarillado, el cubrimiento es del 1.74% en Acandí, del 7.58% en Unguía y del 0.04% en Riosucio . Las viviendas, en su mayoría, son construidas en madera con techos de zinc o de palma, y con pisos elevados del suelo para sortear las constantes inundaciones de los ríos. En materia de salud, no se cuenta con los niveles de atención idóneos, y en educación la tasas de analfabetismo alcanzan, en promedio, un 25%, registrándose la más alta en Riosucio (38.71%) y Acandí (26.49%) .
5. La única vía de acceso es la fluvial, principalmente a través de los ríos Atrato, Cacarica, Perancho, Truandó, Curbaradó, Jiguamiandó y de los distintos caños, a los cuales se accede con dificultad por la sedimentación. La economía de la zona depende de los cultivos de pancoger, la pesca artesanal, la caza y la explotación de especies maderables. La actividad agrícola se caracteriza por los cultivos de maíz, arroz, yuca y plátano. Estos en su gran mayoría son de subsistencia y su comercialización ofrece enormes dificultades derivadas del conflicto armado.
6. La presencia estatal en la región es débil. Las instituciones que, de una u otra manera, están en la zona son: la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales (PNN Katíos), la Red de Solidaridad Social, el Banco Agrario, el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible – CODECHOC", el Batallón de Infantería de Marina No. 50, la XVII Brigada del Ejército Nacional, el Comando de Policía Urabá y la Defensoría del Pueblo, las personerías y las administraciones municipales.
El conflicto armado en la región
7. Por ser principalmente una zona de frontera cercana al Océano Pacífico y al Mar Caribe, la región del bajo Atrato se ha convertido en un corredor estratégico para el tráfico de armas y estupefacientes, y en un área en disputa por parte de los actores armados.
8. Actualmente, en esta zona operan el frente 57 de las FARC y el bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá – ACCU.
9. Al parecer, la estrategia de los actores armados busca garantizar el control sobre el Atrato y sobre el corredor existente entre Mutatá-Dabeiba y el municipio de Juradó, a través de los ríos Jiguamiandó y Salaquí, principalmente. Los hechos que se presentan en esta Resolución confirman la intensificación de la disputa territorial y la vulnerabilidad de las comunidades que habitan estas cuencas.
10. Las comunidades del bajo Atrato, desde 1996, han sido objeto de la continúa presión de las FARC y las AUC. Para estos actores armados, al parecer, los procesos organizativos de las comunidades, antes y después del desplazamiento forzado, afectan su capacidad de dominio sobre la población. La pretensión de autonomía frente a los actores armados que declaran estas comunidades limitan las posibilidades de instrumentalización de las mismas por parte de la guerrilla y las autodefensas. De igual manera, ven en ella una amenaza para su proyecto de control territorial y para el establecimiento de modelos de explotación del territorio, congruentes con sus necesidades de financiamiento.
11. En el marco de esta cruel guerra, la acción humanitaria y la presencia de actores sociales que respaldan estos procesos, se encuentran gravemente amenazadas. Luego de más de cinco años de acción coordinada entre la iglesia y sectores no gubernamentales, que han facilitado los procesos de retorno, en la actualidad la acción de los actores armados limita las posibilidades de atención y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado en el bajo Atrato.
El desplazamiento forzado por el conflicto armado
13. “Desde mediados de 1996 comenzaron a circular rumores de que los paramilitares tenían la intención de tomar el control de Riosucio. El 6 de octubre de aquel año, las ACCU mataron a varios campesinos en la comunidad de Brisas de la Virgen, situada entre los departamentos de Chocó y Antioquia. Durante el ataque, los paramilitares dijeron que pronto tomarían el control de Riosucio, ciudad (sic) de la zona de importancia estratégica. Con el aumento de las amenazas de un ataque paramilitar, los guerrilleros de las FARC que actuaban en la región establecieron controles en dos puntos del río Atrato. Uno estaba en la comunidad de Puente América, al norte de la ciudad (sic) de Riosucio, y el otro, al sur de Riosucio, en Domingodó, donde la guerrilla confiscaba alimentos y combustible.”
14. Según el citado informe de Amnistía Internacional, el 20 de diciembre de 1996, en horas de la mañana, llegaron a Riosucio 80 paramilitares en cuatro lanchas rápidas y secuestraron, sacándolos de sus casas, a Edinson Rivas Cuesta, José Lisneo Asprilla Murillo, Benjamín Arboleda Chaverra (en aquel entonces alcalde de Riosucio), Robinson Martínez Moya y otra persona no identificada. Uno de ellos fue liberado y los otros cuatro fueron asesinados.
