Más de 14 mil hectáreas de cultivos de coca serán fumigadas por la Policía Nacional, mientras indígenas y campesinos del Putumayo, respaldados por científicos y ONG internacionales, denuncian los efectos del glifosato sobre sus comunidades.
Un gigantesco operativo de fumigación de cultivos de coca inició ya en el departamento de Putumayo y cuya intención es destruir, por lo menos, 14.000 hectáreas de esta hoja, en zonas donde operan frentes de las FARC y paramilitares del bloque sur de las Autodefensas Unidas de Colombia.
“Vamos a terminar con ese negocio en el Putumayo, ese es el compromiso del nuevo gobierno”, informó el general Teodoro Campo, comandante de la Policía Nacional. La Policía emprendió en los últimos meses, desde que asumió como presidente Álvaro Uribe, un agresivo plan de aspersión de cultivos ilícitos en el Putumayo, donde las autoridades estiman que se concentra la mitad de las más de 130.000 hectáreas de cultivos de coca y amapola (materias primas de la cocaína y la heroína) existentes en Colombia.
Lo que cae del cielo
Desde hace más de 30 años, Colombia enfrenta la problemática de los cultivos ilícitos, incluyendo la hoja de coca, la amapola para la heroína, y la marihuana. En cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos por el país, el gobierno nacional ha implementado el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos (PECI), para controlar la producción y suministro de narcóticos. Una de las estrategias del PECI es la aspersión aérea de una mezcla basada en el herbicida glifosato, para erradicar la coca, de acuerdo con los criterios determinados por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) y la Policía Antinarcóticos (DIRAN).
El Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó en enero de 1992 la aspersión aérea controlada de cultivos ilícitos, mediante el empleo del agente químico glifosato, como mecanismo último de control, en aplicación de la ley, siempre y cuando ella se realice en las condiciones técnicas debidas y bajo estrictos procedimientos de control, que aseguren el logro del propósito trazado y garanticen la no-afectación de personas o recursos del entorno natural.
Discusión de nunca acabar
Sobre las fumigaciones y los efectos con este químico en la salud humana se ha hablado mucho. El gobierno Colombiano y el Norteamericano (el más interesado), dicen que se han adelantado estudios técnicos y científicos que soportan la aplicación de este herbicida, que determinan entre otros elementos sus características generales, propiedades, información toxicológica y más.
Con base en ese reporte, el departamento de Estado certificó el pasado 4 de septiembre que la fumigación de cultivos ilícitos en Colombia no está afectando a la población y al ecosistema. Sin embargo, estudios presentados por científicos y ONG sobre los efectos del glifosato en los cultivos lícitos y la salud humana, a raíz de un informe presentado por el gobierno de los Estados Unidos sobre las fumigaciones en Colombia en el mes de septiembre, afirman que no se evaluó ni la toxicidad de los químicos usados contra los cultivos ilícitos ni el impacto de estos sobre la gente.
Según ellos, el informe del gobierno estadounidense "se fue por las ramas", en muchos casos presentó "información amañada" y, más grave aún, "no presentó evidencias contundentes que permitieran despejar las dudas que existen sobre el programa.
"Nunca en el informe se evalúa la toxicidad del herbicida y el análisis sobre el impacto en la gente se hace a través de suposiciones y no sobre casos concretos. Sin estos elementos la investigación deja abiertos muchos interrogantes", dice Ted Schettler, de la Asociación para la Ciencia y la Salud Ambiental.
Según Anna Cederstav de Earthjustice (Movimiento ecologista), es imposible certificar que no hay efectos negativos inaceptables sin considerar todas las variables en juego. "Se debió considerar también el efecto que produce sobre el medio ambiente la fumigación y la continua reubicación de cultivos ilícitos", dice Cederstav.
Ivette Perfecto, doctorada en Ecología Tropical de la Universidad de Michigan dice que el análisis del departamento de Estado no tuvo en cuenta los riesgos potenciales para las especies animales y vegetales que son endémicas en Colombia. Y agrega a su vez que cualquier programa que genera la migración de miles de personas no puede no tener "efectos adversos sobre la población.
Los reclamos de los indígenas y campesinos
Lo que no deja de llover son las quejas y reclamos de indígenas y campesinos del Putumayo, quienes han denunciado que en los últimos meses agentes antidrogas de Colombia y Estados Unidos han fumigado indiscriminadamente unas 10.500 hectáreas de coca y 15.000 de cultivos lícitos, generando problemas de salud y escasez de alimentos entre sus habitantes.
Los campesinos afirman que los químicos utilizados han generado problemas de tipo respiratorio, intestinal, y cutáneos. Las denuncias de las comunidades indígenas y campesinas de Puerto Asís, Orito y otros municipios contemplan además la muerte de gallinas, ganado y peces de los proyectos piscícolas (cachamas y otras) a causa de la fumigación con glifosato.
En la región de Mecaya y Piñuña Negro al sur del departamento de Putumayo, los indígenas Ingas y Kofanes manifestaron su rechazo por las fumigaciones indiscriminadas que realizan los aviones del gobierno en la zona, ya que han afectado gravemente los cultivos de alimentos y de plantas medicinales que son la base para la subsistencia de su pueblo. Asimismo denuncian que esta práctica contamina el medio ambiente, afecta las fuentes de agua y hace que los animales en las fincas presenten enfermedades o mueran.
Luis Ernesto González, miembro de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), afirmó a Actualidad Étnica que, “desde que se inició este último ciclo de fumigaciones en el municipio de Valle de Guamuéz varias comunidades se han desplazado hacia otros cabildos, incluso se han ido hasta Puerto Leguízamo y Mocoa”.
“Los indígenas y campesinos están saliendo por decenas de sus pequeñas fincas con destino a los cascos urbanos de los municipios y hacia varios pueblos del vecino Ecuador”, advierte el defensor del Pueblo en Valle del Guamuez, Leandro Romo.
Según Romo, las fumigaciones emprendidas en Valle de Guamuez y el cercano municipio de San Miguel, también han causado daños a la salud de los labriegos, así como a los cultivos lícitos. “A diario recibo en mi oficina decenas de denuncias de campesinos que se quejan de enfermedades respiratorias y cutáneas”, declaró el funcionario.
Lo que si es una realidad tajante es que, mientras indígenas y campesinos denuncian la contaminación de sus cultivos lícitos, la muerte de sus animales, la enfermedad de sus familiares, y el desplazamiento de sus comunidades, los altos estamentos gubernamentales seguirán respaldando a capa y espada lo benigno del herbicida, y la lluvia de glifosato sobre el Putumayo.