15. Estos hechos, sumados a muchos otros asesinatos y a las amenazas del mismo grupo armado que señalaba a los campesinos de ser colaboradores de la guerrilla, obligaron a algunos habitantes a desplazarse de la región.
16. En febrero de 1997, la Fuerza Aérea Colombiana junto con tropas de la Decimoséptima Brigada del Ejército dio inicio a la “Operación Génesis”, con el fin de atacar al Frente 57 de las FARC que hacía presencia en la zona. Según testimonios de los pobladores de la región, en este operativo fueron bombardeadas las comunidades de Caño Seco, Tamboral y Arenales, en la cuenca del río Salaquí, lo que causó el desplazamiento de aproximadamente quince mil campesinos de las cuencas de los ríos Cacarica, Jiguamiandó, Curbaradó, Domingodó, Truandó y Salaquí, entre otros, hacia el corregimiento de Pavarandó en el municipio de Mutatá, departamento de Antioquia, y hacia las cabeceras municipales de Riosucio y Turbo. Algunas familias incluso llegaron hasta Cartagena.
17. El 27 de febrero de 1997, fue asesinado Marino López, de la comunidad de Bijao, en la cuenca del río Cacarica, por paramilitares de las ACCU. La víctima fue decapitada delante de miembros de la comunidad. “Ante estos hechos y la orden de abandonar nuestras tierras, muchos huimos a Turbo y Bocas del Atrato para sobrevivir, otros cruzamos la frontera con Panamá buscando refugio...” . Estos hechos provocaron el desplazamiento forzado de aproximadamente 3.500 personas, de las 23 comunidades que constituyen la cuenca del río Cacarica .
18. De las 3.500 personas desplazadas del Cacarica, 2.300 se asentaron provisionalmente en Turbo y Bocas del Atrato (corregimiento de ese municipio). Alrededor de 200 cruzaron la frontera con Panamá y las demás se desplazaron a otras zonas del país, como la Costa Atlántica y el departamento del Valle. Los refugiados en Panamá, fueron repatriados a Colombia y trasladados a la Hacienda “El Cacique” en Bahía Cupica, corregimiento de Bahía Solano, en la Costa Pacífica del Chocó.
19. En Turbo, los desplazados fueron ubicados, por la administración municipal, en el Coliseo Municipal. Allí, el hacinamiento y la carencia de condiciones mínimas de saneamiento generaron condiciones de vida infrahumanas para las familias, y obligaron la construcción de dos albergues, con recursos de agencias internacionales. En noviembre de 1999, cerca de 52 familias habitaban el coliseo, 56 el Albergue No. 1 o “Santo Ecce Homo”, 22 el Albergue No. 2 o “Madre Laura”, alrededor de 200, en los barrios marginales de Turbo, 29 se encontraban en el tercer albergue construido en Bocas del Atrato, y 59 en Bahía Cupica.
20. Por su parte, la mayor parte de la población de las cuencas de Curbaradó y Jiguamiandó, ante los hechos ocurridos en 1997, decidió permanecer en su territorio y no desplazarse a Pavarandó. A partir de esa decisión, estas comunidades han asumido el nombre de “comunidades resistentes de Curbaradó y Jiguamiandó”.
21. En septiembre de 2001, en estas mismas cuencas, cinco personas fueron asesinadas por presuntos integrantes de las AUC. Frente a estos hechos, 1.517 personas, 607 familias, de Pueblo Nuevo, Puerto Lleras, Nueva Esperanza, Buenavista, Bella Flor Remacho, El Lobo, Camelias, La Laguna, El Bracito, Apartadocito, Tamboral, Gengadó Medio, El Cacao, Pital, Villa Luz, Santa Rosa de Limón, Vergel, No hay como Dios, Bartolo, Santa Fé de Churima, Tesoro, Canal, Caño Seco y Perro Viejo, se refugiaron en la selva, ante la decisión comunitaria de no abandonar su territorio.
Organización comunitaria en medio del conflicto
23. Las familias desplazadas en Pavarandó se vieron obligadas a permanecer, durante nueve meses, en críticas condiciones de hacinamiento, pobreza extrema y bajo permanentes amenazas contra sus derechos, provenientes de los diferentes grupos armados. Estas condiciones llevaron a las comunidades a tomar la decisión de organizarse y conformarse en comunidades de paz con el objetivo de retornar a sus tierras, en condiciones de dignidad y seguridad. Este retorno se hizo efectivo entre finales de los años 1997 y 1999, previa la firma de acuerdos con el Estado, sobre seguridad y desarrollo de programas en beneficio de las comunidades que retornaban a sus lugares de origen. La primera en constituirse, el 19 de octubre de 1997, fue la Comunidad de Paz de San Francisco de Asís. Posteriormente, se constituyeron las Comunidades de Paz de Nuestra Señora del Carmen y Natividad de María.
24. Actualmente, las Comunidades de Paz de Riosucio están integradas por 49 comunidades , con una población de aproximadamente 5.000 personas, ubicadas en las cuencas de los ríos Salaquí, Truandó, Domingodó, Jiguamiandó, Curbaradó y Atrato, en los municipios del Carmen del Darién y Riosucio, departamento del Chocó.
25. Las Comunidades de Paz, desde su conformación, establecieron, como objetivos principales y básicos para su existencia, los siguientes:
• No participar en forma directa ni indirecta en el conflicto armado;
• No portar armas de fuego;
• No brindar ayuda táctica, logística y estratégica a ninguna de las partes en conflicto (alimentación, vivienda, refugio, combustible, transporte, mensajería, guardar armas o implementos bélicos);
• No brindar, manipular ni producir información a ninguna de las partes en conflicto;
• Aceptar el reglamento de las Comunidades de Paz;
• Conservar y utilizar responsablemente los símbolos y escarapelas de las Comunidades de Paz;
• Estar comprometidos con una salida política y negociada al conflicto armado;
• Fortalecer el trabajo comunitario y la defensa de su identidad cultural y de su territorio.
26. Las Comunidades de Paz, en desarrollo de su proyecto de retorno y restablecimiento, han solicitado en forma reiterada, tanto a los actores del conflicto armado como a diferentes instancias gubernamentales, el respeto por sus derechos y por su legítima opción de paz al margen del conflicto armado y de los combatientes. Sus principales requerimientos han sido los siguientes:
“Respeto a las áreas de vivienda y trabajo
Que los actores armados no involucren a la población civil campesina en la guerra de ninguna de las siguientes maneras: haciendo presencia en los lugares de vivienda y trabajo pertenecientes a las Comunidades de Paz, pidiendo apoyo a los campesinos civiles para su estrategia de guerra, utilizando a las Comunidades de Paz como refugio.
Parágrafo:
La Comunidad de Paz es una forma de aplicación del Derecho Internacional Humanitario –DIH-, que al no ser tenido en cuenta en una guerra como la que padecemos, le ha tocado a la comunidad distinguirse de la misma mediante su comportamiento.
“Respeto al libre desplazamiento.
Queremos que con sus distintivos, que ya son reconocidos por las partes en conflicto, las personas de las Comunidades de Paz puedan desplazarse libremente a sus lugares de trabajo, actividades alimenticias y otras, sin que sean molestadas.
“Levantamiento del estado de restricción de alimentos
Las Comunidades de Paz han visto que el hambre imposibilita el debido desarrollo de las personas, por lo tanto pedimos a los actores armados no utilizar a las comunidades para llevar alimentos, y que no bloqueen ni restrinjan lo que uno realmente necesita.
“Evitar el proselitismo político armado dentro de la Comunidad de Paz, bajo cualquiera de sus formas. No reclutar ni presionar a las personas que se han declarado Comunidad de Paz.
Bajo ninguna de sus formas permitimos hacer proselitismo político armado, puesto que la Comunidad de Paz no es un simple papel que se utiliza en circunstancias específicas, es un proceso de reconstrucción familiar y comunitario, y estamos haciendo uso del derecho a crear organización y a optar por la no violencia.
“Respeto a la opción no violenta de estas personas.
La opción no violenta es un derecho de todo cristiano, por lo tanto no estamos en guerra con nadie. Respetamos el libre desplazamiento de los demás y sus opiniones. La paz será el fruto del respeto a las diferencias.
“Continuación de la tregua humanitaria, mediante el respeto a los derechos ciudadanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Continuamos en la tregua humanitaria mediante el respeto a los derechos ciudadanos y el DIH por parte de los actores armados, y la comunidad mediante su comportamiento de no participar directa ni indirectamente con la guerra.
“Respeto a los principios y autonomía de las Comunidades de Paz.
La opción no violenta no está impidiendo que las personas tomen sus propias decisiones, no somos obstáculo para nadie. Pero las personas que han decidido hacer esta opción, están obligadas a cumplir los principios, la declaratoria y los reglamentos de la Comunidad de Paz. Las comunidades son autónomas para resolver sus problemas.
“Sobre las personas que por alguna circunstancia sean sancionadas o expulsadas de las Comunidades de Paz, y recurran a algún actor armado, que éste se abstenga de tomar represalias contra la comunidad.
Pedimos a los actores armados verificar las acusaciones en contra de las Comunidades de paz, o de otras personas de la zona, con el fin de causar daños por simples venganzas personales. Estas acusaciones deberán ser analizadas por la comisión verificadora, quien a su vez señalará la responsabilidad a quien corresponda.”
27. En cuanto a la comunidad desplazada de la cuenca de Cacarica, un sector de la población optó por la reubicación en Turbo y otro decidió organizarse y solicitar al Gobierno Nacional condiciones socioeconómicas y de seguridad para el retorno a su lugar de origen. En tal sentido, la Comunidad elaboró un pliego de peticiones para el retorno de 2.500 personas y la reubicación de 86 familias, que contempla la reafirmación de sus derechos y la reparación de los daños sufridos. Este pliego establece cinco puntos fundamentales:
• Construcción de dos nuevos asentamientos (Esperanza en Dios y Nueva Vida).
• Titulación colectiva de tierras.
• Protección no armada del Estado.
• Desarrollo comunitario.
• Reparación moral.
28. Con el fin de contar con una instancia permanente de concertación entre la comunidad y el gobierno nacional, se conformó, el 13 de Mayo de 1998, la Comisión Mixta de Verificación en la que participan representantes de la Comunidad desplazada, de ONGs nacionales e internacionales y del gobierno nacional.
29. Por su parte, la comunidad de Cacarica para fortalecer su organización definió los principios y normas que sustentan su proyecto de vida para retornar a su territorio en medio del conflicto armado. Estos son:
“La verdad
Cristalinos. Lo que se dice se hace. Denunciaremos. Esclareceremos. Haremos nuestros los Derechos de los Pueblos, los Derechos Humanos y asumiremos nuestro ser en la guerra en el marco del Derecho Internacional Humanitario.
“La libertad
Nuestra Nueva Vida se construirá en la libertad. Responsabilidad. Proceso. Nuestra vocación de la creación de mujeres y hombres nuevos, toda nuestra vida debe crear los cimientos de una liberación de todas las ataduras y formas de discriminación y exclusión.
“La justicia
Nuestra nueva vida se construirá en la justicia. Reparación integral. Justicia Social. Justicia Comunitaria.
“La solidaridad
Para todos. En nuestro proyecto de vida los más débiles serán los primeros, los privilegiados y con base en ello tomaremos las decisiones. Para todo el mundo.
“La fraternidad
Todos en Todo. Respeto a la voz de otros, a sus pensamientos. Respeto profundo a la mujer. La tierra, las especies vivas y todo lo que se mueve arriba y abajo es un mundo de hermandad y para la hermandad. Respeto, amor y admiración con y por nuestra hermana naturaleza.
“Con los cinco principios queremos: “Autodeterminación, Vida y Dignidad
“Autodeterminación: Nosotros y nadie más hará la historia que nos corresponde vivir y hacer.
“Vida: Nosotros respetaremos la vida, la nuestra y la de la naturaleza.
“Dignidad: Todos nosotras y nosotros sujetos de una historia donde todos seamos reconocidos.”
30. Con estas normas y principios un sector de la comunidad de Cacarica, se declaró como “Comunidad de Autodeterminación, Vida y Dignidad, CAVIDA”en febrero de 1999.
31. Por otro lado, frente a los hechos ocurridos en 1997, la mayor parte de la población de las cuencas de Curbaradó y Jiguamiandó decidió no desplazarse a Pavarandó, y permanecer en su territorio, asumiendo el nombre de “Comunidades Resistentes”.
D. LOS HECHOS Y LAS PRUEBAS
1. La decisión autónoma de las Comunidades de Paz del bajo Atrato de asumir una alternativa pacífica e independiente frente al conflicto, y exigir a los actores armados involucrados respeto a su opción de vida, ha sido tomada como una provocación y un desafío a tales actores, razón por la cual estos últimos han convertido a los miembros de las Comunidades de Paz en víctimas de sus acciones. Los actos de barbarie y persecución se han hecho evidentes a través de la permanente vulneración a los derechos fundamentales de quienes optaron por constituirse en Comunidades de Paz.
2. Según la información recibida por la Defensoría del Pueblo, entre 1996 y 2002 han sido asesinadas 106 personas pertenecientes a las Comunidades de Paz y al proceso de retorno de Cacarica, y 19 personas han sido desaparecidas. Así mismo, las comunidades del bajo Atrato han sido objeto de amenazas, hostigamientos y agresiones que pueden configurar violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
3. A continuación, se presenta la descripción de algunas de las innumerables denuncias de violaciones a los derechos humanos perpetradas contra la población civil del bajo Atrato, por parte de los actores armados al margen de la ley, sucedidas con posterioridad a los hechos que dieron lugar al desplazamiento inicial y a la conformación de las Comunidades de Paz. (ver anexo)
Comunidades de Paz del bajo Atrato
4. 23 de febrero de 1998: Un grupo perteneciente a las autodefensas, luego de establecer un control militar entre Pavarandó, en el departamento de Antioquia, y Llano Rico, en el Chocó, retuvieron, torturaron y asesinaron a los campesinos RAMIRO MENA, CLÍMACO SERPA, JHON JAIRO TORDECILLAS, LUZ ESTELLA OQUENDO, LESI"N ARTURO FRANCO y JORGE IVÁN FRANCO a quienes acusaron de ser guerrilleros.
5. 5 de abril 1999: Un grupo de hombres armados pertenecientes a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) asesinaron a BELARMINO SOLA, VICTOR GIR"N y MACARIO C"RDOBA; retuvieron y mantuvieron secuestrados BENEDICTO MORENO, ELEUTERIO LEMOS y MANUEL ROMIRA, habitantes de la comunidad de Caño Seco I.
6. 7 de abril 1999: Miembros de las ACCU y de las AUC asesinaron en la localidad de Villahermosa a JESÚS ARIAS, JORGE CORREA, JOSÉ ANGEL CÁRDENAS, FLORIBERTO HURTADO, LUIS LAMBERTINE y ENRIQUE IBAGUEN, algunos de ellos líderes de las Comunidades de Paz.
7. 10 de mayo 1999: Hombres armados identificados como milicias de las FARC asesinaron en la comunidad de la Nueva a Abraham Ramírez, de la Comunidad de Paz
8. 27 de septiembre 1999: Un grupo de hombres armados que se identificaron como miembros de las FARC asesinaron a ARNULFO TORRES, en presencia de su hijo y de otro campesino cerca a la localidad de Villahermosa. También asesinaron a JOSÉ PADILLA MARTÍNEZ, habitante de la misma localidad de Villahermosa.
9. 27 de septiembre de 1999: Guerrilleros de las FARC retuvieron a algunos habitantes de la Comunidad de Paz del asentamiento de Nueva Esperanza y luego asesinaron a ALEJANDRO PALACIO.
10. 16 de marzo de 2000: Un grupo identificado como milicias de las FARC, luego de incursionar en el asentamiento de Villahermosa retuvo y asesinó a JESÚS PALACIOS y a EDILBERTO DE LA ROSA.
11. 24 de abril de 2000: Miembros del frente 57 de las FARC asesinaron a JOSÉ ARCADIO MOSQUERA quien pertenecía a la comunidad de Taparal, en el río Truandó.
12. 9 de mayo de 2000: En la cuenca del río Curbaradó, una embarcación de la Comunidad de Buenavista, que transportaba campesinos y niñas de la comunidad, fue atacada a tiros por autodefensas, en la boca de Caño Claro, después de haber sido impelida a detenerse.
13. 2 de junio de 2000: En la Comunidad de Paz de Nueva Esperanza, ubicada en la cuenca del río Jiguamiandó, un grupo de las autodefensas incursionó violentamente y provocó el desplazamiento de sus 250 habitantes y dejó el caserío en ruinas, tras quemar la mayoría de las viviendas.
14. 10 de julio de 2000: Miembros de las Autodefensas asesinaron a HUMBERTO TALAIGÜA FL"REZ y LUIS AMASTA pertenecientes a la comunidad de Brasito, y a BERNARDO ROLDÁN de la comunidad del Vergel.
15. 24 de julio de 2000: En la vereda de Tumaradó, un grupo de las ACCU asesinaron a ANTONIO MOSQUERA quien pertenecía a la comunidad de Villanueva, río Salaquí.
16. 9 de agosto de 2000: Un grupo identificado como perteneciente a las autodefensas secuestró y asesinó en Bahía Solano a FREDDY GALLEGO, líder de la Comunidades de Paz de San Francisco de Asís. Su cadáver fue hallado con muestras de tortura.
17. 20 de enero de 2001: Combatientes de las AUC asesinaron a FLORENTINO ASPRILLA, incendiaron las viviendas y amenazaron a los habitantes de la comunidad de El Abierto, a orillas del río Pedegui
